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13 de junio 2024 - 5:00hs

El gobierno a través de la Secretaria Antilavado (Senaclaft) viene elaborando el plan de acción para los próximos años que está a punto de firmarse y propone medidas a corto, mediano y largo plazo (abarca de 2024 a 2029) luego de un trabajo que identificó las principales vulnerabilidades del país y propone poner el foco en algunas actividades y en algunos sectores.

El documento al que accedió El Observador propone poner el foco en la corrupción privada, en las operaciones trading y en los controles fronterizos debido a la porosidad de las frontras por lo que propone el intercambio de información con Argentina, Brasil y Paraguay y “un análisis estratégico para dar trazabilidad a los fondos provenientes y con destino" a esos países.

La estrategia que es el culmen de un trabajo liderado por la Senaclaft para el que se contrató al asesor internacional Alejandro Montesdeoca, está contenida en un documento de 99 páginas que será aprobada en los próximos días por la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La comisón, integrada por Presidencia de la República, Senaclaft, Banco Central (BCU), los ministerios de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Economía, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), iba a aprobar el texto en la reunión que se realizó la semana pasada pero surgieron algunos planteos del Banco Central así como de los ministerios de Defensa e Interior, que en estos días fueron acordados y se prevé avanzar, dijeron a El Observador fuentes de la comisión.

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Corrupción privada, un debe para Uruguay

Una de las medidas que propone la estrategia es tipificar los delitos referentes a corrupción privada, así como regular programas de cumplimiento y otros aspectos sobre la responsabilidad de las personas jurídicas.

Eso es un debe para Uruguay que sólo tipifica como delitos la corrupción cometida por los funcionarios públicos pero no castiga a los privados que pagan coimas o sobornos, por ejemplo. No obstante, en el año 2006 Uruguay ratificó la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC) que insta a los Estados a adoptar medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado y si bien se le encargó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por medio de la Ley No. 19.797, vigente desde el 1° de marzo de 2020, la preparación de un proyecto de ley que incluya medidas para prevenir la corrupción en el sector privado, no se ha cumplido.

En materia de delitos la estrategia propone también fortalecer las unidades especializadas en la DGI, BPS y Dirección Nacional de Aduanas a efectos de detectar posibles casos de lavado de activos vinculados a delitos tributarios y aduaneros.

Los riesgos de la actividad del trading

Uno de los subtítulos del documento propone “evaluar los riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesta la actividad de trading”, que aparecen entre los principales sectores de actividad "potencialmente utilizados para canalizar activos de origen ilícito o con finalidad ilícita", junto al sector financiero, estructuras societarias, mercado inmobiliario, zonas francas, criptoactivos, vehículos de alta gama, sociedades anónimas deportivas y utilización de efectivo.

Para poner el foco en el trading el documento propone que DGI, MEF, Senaclaft y UIAF conformen un ámbito de analisis para que obtengan "información que permita determinar los montos facturados por los distintos operadores y los riesgos existentes en cada caso, así como la efectividad de los controles desarrollados por el Dirección Nacional de Zonas Francas y la propia DGI para los que actúan fuera del territorio franco, quienes podrán consultar a tales efectos al sector privado".

Falta de controles migratorios apropiados

En materia de riesgos, el documento plantea entre las vulnerabilidades el libre tránsito de personas, fundamentalmente en las fronteras, debido a la alta permeabilidad de la región, así como también, en la falta de controles migratorios apropiados, y registro de ingreso y egreso al país de individuos.

Según había informado El País, informes de inteligencia manejan una hipótesis de posible corrimiento de algunas actividades ilícitas desde la triple frontera Paraguay/Brasil/Argentina, a la frontera de Santana Do Livramento - Rivera, dada la caracterización geográfica de dos ciudades gemelas con frontera seca, así como la similitud de la existencia de comunidades árabes y comercios fronterizos.

En ese sentido el texto señala que “la principal amenaza puede provenir de organizaciones regionales, y de una eventual conexión con grupos criminales locales, o que operen en el exterior”.

Además apunta que “no se cuenta con las herramientas necesarias para detectar de forma temprana y oportuna procesos de radicalización que se puedan dar en nuestra sociedad”.

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Aeropuerto de Rivera.
Aeropuerto de Rivera.

Agrega que si bien Uruguay "no presenta un riesgo alto de ser escenario de acciones de organizaciones, grupos o individuos de extracción terrorista, no se puede descartar, el uso de territorio nacional como país de tránsito, o reposo con el propósito de contribuir a realizar planificaciones de esta índole”.

Entre las medidas a tomar en forma urgente la estrategia propone el intercambio de información con Argentina, Brasil y Paraguay, y “un análisis estratégico para dar trazabilidad a los fondos provenientes y con destino a los países de la región de la triple frontera (con énfasis en las zonas geográficas de mayor riesgo) y analizar en forma consolidada las transacciones de remesas”, así como establecer mayor control del flujo migratorio en los puestos de frontera con Brasil y Argentina.

A mediano plazo propone "profundizar las tareas de inteligencia que puedan realizarse en las zonas de frontera con Argentina y Brasil", principalmente en las ciudades de Rivera, Chuy, Colonia, Fray Bentos, Paysandú y Salto así como la “revisión de las políticas de visado y residencia en el país” y unificar procesos de control fronterizo y dotar de recursos a la Dirección Nacional de Migración y Dirección Nacional de Aduanas.

Otra medida que se propone es analizar la implementación de inteligencia financiera a partir de la información recibida por parte del BCU sobre transferencias electrónicas transnacionales realizadas desde y hacia Uruguay.

Por último, vinculado al terrorismo, se menciona la necesidad de realizar una evaluación de riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y un análisis del mercado local de empresas que se dediquen a la producción o manipulación de productos y precursores químicos que puedan formar parte de la elaboración de armas químicas y ser utilizadas en actos terroristas.

Apoyo político o dotar de recursos a la Senaclaft

Otras medidas que se sugieren son evaluar la posibilidad de reubicar a la Secretaría Antilavado como un órgano autónomo, un servicio descentralizado, con funcionarios propios y estables, fortaleciendo las distintas áreas, ya que actualmente cuenta con funcionarios que en su mayoría son pases en comisión.

Para que estas políticas tengan "respaldo político" y efectivo cumplimiento se propone "volver asignar por ley la presidencia de la Comisión al Prosecretario de la Presidencia de la República", algo que se cambió durante este período.

También se propone que la UIAF cuente con funcionarios propios y estables, fortaleciendo las distintas áreas de actividad y que a largo plazo se logre la generación de información georreferenciada de las operaciones financieras incluidas en sus bases de datos asi como se plantea contar con un sistema coordinado de estadísticas en materia de lavado de activos y sus delitos determinantes, incautaciones y decomisos.

Temas:

Secretaria antilavado control de fronteras corrupción privada Argentina Brasil

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