El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, rechazó las acusaciones de la oposición, que apuntan a que el gobierno decidió rescindir el contrato con el astillero Cardama para "desacreditar" a la administración de Luis Lacalle Pou. En una rueda de prensa realizada este viernes, Sánchez aseguró: “Aquí no hay revanchismo político, aquí lo que hay es política mayor, preservando los intereses del país y los recursos de los uruguayos”.
La polémica comenzó tras el anuncio del presidente Yamandú Orsi, quien comunicó el miércoles que el gobierno había decidido rescindir el contrato con el astillero Cardama, encargado de la construcción de dos patrullas oceánicas, contrato que había sido firmado en el gobierno anterior. La oposición reaccionó criticando varios aspectos de la decisión, como la falta de consulta con los representantes del gobierno anterior y lo que consideran un enfoque más político que técnico. “El gobierno ha elegido el camino de desacreditar acciones que se hicieron en el anterior gobierno y que indudablemente apuntan al primero de la fila”, expresó, por ejemplo, el exministro de Defensa Armando Castaingdebat.
"Ningún uruguayo compra una batidora sin garantía"
Sánchez buscó desmentir que la intención del gobierno fuera deshacer lo hecho por la administración de Lacalle Pou. Aseguró que el gobierno actuó con celeridad para "proteger al Estado uruguayo", ante las dudas generadas por la garantía presentada por Cardama. “Lo importante que tenemos que analizar es que ningún uruguayo compra una batidora si no tiene garantía”, planteó Sánchez para ejemplificar la situación. "Frente a un escenario donde se caía una garantía, el Estado uruguayo lo que hizo es actuar con la mayor celeridad posible, pretender ir a cobrar esa garantía antes que se venciera", agregó.
Sánchez explicó que la denuncia fue presentada rápidamente tras descubrirse que la empresa que presentó la garantía no existía: “Nos encontramos con una situación donde había una empresa de papel, una empresa inexistente. Creemos que eso puede configurar una estafa”, indicó. En este contexto, reiteró que la acción del gobierno no tiene “nada que ver con discusiones políticas o ensañamientos políticos”.
El secretario de la Presidencia instó a la oposición a sumarse a la denuncia por la posible estafa. “Creo que hacen muy mal tanto Castaingdebat como integrantes del Partido Nacional o de la coalición en salir a hablar de guerra política. Me parece que acá tendríamos que estar todos juntos. Porque si aquí se configuró que una empresa que no existe supuestamente ofreció un aval para un contrato millonario, deberíamos estar todos los uruguayos preocupados por esto, juntos, denunciando esta posible estafa”, afirmó Sánchez.
Próximos pasos
Sánchez adelantó que los abogados de Presidencia están trabajando para presentar las instancias legales pertinentes. “Lo importante es ir hasta el fondo y proteger al Estado uruguayo”, agregó. En cuanto a la situación con Cardama, el secretario explicó que Uruguay continuará dentro del marco del derecho y del contrato, a través de instancias de mediación, para asegurar que se desencadenen todas las disposiciones jurídicas, administrativas y legales necesarias.
“Cardama es una empresa contratista. Uruguay lo que va a hacer es en el marco del derecho y del contrato, a instancia de mediación. Eso se va a llevar adelante y se van a desencadenar todas las disposiciones jurídicas, administrativas y legales pertinentes para protegernos en el marco de un contrato”, concluyó Sánchez, quien también aclaró que Cardama no ha renovado la garantía que debía presentar hace 30 días y que la garantía presentada, al parecer, provenía de una empresa ficticia.
