La exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos estaba "usurpando la función de Intendenta" en Artigas "haciendo a un lado la independencia y autonomía con la que cuentan los gobiernos departamentales respecto del Poder Legislativo", según la acusación que presentó la Fiscalía Letrada de Artigas de 2° Turno, encabezada por Federico Rodríguez, para argumentar el pedido de condena de Dos Santos.
Tras un acuerdo abreviado con la exlegisladora (que había renunciado a su banca para reemplazar a su tío Pablo Caram en la Intendencia de Artigas), la Fiscalía logró que se condene a Dos Santos a "la pena de 6 meses de prisión, que se cumplirá en régimen de libertad a prueba", dice la acusación, disponible en la web de Fiscalía. La pena fue atenuada porque ella no tenía antecedentes penales y porque admitió los hechos.
La exdiputada fue condenada, por un delito de usurpación de funciones, durante la investigación por irregularidades en horas extras de la comuna artiguense.
Las decisiones que tomaba Dos Santos en Artigas
Para argumentar por qué pedía que se la condenara por este delito, la Fiscalía presentó una enumeración de hechos.
En primer lugar, recordó que Dos Santos fue directora general de la intendencia en el período 2015-2020 "escogida por su tío". Luego, en las elecciones de 2019, salió electa como diputada por el departamento de Artigas y ocupó esa banca hasta renunciar poco antes de su condena.
"Siendo diputada y por ende, integrando el Poder Legislativo, continuó ejerciendo injustificadamente funciones en el gobierno departamental en el cual antes se desempeñó", dice la acusación.
La investigación que hizo la Fiscalía dice que Dos Santos "mantuvo un rol protagónico en lo que concierne a la toma de ciertas decisiones importantes en la Intendencia". Incluso, dice que ella "decidió quiénes ingresaban, en qué cargo, límites de horas extras, personas que fueron cesadas, modificaciones contractuales, entre otras resoluciones".
Es por esto que "subyace de forma palmaria y ostensible" cómo "asumió indebidamente funciones públicas que no le correspondían y que le eran completamente ajenas".
"Del acervo probatorio recolectado en la instrucción de marras, surge que la diputada ejerció funciones ejecutivas dentro de la Intendencia Departamental, haciendo a un lado la independencia y autonomía con la que cuentan los gobiernos departamentales respecto del Poder Legislativo", continúa.
Esta parte de la acusación concluye al señalar que "las resoluciones emanadas por la acusada no se trataban de meras recomendaciones, asesoramientos, consejos, sugerencias o advertencias, sino que eran lisa y llanamente decisiones ejecutivas de relevancia, usurpando en consecuencia, la función de Intendenta".
