El presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay, Juan Riva-Zucchelli, advirtió este lunes que el conflicto sindical que mantiene paralizada la flota desde hace más de 70 días podría repetirse si no se adoptan medidas de fondo. Según estimaciones empresariales, las pérdidas ya superan los 42 millones de dólares y afectan a unas 3.000 personas entre tripulantes, trabajadores de plantas de procesamiento, transporte y servicios conexos.
El conflicto comenzó cuando el sindicato decidió dejar de realizar las guardias de puente en barcos costeros con un solo capitán, una tarea históricamente reglamentada y vigente en todo el mundo, según dijo Riva-Zucchelli a Doble Click (Del Sol FM). Con el paso de las semanas, las reivindicaciones se ampliaron, incluyendo la incorporación de un marinero adicional, pero actualmente la medida se extiende a toda la flota, que permanece parada.
“Queremos que se cumpla el convenio primero y después negociar. Si no lo hacemos, se erosiona la seguridad jurídica del país”, afirmó el empresario, quien recordó que el acuerdo salarial vigente fue firmado por tres años hace menos de diez meses.
Riva-Zucchelli aseguró que en el sector “no hay libertad de trabajo” y denunció presiones y amenazas de parte de la dirigencia sindical hacia los trabajadores que quieren embarcarse. “Mientras no cambiemos eso, no vamos a poder cambiar la pesca”, sostuvo, reclamando un abordaje como “tema de Estado” con el apoyo del gobierno, sindicatos y todo el sistema político.
La paralización coincide con la zafra de invierno, el período de mayores ingresos para empresas y trabajadores, lo que agrava el impacto económico. El presidente de la Cámara advirtió que el conflicto genera incertidumbre para las inversiones y ya es seguido de cerca por empresas extranjeras del rubro, algunas de las cuales evalúan retirarse del país.
“Si no cambiamos nada, el sector está en riesgo de desaparecer”, alertó, destacando que la situación ha tenido repercusión internacional y afecta la imagen del país ante potenciales inversores.
En medio del conflicto sindical que mantiene paralizada la zafra desde hace dos meses, la Cámara de Armadores Pesqueros (CPU) y la Cámara de Industrias Pesqueras (CAPU) lanzaron un llamado laboral para integrar tripulaciones en barcos costeros, dirigido a personas con o sin experiencia.
Las empresas ofrecen salarios de hasta $ 10.000 por día para marineros capacitados y hasta $ 5.000 diarios para quienes ingresen sin experiencia, con todos los beneficios sociales. El trabajo implica embarques de entre cuatro y siete días por viaje, y durante la zafra las remuneraciones pueden superar esos valores.
En los primeros tres días de la convocatoria se registraron 5.914 anotados, 271 de los cuales cuentan con libreta de pesca y ya estarían en condiciones de embarcar.
Las tareas incluyen encajonar pescado con hielo, apilarlo en bodega y colaborar en todas las labores para una navegación segura, respondiendo a las órdenes del capitán. Los aspirantes sin experiencia recibirán capacitación básica en seguridad antes del primer viaje y luego podrán acceder a una segunda etapa que los habilite como marineros capacitados.
El presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli, dijo en el Parlamento que la iniciativa busca “abrir la cancha” y captar gente “que quiera trabajar y progresar” en el sector.
A fines de julio, el senador colorado Robert Silva informó que presentaría un proyecto de ley para prohibir expresamente la afiliación sindical obligatoria, luego de que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, afirmara en el Senado que en Uruguay “no hay ningún artículo de ley que impida” esa práctica.
La iniciativa, que modifica los artículos 1 y 2 de la Ley 17.940 de libertad sindical, busca reforzar el principio de afiliación voluntaria y declarar nulos no solo los actos que impidan afiliarse (taller cerrado negativo), sino también aquellos que obliguen a afiliarse como condición para acceder o mantener un empleo (taller cerrado positivo).
El nuevo texto también anula cualquier norma, decreto o convenio colectivo que respalde la afiliación obligatoria, y prohíbe prácticas antisindicales ejercidas por los propios sindicatos que restrinjan el derecho de no afiliarse o de desafiliarse sin riesgo de perder el trabajo.
Silva definió el proyecto como un “avance estructural” para proteger la libertad de trabajo y de asociación, alineado con estándares internacionales, y orientado a eliminar cualquier discriminación laboral vinculada a la pertenencia gremial.
Cambio en el descuento de la cuota sindical
En medio del conflicto, las empresas del sector anunciaron este lunes un cambio para los marineros: dejarán de descontar automáticamente el 3% de sus ingresos como cuota sindical “obligatoria” o mandatada por el sindicato.
Según el comunicado, quienes deseen continuar con el aporte deberán presentar una nota escrita de puño y letra, firmada y con fotocopia de su documento de identidad en su empresa, solicitando expresamente el descuento. Los marineros que ingresen bajo el nuevo Contrato de enrolamiento publicado en uruguaypesca.com tampoco tendrán el descuento, salvo que lo pidan de forma voluntaria.
El mensaje cerró con una declaración de principios: “La libertad de trabajo no es negociable. El fin de la sindicalización obligatoria no es negociable. El derecho al trabajo no es negociable”.
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