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13 de agosto 2025 - 17:43hs

Un grupo de juristas y científicos hizo pública una carta marcando su alarma con la idea de construir una rambla continua a lo largo de toda la costa de Canelones, desde Ciudad de la Costa hasta Jaureguiberry.

El proyecto fue anunciado, en su ceremonia de asunción, por el intendente Francisco Legnani como uno de los grandes objetivos de su administración.

Los firmantes del documento manifiestan su “profunda preocupación” ante el plan y reclaman “un debate amplio y responsable (…) que considere las dimensiones ambientales, sociales, culturales, jurídicas y económicas involucradas”.

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Firman el documento la arquitecta Isabel Gadino, la licenciada en geografía Ofelia Gutiérrez, el arquitecto Pablo Ligrone, el ingeniero agrónomo y profesor de la Facultad de Ciencias Daniel Panario y el licenciado y ecólogo Omar Defeo. A estos catedráticos también los acompañan los abogados Juan Ceretta y José Sciandro.

“Consideramos –sostienen- que este proyecto resulta inconveniente desde perspectivas tanto biofísicas como socioculturales, ya que desconoce los fundamentos científicos que sustentan la dinámica costera y vulnera la normativa legal vigente”.

De acuerdo con los firmantes, ideas similares se han demostrado negativas en otras países: “Casos documentados en Francia, Portugal y España, entre otros, evidencian sus impactos negativos”.

“En el caso de Uruguay, la propuesta de construir una rambla costanera continua contraviene la imagen de país natural que se ha buscado proyectar a nivel internacional”, agrega el documento.

Una obra del tipo de la proyectada compromete el futuro de las playas y las exponen a sufrir en forma más severa los efectos del cambio climático. Una rambla continua, agregan, afectaría el sistema de dunas costeras, alterando su dinámica natural y favoreciendo procesos de erosión, como ya ha ocurrido en otros puntos de la costa uruguaya.

Además, ese tipo de cambios “incrementa el riesgo de contaminación (por ejemplo, por coliformes), disminuye la diversidad biológica y afecta gravemente la capacidad natural de regeneración del sistema costero tras eventos extremos”.

Los firmantes recuerdan que “la mayoría de las playas uruguayas enfrentan actualmente procesos erosivos cuya magnitud supera incluso la atribuible al ascenso del nivel del mar. Diversos estudios han demostrado que estas dinámicas están directamente asociadas a la forestación y urbanización de los sistemas de dunas móviles, que históricamente cumplían un rol clave en el intercambio y reposición de sedimentos”.

Una rambla continua también afectaría a humedales y lagunas costeras. “En localidades como Las Vegas y Solís, intervenciones de esta índole han producido daños irreversibles: pérdida total de arena en algunos sectores, contaminación de aguas superficiales, disminución del valor recreativo, y afectación directa a infraestructuras turísticas y residenciales.

El proyecto anunciado, entienden los firmantes, “alteraría significativamente las dinámicas comunitarias, desplazando actividades tradicionales propias de la vida costera, tales como la pesca artesanal, los espacios recreativos al aire libre y las expresiones culturales vinculadas a la identidad del litoral”. Y favorecería, en cambio, “desarrollos orientados a intereses turísticos o inmobiliarios que priorizan a visitantes esporádicos por sobre los residentes históricos”.

Los firmantes recuerdan que “preservar los valores ambientales del mismo es una obligación constitucional ineludible” y que la Ley 17.283 obliga a “la conservación de la diversidad biológica y de la configuración y estructura de la costa”.

De acuerdo a las leyes vigentes “toda obra a realizarse en la faja costera debe ser sometida previamente a un estudio de impacto ambiental”.

“La construcción de una ruta costera continua constituye una contradicción flagrante con la normativa nacional y departamental vigente y aplicable” y “carece de sustento jurídico en Uruguay, al contradecir principios rectores y derechos consagrados en el artículo 47 de la Constitución de la República”.

Los firmantes del documento, que tienen el respaldo de diversas organizaciones no gubernamentales, serán recibidos por un asesor del intendente Legnani el viernes 22, según informó Panario.

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