La comisión de Salud de la Cámara de Diputados definió en su última sesión a principios de abril el formato de trabajo para avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de eutanasia. La idea de los diputados es recibir un número acotado de delegaciones porque en la legislatura anterior se recibieron más de 30 y entienden que no es necesario repetir ya que se pueden consultar las versiones taquigráficas del período pasado.
La comisión acordó sesionar martes y miércoles para recibir dos delegaciones en cada día y empezar con la agenda a partir de mayo. Sin embargo, la sesión prevista para el miércoles 7 de mayo fue suspendida porque varios integrantes señalaron que estarán concentrados en la campaña departamental por las elecciones que se celebrarán el siguiente domingo 11. El plenario de ese día de Diputados también fue suspendido. Sí recibirán al Colegio Médico y al Grupo de Apoyo para una Muerte Asistida Digna en Uruguay (MADU) el martes 6.
A causa de la suspensión del miércoles 7 ya acordaron que sesionarán de forma extraordinaria sobre el final de ese mismo mes para compensar la sesión que no se realizará esa primera semana.
El objetivo de los diputados es tratar de aprobar el texto en el primer semestre o, al menos, antes de que ingrese el proyecto de ley de Presupuesto a fines de agosto. Hasta ahora hay siete delegaciones en la lista para ser recibidas aunque es probable que con el correr de los días se sume alguna más.
“Creo que tenemos que dedicar tres sesiones a recibir a dos delegaciones de lleno y después entrar en forma inmediata al análisis del articulado para poder agilizar y ser dinámicos. No podemos dilatarnos en el tiempo porque después sabemos lo que pasa: entramos en zona de presupuesto y ahí se nos complica”, dijo la diputada colorada y presidenta de la comisión, Nibia Reisch, en la sesión del 9 de abril según consta en la versión taquigráfica.
El texto que tiene a estudio la comisión es el mismo que se trató en la legislatura pasada e ingresó a la comisión en marzo de este año con la firma de varios diputados del Frente Amplio, algunos del Partido Colorado y el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.
En el período pasado el texto fue aprobado en la Cámara de Diputados, con votos del FA, PC y Partido Independiente, pero no avanzó en la Cámara de Senadores. La división de los colorados y el rechazo de blancos y cabildantes impidieron que se aprobara en la cámara alta. El equilibrio de fuerzas de esta legislatura, estiman los promotores del proyecto, es favorable para que el texto se apruebe.
Si los Diputados logran aprobarlo antes de que ingrese el proyecto de Presupuesto, la idea acordada entre los promotores del texto es que el Senado lo apruebe antes de fin de año.
Los pedidos de Identidad Soberana
La nueva legislatura que comenzó el 15 de febrero no solo tiene muchos legisladores nuevos –que deberán ir a las versiones taquigráficas del período anterior para conocer la opinión de las delegaciones que no serán invitadas en esta oportunidad– sino que también cuenta con la debutante participación de Identidad Soberana, el partido liderado por Gustavo Salle.
En la sesión que se acordaron las delegaciones a convocar, la diputada suplente de Nicole Salle, María Pigurina, además de decir que su partido está en contra del proyecto de eutanasia, pidió convocar a una persona y una institución.
“Nicole (Salle, la titular de la banca) me dijo que quería citar a Alejandro Recarey. Quería citarlo para venir a hablar sobre este tema”, dijo Pigurina en la sesión. “¿En calidad de?”, retrucó Reisch. “De penalista, juez”, aseguró la diputada.
Alejandro Recarey es el juez que frenó la vacunación contra el covid en niños menores de 13 años y ordenó a OSE no firmar el contrato para el proyecto Neptuno en Arazatí. Ambas decisiones fueron luego revocadas por un tribunal de apelaciones y por el caso de las vacunas Recarey fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia por 90 días.
Sin embargo, la presidenta de la comisión desestimó el planteo diciendo que en esta ocasión estaban “invitando instituciones”. Ante esa respuesta, la diputada de Identidad Soberana pidió convocar al Centro de Bioética Rioplatense, una organización próvida que está en contra del proyecto de ley para regularizar la eutanasia desconocida para la mayoría de los diputados de la comisión.
Además de ese centro y las dos delegaciones que irán el martes 6, la comisión acordó recibir al Ministerio de Salud Pública junto con el programa de cuidados paliativos, a Empatía Uruguay, a la cátedra de Derecho Penal y a la de Medicina Legal de la Facultad de Medicina.
El texto
El proyecto ingresado a comisión y acordado entre el Frente Amplio y el sector Unir para Crecer del Partido Colorado, liderado por Andrés Ojeda, establece la eutanasia como un derecho para “toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándole sufrimientos que le resulten insoportables”.
Para que se active el procedimiento la persona se lo debe pedir a un médico que debe evaluar si se encuentra dentro de las condiciones mencionadas anteriormente.
“Seguidamente el médico actuante dialogará con el paciente; le dará información acerca de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos, y verificará que la voluntad que él expresa sea libre, seria y firme”, dice el texto.
Si la voluntad sigue firme, intervendrá un segundo médico que, tras reunirse con el paciente y analizar la historia clínica, deberá pronunciarse en un plazo no mayor a diez días sobre si cumple con las condiciones. Ese médico no podrá ser subordinado ni pariente del otro que haya intervenido en el proceso. Si ese segundo médico entiende que no se cumplen las condiciones, se deberá buscar la opinión de un tercer médico. En caso de ser negativa, se dará por concluido el procedimiento.
Si se recaba una segunda opinión positiva, habrá una nueva entrevista con el paciente para que ratifique su voluntad.
“Transcurridos no menos de 3 (tres) días desde la realización de la última entrevista con el médico actuante, la persona que persista en su voluntad de poner fin a su vida lo declarará y hará constar por escrito ante dos testigos, de los cuales uno, por lo menos, no haya de recibir beneficio económico alguno a causa de la muerte del declarante”, agrega el texto. Expresada esa última voluntad, el médico procederá a cumplirla
