Lo primero que leyó la defensa del exsenador Charles Carrera al iniciarse la sexta audiencia de control de acusación, fue sobre qué declarará el actual titular de Secretaría de Inteligencia delEstado, y exdirector de la Policía, Mario Layera. “Prestará testimonio sobre el funcionamiento del Ministerio del Interior, los distintos niveles de jerarquía organizacional y el funcionamiento de la División Asuntos Internos Así como todo otro dato relevante para la causa”.
La fiscal letrada de la Unidad de Litigios, Valeria Bovio, le advirtió que se opondrían a ese término.
El defensor se molestó porque ese término fue utilizado también en los casos de los testigos propuestos por la fiscalía y le recordó que le habían dicho en audiencias anteriores que si la defensa entregaba un documento (llamado minuta) con la especificación de lo que declarará cada testigo, no se opondrían.
Sin embargo, las partes siguieron debatiendo y se fue levantando la temperatura por lo que la jueza tuvo que interrumpirlos. “¿Por qué estamos elevando el tono de la discusión? ¿Hay algo más que la defensa quiere agregar? Lo que diga la minuta es el límite al interrogatorio”, dijo para explicar que en el juicio no podrán hacer preguntas por fuera de lo que esté escrito en ese documento.
Finalmente la jueza eliminó la frase cuestionada y agregó que el testimonio de Layera quedará delimitado “al momento de los hechos relacionados con Víctor Hernández”.
La fiscalía busca la condena de Carrera por su responsabilidad en la internacion y tratamiento médico en el Hospital Policial a Víctor Hernández, un vecino de La Paloma que resultó gravemente herido por una bala perdida en 2012 que se cree salió de la casa del entonces comisario Marcos Martínez. En ese momento Carrera era el director general de Secretaría del Ministerio del Interior (gestión de Eduardo Bonomi), y según la fiscalía fue quien dio la orden de mantenerlo internado entre 2013 y 2016 y de pagarle viáticos de $20 mil mensuales, pese a que la ley no lo habilitaba.
Otro debate se suscitó cuando la defensa planteó el testimonio de dos exsecretarios generales de la Intendencia de Rocha que se jubilaron y sobre los que no tiene el domicilio ni la cédula.
La fiscalía objetó que si no tiene los datos no podrá controlar que sean las personas indicadas y planteó que era redundante que declararan los número dos o tres dela intendencia si declarará el intendente de esa época Anibal Pereyra. "No entiendo la lógica… va a declarar Aníbal Pereyra ¿qué mejor, qué testigo más idóneo que el intendente?".
La jueza dijo que tampoco entendía la lógica de hacerlos declarar como testigos junto con las resoluciones que ellos como defensa iban a introducir esa documentación en el juicio.
Finalmente acordaron que si luego de que declare el exintendente siguen considerando necesario que declaren los otros funcionarios, correrá por cuenta de la defensa traerlos o de lo contrario renunciar a que declaren en el juicio.
Juicios al Ministerio del Interior que la fiscalía objetó
El otro conflicto entre fiscalía y defensa se dio en el segundo tramo de la audiencia cuando debatieron sobre la prueba documental y sobre expedientes judiciales que la defensa propuso ingresar al juicio.
Uno de esos expedientes es el juicio de acceso a la información pública que le hizo Carrera al Ministerio del Interior para que le informaran cuántas autorizaciones especiales se concedieron en el Hospital Policial entre 2012 y 2017. El otro es la copia del juicio que Víctor Hernández le hizo al Ministerio del Interior por daños y perjuicios, en el que no logró probar que la bala salió de la casa del comisario que era su vecino.
En relación al juicio por acceso a la información pública González explicó que "el Ministerio del Interior cumplió parcialmente, aportó nueva información que es relevante. Al contestar la demanda, dijo que se dieron 4.400 autorizaciones especiales, sin embargo, enumeró expedientes que llegan a 16.000…", lo que a su juicio explica que faltaron incluir miles de autorizaciones.
Jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera
Armando Sartorotti/FocoUy
La fiscalía objetó que ingrese todo el expediente. La jueza le dio la razón y dijo que debería incluir las preguntas y luego la contestación a cada pregunta pero la defensa afirmó que era imposible porque está entremezclada la información, hay respuestas parciales, faltan otras.
El defensor dijo que de las respuestas del Interior también queda claro que cuando ingresaba una persona al Policial que no era policía se la ingresaba por defecto en el sistema como "oficial subayudante", como ocurrió en el caso de Hernández.
"Mientras la teoría del caso de la fiscalía es que la dirección general de Secretaría (Carrera) le dio atención que no le correspondía a Hernández y le regaló dinero, la teoría del caso de la defensa es que había que intentar tomar una decisión que compatibilizara mientras la Policía investigaba a la Policía. Todos los expedientes marcan un correlato... está internado en el Policial, le están dando tickets pero por todo ese contexto. En el juicio civil el Ministerio del Interior contesta la demanda y dice ´si me llegan a condenar que se descuente ese dinero… vaya si eso será pertinente", añadió.
Luego la fiscal afirmó que se trata de un expediente de varias piezas que llegó el viernes (porque se le entregó escaneado) y aunque hacen "el mayor esfuerzo", es imposible leerlo y entender lo que plantea la defensa.
"Los expedientes, el civil y el penal, forman parte de la carpeta de la investigación desde hace más de dos años, o sea que no es un argumento que tenga que ver con tiempo... Parto de la base que una fiscalía que está pidiendo 4 años de penitenciaría conoce los expedientes en los que funda su propia demanda acusatoria", le respondió.
Las fiscales afirmaron que para ellas "la situación de Victor Hernández no es relevante, es un contexto".
Bovio aclaró que ella viene a asistir a sus colegas en litigación pero que no está en el caso desde el inicio, a lo que el defensor le respondió que "para el imputado es una fiscalía sola".
En respuesta la recordaron que la defensa "viene solucionando y subsanando prueba hace dos semanas de a puchos" y la fiscalía tiene la función de controlar esa prueba.
Luego de varias interrupciones y pedidos de respeto de las fiscales, se acordó que se delimitará que fojas puntualmente ingresarán al juicio.
La calma duró poco porque minutos después se volvió a generar otra discusión con el planteo de incluir el juicio de Hernández y la jueza amenazó con interrumplir la audiencia sino se escuchaban y dejaban hablar a la contraparte.
La fiscalía objetó que se tratara de ingresar copia de todo el juicio. Bovio dijo que existe "un problema de legalidad" y señaló que se pretende que el juez de juicio "evalúe y revalúe lo que se resolvió por parte de un juez de lo contencioso administrativo. Hay declaraciones de testigos pero no ofrecieron como prueba trasladada. Hay testigos que se repiten". "Porque el objeto es otro", respondió González.
La jueza estuvo de acuerdo con la fiscalía en que se está trasladando prueba de otros juicios y para eso hay "un marco regulatorio" que indica como se incluye esa prueba.
La defensora Fernández señaló que "no se trata de prueba trasladada totalmente. Es prueba documental. Lo que se pretende es mostrar determinado hitos. Propongo que fiscala manifieste en qué fojas no está de acuerdo para que podamos argumentar".
"Si se tranquilizan y podemos tener un debate amigable, lo podemos hacer ahora", planteó la jueza.
Finalmente fiscalía y defensa acordaron que se reunirán esta semana para analizar la prueba y discutir qué fojas ingresan.
"Darían un buen ejemplo a la sociedad si terminan en un punto amigable", les dijo la jueza animándolos a tener esa reunión y acordar.
Luego de esa instancia, volverán a tener una audiencia en próximo lunes para plantearle a la jueza los puntos qué ingresarán al juicio de ese expediente.
