Las autoridades detallaron para qué necesitan acceder a nuevos fondos y aseguraron que los interventores han detectado mejoras en el manejo financiero
Con votos de frenteamplistas, blancos y colorados, el Senado aprobó por unanimidad este lunes extender por dos años la intervención del Ministerio de Salud Pública sobre la mutualista Casmu.
La decisión fue tomada luego que el Poder Ejecutivo enviara el viernes un proyecto “grave y urgente” que también daba acceso a créditos por hasta US$ 122 millones, exigía la presentación de planes de reestructura y otorgaba la posibilidad al gobierno de objetar autoridades.
Estos tres puntos fueron “desglosados” y se tratarán aparte –a la brevedad– ya que la oposición entendió que la única urgencia era extender la intervención dado que se vence este miércoles.
Está previsto que el proyecto sea tratado y aprobado en Diputados este martes.
Ante los legisladores, jerarcas de Economía y Salud así como autoridades de Casmu explicaron por qué enviaron un proyecto “integral” y detallaron la situación en que se encuentra la mutualista, intervenida desde hace dos años por el Poder Ejecutivo.
El ministro Gabriel Oddone consideró –inicialmente– que con esta iniciativa el Estado no estaba “asistiendo ni financiando al Casmu” sino “garantizando” su endeudamiento.
“La razón por la cual el acceso al fondo es importante es porque se quiere evitar el quiebre de caja para aportaciones próximas y sobre todo mejorar la estructura de pasivos de la institución”, justificó.
El jerarca ensayó un mea culpa por presentar el proyecto in extremis. “No tengo explicación de por qué nosotros no estuvimos en condiciones de recibir antes esa información del Casmu. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo y yo me hago cargo, como miembro del Poder Ejecutivo, por no haber tenido esa información antes y, por lo tanto, darles más tiempo a los senadores, por lo que entiendo perfectamente su malestar y sorpresa”, dijo.
De todos modos señaló que no enviaron “por separado” la prórroga de la intervención de la decisión financiera para no “arriesgarse” a que el escenario provocara una “desafiliación importante”.
El subsecretario Martín Vallcorba agregó que Casmu está en condiciones de “contragarantizar” un porcentaje cercano al 87% del total de lo solicitado (US$ 122 millones) y que lo previsto era utilizar el dinero para reestructurar las deudas. “Cerca del 80% de la garantía que se solicita sustituye garantías anteriores del propio Fondo de Garantía de las IAMC”, dijo y señaló que el 20% restante tiene que ver con “pasivos comerciales”.
“Lo que se plantea aquí, esencialmente, no implica un aumento del endeudamiento, sino que es una sustitución del endeudamiento, una reestructuración, ganando en plazo y en condiciones, con una reducción de la tasa de interés”, justificó Vallcorba.
El subsecretario señaló que las deudas que se sustituirán serán, principalmente, cuatro préstamos del BROU (uno de 2021, dos de 2024 y uno de 2025). A su vez, anunció que la institución emitirá un “fideicomiso financiero” por lo que es “fundamental a la hora de la calificación” tener los créditos para que los inversores –en particular las AFAP– puedan participar.
Vallcorba reconoció que la situación de la mutualista –la tercera más grande del país con 170 mil afiliados– es “extremadamente compleja” y “no hay una solución mágica ni una bala de plata”.
Un rato más tarde, la gerenta económica del Casmu, María Ana Porcelli, detalló que la intención de alargar los plazos se debe a que a partir del año que viene tienen que empezar a pagar el fideicomiso de 2025 –hoy están abonando solo intereses–.
A su vez, el objetivo es cancelar los préstamos con particulares y llevarlos a bancos que tienen tasas más reducidas. Porcelli validó una información dada por Bordaberry de que Casmu había llegado a pagar –durante la gestión anterior– tasas prácticamente de usura por préstamos.
“Estas tasas de 3,5% o 4% –que están puestas aquí en algún informe previo– son montos que el Casmu llegó a pagar por cinco o seis días de préstamo, lo que hace que en el año tengamos que hablar de esos montos”, dijo y aseguró que ahora están con 1,5% o 2% mensual. “Son tasas que son elevadas para el Casmu, pero que son un porcentaje mucho más razonable. Pudimos renegociar con varias de las mismas personas que prestaron”, cerró.
Como tercer punto, dijo que una parte del dinero prevén usarla para disminuir el plazo de pago a proveedores, que en algunos casos llega hasta los 200 días. “Es imposible que estos proveedores de servicios mantengan con el Casmu precios más razonables ya que tienen una carga financiera importante, producto de la forma de pago que tiene la institución”, reconoció.
El ministro interino de Salud Pública, Leonel Briozzo, dijo ante los legisladores que la situación de Casmu era probablemente el “mayor desafío que hoy tenemos por delante”.
Briozzo detalló que los informes de la comisión interventora muestran que la mutualista ha atravesado la crisis sin afectar la calidad asistencial pero tiene una “situación económica financiera de elevada fragilidad” que se caracteriza por un patrimonio negativo, insuficiencia de capital de trabajo, elevados costos financieros y una fuerte dependencia del refinanciamiento de sus pasivos.
Destacó que la nueva conducción impulsó un conjunto de medidas de reestructura entre las que destacó la reorganización de la estructura gerencial, la revisión integral de los contratos vigentes, la obtención de líneas de financiamiento con mejores condiciones y la implementación de un plan estratégico hasta 2028.
“Entre los resultados observados en este período, la comisión interventora señala que comenzaron a verificarse resultados positivos en materia de contención del gasto”, contó y consideró que el seguimiento del plan de reestructura mostró ahorros operativos durante los primeros meses de 2026, con mejoras progresivas respecto a la situación inicial.
“El proyecto de ley propuesto constituye una necesidad para evitar un proceso de liquidación –como en su momento aconteció con Casa de Galicia– mediante un blindaje de las garantías financieras a la institución”, sentenció.
Tras esta introducción, Porcelli detalló que la reducción de todos los cargos de confianza y de dirección generó ahorros mensuales por $10 millones. Por la renegociación con los prestamistas paraestatales de las tasas de interés obtuvieron un ahorro de más de $11 millones mensuales. “Hoy ya contamos con tasas más razonables para lo que son los préstamos fuera de lo que son las entidades financieras bancarias”.
La gerenta también contó que implementaron un plan de ahorro en gastos de servicios contratados, medicamentos, insumos y baja de contratos que a la institución no le eran beneficiosos, que permitió disminuir gastos en $40 millones mensuales. “Nos propusimos alcanzar $80 millones”, sentenció.
