“El indagado (policía de la Guardia Republicana) ha demostrado que no va a colaborar con la investigación, desde el momento que no da cuenta del hecho, supuestamente hubo una discusión previa pero esa discusión no fue denunciada sino que él fue a buscar el arma de reglamento y lo ejecutó. ¡Lo ejecutó, doctor!”, dijo la fiscal de homicidios Isabella Pioli, adjunta de Mirta Morales, para justificar ante la Justicia el pedido de prisión preventiva por 150 días mientras continúa la investigación a la espera del juicio.
Pioli explicó en la audiencia, según surge de los audios a los que accedió El Observador que, entre otras pruebas recabadas, las imágenes de video de la zona muestran "claramente el vehículo que participa donde baja el indagado, se ve cuando le dispara, la cercanía y la cantidad de disparos. Se ve como cae la víctima (de 35 años) en el momento en que recibe los nueve disparos y como se va del lugar", relató Pioli. La fiscal destacó como fundamento para pedir la prisión que le dio nueve disparos a quemarropa.
La fiscal, que participó junto a su colega Micaela Dávila de la audiencia, indicó que la autopsia corroboró los nueve disparos que recibió la víctima "a una muy corta distancia", al igual que las vainas recogidas en la esquina de Islas Canarias y José de Vera Perdomo, las que quedaron en el cuerpo de la víctima y la pericia balística que confirmó que el arma de reglamento del policía es la que le dio muerte.
El arma no ha sido encontrada y el imputado declaró que se la rapiñaron y de hecho presentó una denuncia por rapiña pero la fiscal apuntó a que "no se pudo corroborar de la forma que él declara la supuesta rapiña".
Según la versión del policía, poco antes de cometer el homicidio se había generado una discusión con la víctima que lo amenazó con un cuchillo.
Para justificar la prisión con la que el juez Ruben Etcheverry estuvo de acuerdo, la fiscalía argumentó que existe el riesgo de que el policía entorpezca la indagatoria y en menor medida de que se pudiera fugar. Señaló como muestras del entorpecimiento que luego de cometer el crimen no informó a la Policía, sino que se dio a la fuga y escondió el camión que conducía tapándolo con una lona.
Ese camión, que fue encontrado por los investigadores de Homicidios en los allanamientos realizados, es el mismo que captaron las imágenes en las que también se vio la matrícula. El vehículo, que estaba a nombre del hermano del imputado, era conducido por ambos, afirmó la fiscal.
Buscan a la persona que iba con el policía imputado
La fiscal Pioli relató en la audiencia que buscan a un hombre que acompañaba al policía de la Republicana de quien el imputado no quiso proporcionar los datos -sólo informó el apodo-. "No sabemos qué participación tuvo si es que la tuvo, se está investigando", dijo la fiscal pero agregó que saben que es de la zona y que de quedar libre, el homicida tendría fácil acceso a él y a inducirlo a declarar falsamente además de que su hermano también lo ubica.
Para insistir en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, Pioli dijo que no se puede olvidar que se trata de un funcionario policial, que si bien no estaba en funciones "es un policía al fin, que no dio cuenta del hecho, que se va del lugar, el vehículo para no ser ubicado fue tapado por una lona".
"Justamente el no tener el arma, la posibilidad de un copartícipe o de un testigo presencial hacen que el riesgo y con la actitud que ya ha tomado hace que el riesgo de entorpecer ser real y actual", insistió Pioli.
La defensora Elizabeth Frogge se opuso a la prisión y propuso que se le aplicara arresto domiciliario total con tobillera electrónica. Argumentó que no advierte que pueda haber un entorpecimiento porque la mayoría de las pruebas ya están en poder de la Justica, y destacó que mostró una actitud colaborativa además de plantear que no existe riesgo de fuga puesto que tiene cuatro hijos.
Sin embargo ante la negativa del juez y la reafirmación de la prisión pidió que no fuera enviado al módulo 8 del Comcar donde suelen ir los policías imputados, sino a la Unidad 1, que es la cárcel de Punta de Rieles y señaló que "tanto él como su familia han recibido amenazas del entorno", dejó constancia el juez antes de finalizar la audiencia.
