Luego de la rescisión del contrato para la compra de dos patrullas oceánicas (OPV) anunciado por el gobierno esta semana, el astillero español Cardama emitió este domingo un comunicado en el que solicita la "apertura de un diálogo inmediato y constructivo" para "superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto".
La compañía española advirtió que, en caso contrario, se "reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses".
La empresa reiteró -tal como ha dicho su propietario, Mario Cardama- que busca "culminar" de manera "exitosa" el proyecto que le fue encomendado por el gobierno que presidió Luis Lacalle Pou.
En el comunicado, al que accedió El Observador, la empresa aclaró que "ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales". "Por ello, resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes. Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la Administración y sus contratistas", lamentó.
Además, aclaran que continúan con "el ritmo previsto de obras y adquisición de materiales" para las OPV, tal como establece el contrato que echó por tierra el gobierno de Yamandú Orsi.
A su vez, recuerdan que las garantías -eje central de los cuestionamientos del gobierno- fueron "oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la Administración".
Tal como se informara, una de las dos garantías presentadas responde a un supuesto banco británico que, en realidad, es una "empresa de papel", en términos del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.
Cardama ofreció este domingo comprometerse a sustituir esta garantía por "una nueva que cumpla con las características que la Administración considere adecuadas".
