El cónsul de Brasil en Uruguay, José Borges dos Santos Júnior, pidió una reunión de urgencia al presidente del Inisa, Jaime Saavedra, a partir de la información publicada por El Observador sobre la situación de cinco jóvenes brasileños que cumplen condenas por tráfico de armas de fuego, de drogas y por homicidios.
A través de su vicecónsul, Dos Santos Júnior pidió tener una reunión "cuanto antes", de modo de "poner en marcha la coordinación más fluida posible".
El Observador informó el lunes pasado que en el Inisa se está dando, en palabras de su presidente, un “verdadero agujero negro” con respecto a los menores extranjeros, debido a que el intercambio de información con sus países de origen hace que sea muy difícil conocer sus trayectorias personales y sus vínculos con el mundo delictivo. Además, al estar en otro país, sin arraigo ni personas de referencia, estos jóvenes —que cometieron crímenes siendo menores de edad, aunque dos de ellos ya tienen más de 18— están solos, sin visitas, sin nadie que vele por ellos o los reclame. Eso se suma a las medidas de prisionalización extremas por la gravedad de los delitos por los que están condenados: solos o en celdas de a dos, con mucho tiempo de encierro y con grilletes casi permanentes.
De los siete jóvenes extranjero presos en el Inisa, cinco son brasileños, uno es venezolano y otro es argentino.
Para el caso de los brasileños, otro problema que se da es que, como no hablan español, tienen dificultades para acceder a los programas educativos.
En ese marco, el cónsul se reunió con las autoridades del Inisa el jueves y, según supo El Observador, el encuentro fue fructífero para avanzar en busca de soluciones para estos jóvenes.
El Inisa ya tenía en agenda tratar este tema y elevarlo al sistema político, de modo de encontrar alternativas que mejoren las condiciones de estos adolescentes. Una opción que se iba a estudiar era la posibilidad de que, a través de un acuerdo con su país de orígen, pudieran cumplir sus penas en dependencias cercanas a donde están sus vínculos afectivos o de referencia.
Sobre el problema de los adolescentes, Saavedra había deslizado en el programa 5 Sentidos de Canal 5 la dificultad que había para reinsertarse en la sociedad una vez que fueran liberados. “¿Querés que te mienta? Un tipo que está sicariado a los 15 años, que viene de Brasil, que no tiene familia, va a salir a los 22 o 23 años. ¿Ese chiquilín va a ser un chiquilín modelo? No tengo ni idea de qué va a ser. ¿Un pronóstico sobre estos casos muy complicados? Estaría mintiendo”, dijo.
Ante estas dificultades, el Inisa se limita a evitar que se hagan daño o hagan daño a terceros y por lo tanto a extremar las medidas de reclusión.
La cantidad de adolescentes presos por delitos vinculados con drogas se disparó en 2024, cuando 205 menores estuvieron presos por ese motivo en centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). El número venía en ascenso al menos desde 2020, pero dio un salto con respecto al año anterior. En 2023, los menores con medidas de privación de libertad por delitos de drogas habían sido 81.
