La intención es que el producto final sea papel tisú para exportar; proyectan producir 144 mil toneladas anuales
Un grupo inversor encabezado por el titular de Amberplan, Ignacio Genta, avanza en un proyecto para construir una nueva planta de celulosa, la cuarta en el país. El objetivo es producir unas 144 mil toneladas anuales de papel tisú para exportar a varios mercados.
Genta dijo a El Observador que están definiendo la ubicación, aunque adelantó que será en la zona centro del país. El grupo está trabajando en financiamiento internacional y espera tener una definición para mediados de año.
Respecto a la ubicación, el empresario mencionó que la región reúne tres condiciones indispensables para el proyecto: tiene acceso sencillo a la materia prima –los árboles–, disponibilidad de agua y está cerca de Argentina, país al que prevén destinar buena parte de la producción. “Es comercialmente estratégica” la cercanía, señaló.
De hecho, UPM tiene sus plantas en Río Negro y Durazno mientras que la de Montes del Plata está ubicada en Colonia. Soriano ha expresado su interés de recibir proyectos industriales similares.
Genta señaló que a diferencia de estas plantas, que exportan la celulosa como materia prima, la intención del proyecto es procesarla en estado líquido, es decir sin secarla ni prensarla, y transformarla ahí mismo en papel tisú. Actualmente, Amberplan se dedica a producir este papel, que se usa para fabricar papel higiénico, rollos de cocina y servilletas, en la fábrica de Montevideo.
Más allá del financiamiento, el grupo ya tuvo conversaciones con el MEF, MIEM e intendencias y analiza la posibilidad de solicitar instalarse en régimen de zona franca o como proyecto de interés nacional.
Forbes Uruguay consignó en diciembre que la inversión estimada es de US$ 800 millones y que el proyecto estima generar cerca de 700 empleos directos durante la operación.
Semanas atrás, en una entrevista en Los agronegocios de radio Sarandí, la presidenta de la Sociedad de Productores Forestales, Lucía Basso, dijo que una cuarta planta era posible aunque “habría que aumentar el área forestada” porque estaban “justos” debido a que hay otros negocios en marcha.
La SPF ha planteado alcanzar más de 1,5 millones de hectáreas en los próximos cinco años, aunque la extensión del área forestada enfrenta resistencias políticas.
A fines de 2021, Luis Lacalle Pou vetó el proyecto aprobado por Cabildo Abierto y el Frente Amplio que restringía la cantidad autorizada, pero el asunto sigue en la agenda ya que el diputado Álvaro Perrone prevé este año presentar una iniciativa similar y el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, ha manifestado su disposición de discutirlo.
En diciembre, la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) declaró promovida una iniciativa presentada por la empresa neozelandesa Claymark por más de US$ 100 millones para desarrollar un proyecto forestal en Uruguay. La firma se presenta como el mayor fabricante y exportador neozelandés de productos de pino de primera calidad.
Sin embargo, Basso señaló que el proyecto fue presentado hace unos tres años y que la autorización llegó cuando los empresarios “se habían vuelto para atrás”, en referencia a que habían desistido, por lo que no estaba segura de que se hiciera.
La ejecutiva mencionó que otras tres empresas del rubro estaban avanzando con proyectos: Braspine con una planta en Rivera, Urufor con una segunda línea de producción y Lumin con una nueva planta en Melo.
A su vez, en mayo del 2024, Oji Holdings Corporation compró unas 41.000 plantaciones forestales en Tacuarembó y Rivera por casi US$ 300 millones. El grupo de capitales japoneses tiene una industria de papel y celulosa en el estado brasileño de Minas Gerais y es propietario de unas 250 mil hectáreas en ese país.
Por último, en noviembre del año pasado UPM pidió aumentar en 200 mil toneladas la producción de su planta en Fray Bentos, algo que –de concretarse– le permitirá pasar de 1,3 a 1,5 millones de toneladas anuales.
Desde la empresa señalaron a El Observador que el planteo sigue a estudio de Dinacea aunque en enero el ministro Edgardo Ortuño adelantó en rueda de prensa que el proyecto planteado estaba “en condiciones de llevarse adelante”.