“Bueno, a ver ahora cuando invitan el asado”, saludó el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a los dos representantes del Grupo Vía Central (GVC). Gobierno y consorcio acababan de anunciar en Torre Ejecutiva el acuerdo para bajar el arbitraje internacional resuelto por la empresa a fines de febrero y ahora la nueva administración se permitía distender.
Con Yamandú Orsi al centro y los jerarcas a sus costados, el Poder Ejecutivo informó que pagará a GVC unos US$ 56,5 millones por la actividad ferroviaria desde el 24 de diciembre del 2023 hasta el 7 de agosto de 2024. Y contando esa cifra, más los pagos por disponibilidad a partir de esa fecha hasta el 31 de marzo de este año, la erogación total para el Estado será de unos US$ 144 millones.
El primer monto era uno de los principales diferendos entre el consorcio y el anterior gobierno: el primero reclamaba que desde que empezaron a transitar las primeras locomotoras de prueba no habían cobrado un solo peso, y el segundo aseguraba que no correspondía el pago porque la empresa no había cumplido sus obligaciones, y que entre diciembre de 2023 y abril de 2024 –cuando entró el primer tren de UPM al puerto de Montevideo– solo se habían realizado pruebas sin carga.
Recién el 8 de agosto del año pasado entró en vigencia la Puesta en Servicio con la operativa a pleno, a partir de la cual el Estado debía garantizar pagos por disponibilidad para el mantenimiento de la traza ferroviaria, de acuerdo a las condiciones del contrato de Participación Pública Privada (PPP).
Por tanto, esa primera cifra deberá ser revisada por un mediador que ambas partes deberán designar de común acuerdo en los próximos 30 días. El dictamen de este tercero deberá ser entregado antes de los 60 días posteriores, y tanto gobierno como consorcio tendrán que atenerse a lo que disponga.
Gabriel Oddone, ministro de Economía, explicó este lunes que el Tribunal de Cuentas recibirá la adenda en las próximas horas y estimó que la validación llevará de tres a ocho semanas. “En ocho semanas este tema debería estar totalmente materializado desde el punto de vista numérico del acuerdo que acabamos de validar”, sentenció.
“Más barato”
“Hay que reconocer que es una situación que nosotros no deseamos, que nos hubiera gustado que estuviera resuelta en su momento, que jamás estuviera en duda la posibilidad de que Uruguay avanzara en este proyecto”, deslizó el presidente Orsi. “Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer ninguna consideración, ni adjetivar, ni atribuir intenciones ni hablar de desidia”, sostuvo como antesala de unos anuncios en los que el nuevo gobierno pasó unos cuántos rezongos a la administración saliente.
Uno fue Oddone, quien comenzó celebrando que el acuerdo “libera tiempo” a los titulares de Economía y Transporte que se habían visto obligados a ocupar “bastante tiempo” para “resolver temas del pasado”. “No fue posible ser resuelto ni encaminado en 2024 por diversas razones. A mí me llama la atención, todas ellas con consecuencia fiscal para este año, que no tuvieron consecuencias fiscales durante el 2024”, aseveró.
“Es más barato”, recalcaron desde el nuevo gobierno a El Observador tras cerrar el acuerdo. La administración frenteamplista se centra en especial en el hecho de haber aplicado al Grupo Vía Central una quita del 20% a la hora de negociar los pagos por disponibilidad. “Es el descuento máximo que podemos aplicar de acuerdo a lo que el contrato establece, porque hay un conjunto de temas pendientes”, dijo, aunque reconoció que también el Estado le reconoció al consorcio “algunos costos financieros asociados al hecho de no haber pagado en el momento”.
Una fuente de Transporte explicó a El Observador que el 20% de descuento supone “aspectos que son necesarios resolver” y “observaciones respecto a la señalización (de la vía) que deben corregirse”. Para el actual gobierno es “una diferencia relevante” respecto al pago del 100% acordado por la administración saliente a pesar de “sucesivas supervisiones que identificaban incidencias a corregir y que se vienen corrigiendo a buen ritmo”.
De parte del consorcio, en tanto, indicaron que los intereses a cobrar “se van a terminar de calcular en función de las fechas de pago reales”.
20250516 Entrevista a Lucía Etcheverry.
Foto: Inés Guimaraens
Otra novedad importante fue el anuncio por parte de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, respecto a que comenzarán a cobrar un canon ferroviario “similar al peaje que deben abonar los operadores que utilicen esta infraestructura” como “garantía para el mantenimiento” de la inversión. “Esto debió hacerse hace un año atrás”, acotó la jerarca del MPP.
Por ser el único operador que hoy está usando la vía para transportar la celulosa desde su planta en Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo, este canon recaerá sobre UPM. Fuentes del gobierno confirmaron a El Observador que consistirá en 0,005 dólares por tonelada bruta sobre kilómetro transportado.
Se trata de una herramienta ya prevista por el anterior gobierno pero que, ante los desacuerdos por la construcción de la vía, nunca llegaron a fijar. El canon está contemplado en la ley de Rendición de Cuentas 2022 que trasladó a la órbita del MTOP a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, repartición que hoy dirige Waverley Tejera, quien participó en las negociaciones.
A la espera de la adenda
Con el exministro José Luis Falero fuera del país, el Partido Nacional está a la espera de la adenda que el Poder Ejecutivo enviará al Tribunal de Cuentas para analizar el acuerdo anunciado. A su regreso a Uruguay el miércoles, el propio Falero pretende comparar el proyecto sobre el que la anterior administración negociaba con Grupo Vía Central y el que finalmente laudó la discordia con el consorcio.
Pocos días antes del traspaso de gobierno, el exministro de Luis Lacalle Pou había afirmado que estaba “convencido de que la nueva administración” tenía “todos los elementos para mediar y llegar a un acuerdo” que bajara el arbitraje. Tal como informó El País, el anterior mandato se basó en las observaciones de la Unidad PPP del Ministerio de Economía para no validar una adenda que habilitara el pago, aunque ya había un documento firmado desde fines de enero de 2025.
José Luis Falero.jfif
El ministro de Transporte y Obras Públicas saliente, José Luis Falero
Foto: Ines Guimaraens
Falero recriminaba a Grupo Vía Central que ya en dos ocasiones (en 2021 y en 2023) habían incumplido las condiciones acordadas, como ser la finalización de todas las obras para diciembre de 2023. Por otro lado, su administración chocaba con el consorcio respecto a la fecha a computar, que no correspondía abonar lo reclamado a partir de diciembre del 2023 porque el pasaje de locomotoras sin carga no permitía al gobierno, por ejemplo, cobrar el canon al operador ferroviario.
GVC, en cambio, aseguró a fines de febrero que la administración no había “cumplido con las obligaciones asumidas”, ante una adenda firmada por el propio Falero a fines de enero para librar los primeros pagos.
El exministro brindó entonces una conferencia de prensa para expresar su “sorpresa” ante la decisión del consorcio de iniciar un arbitraje y confió en que el gobierno entrante tenía todas las condiciones para resolverlo. En ese entonces, estimó que el pago a GVC por el pasaje de las primeras locomotoras con carga en abril de 2024 hasta la Puesta en Servicio de agosto de ese año equivalía a unos US$ 46 millones.
La disputa política se remonta a mucho más atrás, y Falero acusó durante todo el período al gobierno de Tabaré Vázquez por haber acordado condiciones “imposibles de cumplir” que obligaron a su administración a negociar una y otra vez para evitar “reclamaciones millonarias” por parte de UPM.
