El Hospital Policial realizará este viernes el primer procedimiento de eutanasia legal en Uruguay, luego de que una paciente oncológica de 69 años completara todos los pasos previstos por la normativa vigente.
La mujer, que cursa una etapa terminal de cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática, permanece internada desde hace diez días y firmó el consentimiento definitivo el miércoles 20 de mayo. El procedimiento, divulgado en primera instancia por Telenoche (Canal 4), está previsto para las 11:00 de este viernes.
Según establece la reglamentación, el paciente puede desistir de la decisión en cualquier etapa del proceso.
La paciente ha sido acompañada por uno de sus hijos mayores durante todo el procedimiento. Tiene seis hijos, dos de ellos adoptados.
De acuerdo a la información difundida por el consignado medio, la mujer había tomado la decisión en enero con el objetivo de evitar el sufrimiento derivado del avance de la enfermedad. Actualmente se encontraba bajo cuidados paliativos y en los últimos meses había optado por dejar de realizarse estudios y tratamientos.
En octubre de 2025, el Parlamento aprobó la ley de eutanasia, lo que convirtió a Uruguay en el primer país de América en legalizar este procedimiento médico. La reglamentación definitiva de la prestación fue oficializada en abril de este año.
Cómo es el procedimiento y qué dice la reglamentación de la eutanasia
Tal como informó El Observador en esta nota, la reglamentación de la ley de eutanasia establece que el paciente debe ser mayor de edad, estar psíquicamente apto y atravesar una enfermedad incurable, irreversible o con sufrimientos considerados insoportables.
El procedimiento comienza con la solicitud ante el médico tratante, quien tiene hasta tres días para analizar el caso y determinar si se cumplen las condiciones previstas por la ley. Luego interviene un segundo médico consultante, que debe emitir una evaluación independiente.
Si ambos profesionales coinciden, el paciente vuelve a manifestar su voluntad y firma el consentimiento final junto a dos testigos. En caso de discrepancias, el caso pasa a una junta médica integrada por especialistas.
La normativa también prevé que el procedimiento pueda realizarse tanto en centros de salud como en el domicilio del paciente, siempre que existan las condiciones adecuadas. Además, los médicos pueden presentar objeción de conciencia, aunque las instituciones tienen la obligación de garantizar la prestación.
