La novena audiencia de control de acusación por el caso que involucra al exsenador Gustavo Penadés estuvo marcada este jueves por un clima de alta tensión en la sala, cruces directos entre la defensa y el tribunal, y cuestionamientos jurídicos sobre la pertinencia y legalidad de varios testigos ofrecidos por la Fiscalía de Delitos Sexuales.
El momento más álgido de la jornada ocurrió cuando se debatía la admisibilidad de los testimonios de dos funcionarios policiales que acudieron en apoyo tras una denuncia ocurrida hace más de una década en Punta del Este, cuando el policía Ruben Martínez, que entonces tenía 19 años denunció haber sido seguido por el exlegislador, quien le había ofrecido tener sexo y se negó.
La defensa de Penadés, integrada por Homero Guerrero y Laura Robatto, objetó la citación del segundo cabo por considerarla "sobreabundante", argumentando que declararía exactamente sobre los mismos hechos posteriores que su compañera de patrulla y que el subcomisario a cargo del procedimiento. La fiscal de Delitos Sexuales Isabel Ithurralde explicó que no declararían sobre lo mismo porque cada uno relatará situaciones complementarias. Agregó que uno de ellos se quedó con la víctima (su compañero) y el otro con el victimario (Penadés).
Robatto dijo que la víctima "no era Juan de los Palotes, era un policía que iba a patrullando con su chaleco del Verano Azul que llama a sus compañeros; acá parece que fuera una mujer llorando con un bebé chiquito. ¿Cómo me van a venir a decir que uno quedó con la víctima y otro con el victimario?".
La jueza intervino con una acotación que desató el conflicto. Le dijo que estaba haciendo una valoración de que el policía no podía ser víctima: "¿Como que el policía no puede ser afectado psicológicamente?".
La respuesta de la abogada generó un intercambio entre ambas. "Usted me hostiga. Es muy fuerte lo que usted está diciendo", replicó Robatto, visiblemente molesta, al tiempo que aclaró que guarda un profundo respeto por la institución policial y calificó de "muy feo" que se le atribuyera haber dicho que un efectivo no puede ser víctima de violencia privada. La magistrada retrucó de forma tajante: "Controle lo que dice. Quedó todo grabado. No me levante la voz".
Superado el incidente, la jueza terminó dando la razón al equipo fiscal —Ithurralde acompañada por la fiscal adscripta Aitana Ramos y Adriana Sampayo, de Litigación— al considerar que dos testigos no configuran sobreabundancia y que ambos tuvieron roles distintos en el procedimiento. Para zanjar el debate se agregó en el objeto de la declaración que declararán sobre "la actitud del imputado respecto a la labor policial".
Equipo fiscal del caso Penadés: Aitana Ramos, Isabel Ithurralde (fiscal de Delitos Sexuales suplente) y Adriana Sampayo (fiscal letrada de Litigación)
Modalidad de declaración y el rol de la Policía Científica
Previamente, las partes habían logrado un acuerdo respecto a la declaración del policía Martínez sobre aquel episodio en el este del país. La Fiscalía había solicitado que el testigo declarara desde una sala adyacente para resguardar su integridad psicológica, pero la defensa se opuso alegando que esa modalidad vulneraba el principio de inmediación del juicio oral e impedía al tribunal observar directamente al declarante. Finalmente, se resolvió que el testigo declarará en la sala de audiencias, pero con el retiro temporal de Penadés del recinto mientras dure su testimonio.
La defensa también puso bajo la lupa el informe y la citación de la cabo Fagúndez, de Policía Científica, quien realizó un relevamiento fotográfico del lugar de los hechos en Punta del Este acompañado por el propio denunciante. Robatto cuestionó la objetividad de la pericia al señalar que se trataba de una "víctima calificada" —por su condición de policía con 15 años de trayectoria— indicando qué fotografiar en un lugar donde el episodio ocurrió hace más de 12 años, y calificó el documento como una prueba generada por el propio testigo más que un informe criminalístico tradicional. La discusión sobre la validez de este informe quedó diferida para la instancia en la que se discutirá la prueba documental.
El debate por las actas del Mides que quedó en suspenso
El último tramo de la audiencia estuvo dominado por una controversia en torno a dos funcionarias del Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) propuestas por la Fiscalía para declarar sobre el trámite de reparación estatal de la víctima identificada como MID2.
Esa víctima, según la acusación fiscal, conoció a Penadés en el año 1990, cuando tenía alrededor de 19 años a través de una agencia a través de la cual se prostituía "para comer y pagarse sus estudios”. Dijo que mantuvo más de un encuentro, que Penadés lo levantaba en la calle y lo llevaba a un hotel y en una oportunidad le dio una golpiza y lo obligó a mantener relaciones sin su consentimiento. MID2 Relató que en otras ocasiones participó de tríos donde era maltratado psicológicamente por el imputado, o lo llevaba a fiestas.
Para probar la versión de MID2 la fiscalía propone, además de su testimonio que declaró anticipadamente, que testifiquen las funcionarias del Mides. Por otra parte, dado que dos testigos de ese trámite (MID1 y MID3) que habían mencionado a Penadés en la órbita del Mides no quisieron comparecer en el juicio, el Ministerio Público pidió incorporar las actas de sus entrevistas a través del testimonio "de oídas" de las funcionarias que las transcribieron.
Robatto calificó esa prueba como "un claro ataque al derecho de defensa" y una "prueba ilícita", sosteniendo que se pretende sustituir la declaración de testigos presenciales mediante actas administrativas anónimas, sin firma y extraídas de un expediente reservado al que la defensa no tuvo acceso. Dijo que lo pidió y la Fiscalía General de la Nación le respondió que no sabían de qué expediente se trataba.
Además, cuestionó que no existe trazabilidad clara en la causa para acreditar que esas dos testigos correspondan efectivamente al expediente de MID2, dado que en la comisión reparadora participaron decenas de peticionantes.
La fiscalía defendió esos testimonios alegando que se preserva la identidad de todos los testigos relacionados a víctimas anónimas, más en este caso que se trata de una persona vulnerable, al punto que el Estado le brindó una reparación.
El abogado de las víctimas por el Consultorio Jurídico de la Udelar Juan Williman señaló que el expediente de la comisión especial reparatoria del Mides tenía reserva y que se dispuso su remisión a la Fiscalía precisamente por pedido del abogado Carlos Esponda. "Llegó por mecanismo administrativo ¿cómo la fiscalía no va a proponerlas como testigos? Claramente se trata de información de calidad", defendió.
Sin embargo, Robatto dijo que Esponda, que será testigo propuesto por la defensa en el juicio, le declaró a ella (lo interrogó para proponerlo) que como abogado asesor del Mides presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia de hechos de apariencia delictiva acompañando entre 50 y 60 actas que correspondían a testimonios de personas trans que solicitaban una pensión reparatoria por la violencia institucional sufrida durante la dictadura.
Robatto agregó que Esponda afirmó que en ninguna de las actas se denunciaba a Penadés por actos de violencia ni agresión sexual directa sino que figuraba de forma secundaria o "tangencial" en solo dos o tres actas (por ejemplo, una persona declaró haberlo visto presente entre un grupo de gente conocida y políticos en un apartamento).
En ese testimonio, al que El Observador accedió, Esponda afirma que semanas después de la presentación, la Fiscalía notificó que la denuncia había sido archivada por entender que los delitos denunciados estaban prescriptos, decisión ante la cual el Mides no pidió reexamen. Contó que una vez iniciado el proceso penal contra Penadés y fijada su prisión preventiva, la entonces fiscal del caso Alicia Ghione lo citó a su despacho, sin tomar acta, le mostró unas actas de las presentadas por él e intentó obtener la identidad de los solicitantes. Esponda se negó a revelar las identidades amparándose en el deber de confidencialidad de la comisión e indicándole que debía tramitarlo formalmente mediante oficio.
A la jueza Vargas le surgieron dudas y preguntó a la Fiscalía cómo accedió la defensa a corroborar que se trata de MID2 dado que tienen identidad reservada y si el expediente era sólo sobre MID2 o había otros peticionantes, a lo que el abogado de la víctima MID2, Juan Williman, admitió que había otros.
La fiscal Ithurralde pidió dejar el punto en stand by para verificar qué es lo que se subió a la carpeta sobre el tema y pidió responder en la próxima audiencia. Tras casi cuatro horas de sesión —y ante el reclamo del propio Penadés por la extensión de la jornada—, la magistrada resolvió postergar la definición sobre estas dos testigos para el 24 de noviembre.
