Nueve policías que prestaban funciones en las Jefaturas de Montevideo, Canelones y Maldonado, detenidos en la mañana de este lunes, fueron imputados y condenados con prisión en la noche por la jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, en el caso conocido como caranchos.
Las defensas de ocho de los nueve detenidos accedieron a un acuerdo con la fiscalía y aceptaron ser condenados en un proceso abreviado por una pena de 16 meses por los delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso de indebido de información privilegiada. En todos los casos se impusieron también multas de 50 UR de multa e inhabilitación mientras dure la pena, confirmó El Observador con fuentes de la investigación.
El que no aceptó ser condenado y fue imputado por los mismos delitos, recibió una medida cautelar de arresto domiciliario.
En estos casos, al igual que ocurría con los otros policías que fueron condenados la semana pasada, accedían al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) para obtener los partes policiales con la información de los casos y entregarle a gestores y abogados información sobre accidentes de tránsito ocurridos hacía minutos.
En algunos casos, la fiscalía mostró entre las pruebas, que obtuvo de los chats, fotos de los accidentados que los policías sacaban y se las mandaban a los gestores o a los abogados con los que lucraban.
Según recabó El Observador entre los defensores de los policías, los pagos por la información eran de $2.000 o $3.000.
En uno de los casos una policía mujer le expidió al gestor ya condenado Washington García un certificado de extravío de la liberta de conducir ya que su pareja conducía sin ese documento por Rocha cuando los detuvo la Policía Caminera para un control de rutina. En pocos minutos la uniformada confeccionó el documento falso y se lo envió por Whatsapp, con lo que pudieron seguir la marcha. Luego de unos días, García le giró una cifra cercana a los $ 7.000.
Audiencia por la imputación de nueve policías
En la mayoría de los casos los depósitos eran recibidos en las cuentas bancarias por las que cobran el sueldo, lo que hizo que fuera muy fácil de identificar los cobros ilegales.
Si bien la audiencia habia sido fijada para las 18 horas empezó cerca de las 19, dado que hasta último momento la fiscalía estuvo negociando con las defensas.
Pasadas las 22 horas finalizó la audiencia para los que habían aceptado la condena mientras que el único que no aceptó, defendido por el abogado Diego de Pazos, siguió hasta pasada de las 00 hora. En ese caso el debate sobre las medidas cautelares se extendió por casi dos horas.
La investigación es llevada adelante por la Dirección de Asuntos Internos, con apoyo de otras unidades policiales, que fue la repartición encargada de realizar las detenciones ordenadas por la justica, a pedido de la Fiscalía de Toledo que lleva el caso.
Hasta el momento van 18 condenados, entre los diez de la semana pasada (cuatro abogados uno de ellos también policía, tres gestores y tres policías), a los que se sumaron los ocho de este lunes. Y hay tres imputados, un policía con prisión y dos con arresto domiciliario (un abogado y un policía, que se sumó ayer).
La fiscal adscripta Paula Pereyra que trabaja junto a su colega Nancy Granja, ha dicho que tiene a unos 70 indagados de los cuales tiene identificados a 58 personas que están involucrados en la maniobra. La investigación continúa.
