Los argumentos de Fiscalía para pedir las medidas cautelares
Mientras se acomodaban, y tras ver las imágenes de la sala en la que se iba a realizar la audiencia, los tres damnificados entendieron por qué no era posible entrar al pequeño salón. Luego reconocieron la calidad del audio: "Se siente hasta el cierre de las camperas".
Mientras Vinzia miraba hacia el escritorio de la jueza jugando con el estuche de sus lentes para darle un uso a sus manos, la pareja de Larrarte miraba hacia abajo recostado en su silla.
Sobre las 15:00, cerca de 30 minutos después de la hora estipulada, Vargas dio comienzo a la audiencia. Al pedirle los datos personales a Ledesma, el joven de 24 años dijo que era "desempleado", lo que generó la primera carcajada irónica de los damnificados.
El primero en tomar la palabra fue el fiscal Machado, quien argumentó que cuando se formalizó la investigación contra Larrarte –el pasado 9 de abril– ya habían señalado tanto a Ledesma como a Vinzia.
Sin embargo, el fiscal de Delitos Económicos remarcó que estos meses continuó "recabando evidencias". Sumó nuevas declaraciones –las de ambos incluidas–, distintos informes de entidades bancarias y la solicitud de una "alerta plateada" a Interpol para "detectar otros bienes o cuentas bancarias en otros países". Por ello, entendió que se volvieron "necesarias" las medidas limitativas contra el contador y la pareja de Jairo Larrarte.
Machado comprobó que "muchos de los manejos de dinero de cuentas bancarias" de Grupo Larrarte "se realizaban a través de Ledesma", y rememoró que cuando la pareja viajó al exterior "por cuestiones de genética" en 2024, el joven ya era presidente de Virtin, empresa vinculada al grupo creada para trabajos de genética y venta de ganado de alta calidad.
Al principio, Ledesma indicó que vive en una zona rural de Campana, Cerro Largo, cuando en la audiencia de abril Jairo Larrarte indicó que vivía en un campo de Rivera. Machado explicó que aunque el novio "manejó otro domicilio", Cerro Largo también es un "departamento fronterizo", por lo que se mantiene el posible riesgo de fuga.
En cuanto a Vinzia, afirmó que fue designado como contador en "la última etapa" de Grupo Larrarte, entre marzo y setiembre de 2024, con "la finalidad de encausar la contabilidad de la empresa", y que Jairo Larrarte incluso "le confirió poder para que pudiera actuar en nombre y en representación del grupo", con el que el trabajador firmó varios contratos con inversores.
Machado constató que Vinzia "estaba en conocimiento del manejo de las cuentas y que parte de ese dinero iba para Larrarte", que luego utilizaba para "gastos personales".
El fiscal afirmó que pidió las medidas cautelares por tres cosas "importantes": "Continuar con la investigación, asegurarnos la comparecencia de ambos y prevenir la fuga del territorio nacional". "Son medidas razonables y proporcionales, de leve afectación para ambos", agregó.
En cuanto al plazo de 180 días, indicó que hay distintos procesos en la investigación que llevan un tiempo que "escapa a las personas y a las defensas", como los "informes de entidades bancarias" y "la alerta plateada, que depende de otros países", por lo que lo entendió como un tiempo razonable "para esta serie de medidas".
La crítica de un abogado de damnificados y la oposición del contador
Tras escuchar la solicitud, la jueza Vargas dio lugar a los defensores para comentar la solicitud. El primero en tomar la palabra fue el abogado Juan Pablo Decia, quien acompañó la propuesta pero dejó "constancia" de que en su opinión "ya existen elementos para formalizar a Ledesma y Vinzia".
Para Decia "existe profusa evidencia que constata que Ledesma tenía conocimiento" y remarcó que Virtin, la empresa que presidía, "era la sociedad que se utilizaba para canalizar los desvíos de fondos", y que la mayoría del "faltante de US$ 14 millones salió" de esa compañía. "Está más que acreditada la evidencia para imputar mínimamente por un delito de encubrimiento", enfatizó.
También marcó que "había una ingeniería contable detrás de Vinzia, quien fue el que firmó los últimos contratos". Tras la audiencia, indicó que como apoderado de Larrarte el contador intentó captar inversores en noviembre, cuando ya había denuncias contra la empresa.
"Nada de lo que hizo Larrarte pudo haber sido cometido sin la anuencia de Ledesma y de su contador", declaró Decia, que remarcó su apoyo a las medidas limitativas pero instó a que "la investigación se formalice a la mayor brevedad posible". Su declaración fue compartida por cuatro de los otros cinco abogados presentes.
Tras el paso de los abogados, Vargas dio paso a las defensas de los implicados. Enrique Moller, abogado de Ledesma, aceptó las medidas solicitadas, e incluso adelantó que su cliente tenía "el pasaporte para ser entregado".
Por otra parte, la abogada Nelly Rodríguez, representante del contador, se opuso a la medida al entender que "los fundamentos que esgrime Fiscalía son totalmente injustificados" y que "no existe elemento alguno para sostener que Vinzia vaya a obstaculizar la investigación". El comienzo de su alocución generó la segunda risa irónica de los damnificados.
La defensora insistió en reiteradas oportunidades que el contador "estuvo siempre a disposición y dispuesto a colaborar", y "presentó documentación" a las autoridades.
Sobre los contratos, dijo que en la empresa "se firmaron 200" y "Vinzia participó en ocho contratos, en ocho o nueve". "Era un empleado que realizaba tareas contables, y trabajó tan solo unos meses", continuó, y se preguntó por qué "se piden medidas para uno solo de los tantos empleados", lo que consideró "una desigualdad".
También resaltó que Vinzia "estuvo trabajando hasta último momento para el proyecto de acuerdo con los damnificados", y advirtió que la medida "perjudicaría laboralmente", al punto de producir un "daño irreparable" a su cliente, cuya actividad ya "se ha visto perjudicada por su participación en la empresa".
El "argumento" de la abogada que ayudó a la jueza y la entrega del pasaporte
Sobre la oposición de Rodríguez, el fiscal Machado indicó que dio "los motivos justificados", y que las medidas no afectarían "la vida familiar, social o laboral de la persona". "Puede trabajar y circular libremente por el territorio", agregó.
Además, aclaró que el peligro de fuga no tiene por qué "ser actual", sino también algo que Fiscalía "pueda prevenir" en un futuro, ya que Vinzia nació en Argentina y tiene familia en ese país, lo que representa a su entender un riesgo.
Tras escuchar ambas opiniones, la jueza Vargas anunció que iba a dictar sentencia, pero primero se dirigió directamente a Vinzia: aunque le aclaró que comprende su situación, le explicó que fue "más que demostrada" la necesidad de las medidas limitativas.
Luego le dijo a la abogada del contador que fue ella quien le dio "el motivo" para aceptar la solicitud del fiscal: "Usted quiere decir que tiene una relación de subordinación, pero luego que está tratando de buscar una solución (el acuerdo). Eso es una contradicción". La abogada intentó explicarle que eso fue cuando Vinzia trabajaba en Larrarte, pero Vargas le respondió que ya había dado "su argumentación".
También puntualizó que Vinzia "es de nacionalidad argentina", algo que "no se puede soslayar" en la discusión sobre los riesgos. "Volver al país es lo único que puede llegar a afectarlo. Puede seguir trabajando, por lo que no veo una afectación a sus derechos", le espetó después al contador, que ya presentó una apelación y una reposición al dictamen.
"Qué chanta", fue la expresión de uno de los damnificados mientras miraba la escena. El mismo recordó que Vinzia "figuraba como secretario general" de Grupo Larrarte.
Mientras la jueza dictaba las medidas cautelares, Ledesma se paró y entregó su pasaporte en la mano de la jueza. Durante ese lapso, Vinzia lo sacó de unos de sus bolsillos y leyó algunas de sus páginas. Luego se paró lentamente y lo dejó en el escritorio, para retornar a su silla y volver a agarrar la caja de los lentes.
