La Inspección General del Trabajo (Igtss, un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo) sancionó a Riogas con una multa de $ 920.822 (unos US$ 23 mil aproximadamente) y dispuso que parte de su personal jerárquico realice cursos de gestión de personal y respeto a los derechos sindicales en el Inefop; mientras que la Justicia condenó a Acodike a pagar más de $ 900 mil a un trabajador tras concluir que su despido estuvo motivado por razones antisindicales.
En el caso de Riogas, la empresa pidió archivar el expediente por la demora, pero la Inspección sostuvo que era necesario "llegar a la verdad" y resolver la denuncia; por lo que la sanción ya está firme, con plazo para pago y cumplimiento del curso de capacitación. Por su parte, el fallo contra Acodike fue apelado y permanece pendiente de resolución en segunda instancia.
Los fallos recientes llevaron a los sindicatos de ambas empresas a renovar sus reclamos. En los últimos días se presentaron ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, donde señalaron que los cambios en la operativa del sector han generado precarización laboral, afectado la seguridad en el trabajo, repercutido en la organización sindical, además de criticar la contratación de personal tercerizado.
La instancia parlamentaria se dio en un momento clave dado que están por comenzar las evaluaciones que definirán el futuro de los contratos de concesión de las plantas de envasado de Ancap.
Aunque uno vence en 2028 (Acodike) y otro en 2031 (Riogas), los pliegos y sus condiciones deben prepararse con antelación, así como las definiciones por parte de Ancap sobre si licitar nuevamente, vender o modificar la gestión, comenzarán este año. Según supo El Observador, ya hubo reuniones por separado entre Ancap, las empresas y el sindicato, y como plazo máximo se fijó noviembre para tomar una decisión sobre el camino a seguir.
El contexto: cambios en contratos y 53 despidos
Hasta el 28 de febrero de 2022, las dos plantas de envasado de supergás de Ancap estaban operadas por Gasur, una sociedad integrada por Ancap (40%), Acodike (30%) y Riogas (30%). Sin embargo, la petrolera estatal resolvió no renovar los contratos en las mismas condiciones y licitó el arrendamiento de las instalaciones, con el objetivo de dotar de mayor competencia al sector.
A partir del 1° de marzo de 2023, Ancap adjudicó el alquiler de las plantas a Acodike y Riogas, con contratos de cinco y ocho años, respectivamente. El expresidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, aseguró en ese entonces que el costo del arrendamiento “fue libre” y que las empresas ofertaron con total autonomía.
Poco después de asumir la operación directa de las plantas, en marzo de 2023, Riogas despidió a 26 operadores y Acodike a 27 trabajadores (14 efectivos y el resto eventuales).
Las empresas atribuyeron el total de 53 desvinculaciones a nuevos costos de arrendamiento, inversiones y una menor demanda, debido a los cambios en los contratos con Ancap. Stipanicic rechazó esos argumentos y cuestionó que ambas empresas, que concentran el 70% del mercado, tomaran la misma medida el mismo día, calificándolo de “acción coordinada”.
Violación a la libertad sindical en Riogas, según la Inspección
En el caso de Riogas, la Igtss -un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo- concluyó que la empresa incurrió en una infracción “muy grave” al derecho de libertad sindical, basada en una serie de hechos constatados.
Según el documento, al que accedió El Observador, la Inspección constató que Riogas difundió comunicados que deslegitimaban medidas sindicales y oficiaban como amenaza, modificó horarios y descansos de choferes del sector granel durante un conflicto y contrató personal tercerizado en momentos de conflicto colectivo, afectando la remuneración de los trabajadores sindicalizados y generando presión sobre quienes no eran afiliados.
Además constató:
- Restricciones a las horas sindicales y a la participación de delegados en ámbitos bipartitos.
- Comunicados internos y públicos en los que se calificaban como “ilegítimas y abusivas” las medidas del gremio, incluyendo declaraciones televisivas en las que se divulgaban datos personales de dirigentes, como sus marcas de autos y rangos salariales, en medio de un conflicto.
- Incorporación de personal tercerizado durante medidas sindicales, contraviniendo la Ley 18.099, lo que derivó en una reducción de ingresos para trabajadores afiliados.
- Cambios de turnos, descansos y organización del trabajo que impactaron en la remuneración de empleados sindicalizados.
Riogas cuestionó el procedimiento, alegó demoras y errores en la valoración de la prueba, y sostuvo que la tercerización formaba parte de la operativa habitual por necesidades productivas. Además, la empresa sostuvo que los comunicados tenían un fin informativo y no buscaban deslegitimar al sindicato, y que la contratación de personal tercerizado respondía a demandas operativas y al ausentismo, no a interferir en el conflicto sindical.
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Foto: Nicolás Garrido
No obstante, la Inspección desestimó sus argumentos. Como sanción, el organismo impuso una multa económica y la obligación de que todos los encargados y supervisores realicen un curso de formación sobre gestión de personal y prevención de prácticas antisindicales en el Inefop.
Lo que resolvió la Justicia en el caso de Acodike
En el caso de Acodike, el Juzgado de Trabajo de 17° Turno consideró probado que el despido de un trabajador se produjo por motivaciones antisindicales, aunque la empresa alegó causas económicas y organizativas.
La jueza valoró como indicios relevantes: la eliminación completa del turno vespertino en el cual la mayoría del personal estaba afiliado al sindicato; la baja en la afiliación sindical en el período previo; la falta de aviso al gremio en medio de negociaciones bipartitas; y la contratación posterior de personal tercerizado no sindicalizado para realizar las mismas tareas.
Según el fallo judicial, estos elementos, combinados con la ausencia de pruebas de una crisis económica real, fueron suficientes para concluir que hubo persecución sindical.
Acodike fue condenada a pagar $ 915.528 más reajustes, intereses y una multa del 10%. La empresa apeló la sentencia, insistió en que los cambios respondieron a un incremento en los costos de arrendamiento y a una caída en el volumen de envasado, y que la tercerización existía desde 2018, por lo que afirman que no se debió a los conflictos con el sindicato.
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Diego Battiste
El reclamo sindical en el Parlamento
En la sesión de la Comisión de Industria de esta semana, una delegación de la Asociación Laboral de Funcionarios de Acodike Supergás (Alfas) y de la Asociación de Trabajadores de Riogas (ATR) expuso su preocupación por la continuidad de contratos con empresas que, según afirmó su vocero, Andrés Guichón, han incurrido en prácticas antisindicales.
El representante sindical afirmó que los cambios en la gestión del supergás implicaron “precarización, persecución antisindical, pérdida de derechos y de condiciones de trabajo”, y que los fallos de la Igtss y de la Justicia “demuestran que los trabajadores fueron despedidos injustamente y perseguidos por su condición de militantes sindicales”.
Guichón sostuvo que “la privatización trae precarización” en un servicio que considera esencial, por lo que propuso crear comisiones de seguimiento con participación de trabajadores, la Federación Ancap y las empresas para reforzar el control y la seguridad, y advirtió que el sindicato está debilitado pero continúa activo.
