La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, reconoció una serie de errores de procedimiento que tuvo la cartera en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años que fue asesinado a golpes por su padre en marzo pasado.
Por un lado, la última denuncia por violencia intrafamiliar hacia el adolescente —advertida por la UTU a la que asistía— se ingresó de forma errónea (lo que impidió su rápido pasaje a una comisaría especializada) y, por el otro, hubo falta de supervisión del caso y una incorrecta comunicación al INAU.
El ministerio inició una investigación interna por este caso, señaló Valverde en la Comisión de Población de la Cámara de Diputados a la que asistió como ministra interina y convocada por el diputado colorado Felipe Schipani.
Como resultado, hay cinco funcionarios a los que se les iniciará un sumario, informó en la comisión el subdirector ejecutivo de la Policía, Robert Taroco, según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
“Se detectaron errores y omisiones, también falta de supervisión que, lamentablemente, terminó con la disposición de un sumario: hay cinco oficiales a los que se les va a iniciar el procedimiento administrativo”, dijo.
Valverde, por su parte, repasó en la comisión el prontuario de violencia intrafamiliar que atravesaba a la familia del adolescente.
La primera denuncia de violencia se había presentado en 2018, aunque en esa ocasión la indagada fue la hermana del padre de Jonathan, es decir, una tía del adolescente.
Pero en 2023 hubo una nueva denuncia y también en 2024. Por esta última, la Justicia le prohibió al padre acercarse o comunicarse con la madre del adolescente. Pero no se dictó nada respecto a Jonathan.
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Operativo de la Policía Nacional
Leonardo Carreño
En noviembre de 2025, sin embargo, se registró una nueva denuncia. Esta vez, fue la UTU a la que asistía el adolescente la que alertó por los moretones y las heridas que presentaba. Al preguntarle, él dijo que se había caído en un campito en el que jugaba al fútbol y que se había pegado contra el arco, cuando intentó atajar un gol.
Su madre dio otra versión. Y la UTU, alertada por esta situación, presentó una denuncia en la Comisaría 16°.
Esa denuncia, sin embargo, fue mal ingresada en la comisaría y tuvo como única indagada a la madre del adolescente.
Respecto a la tipificación, la denuncia se ingresó de forma “incorrecta” —así lo subrayó Valverde en la comisión— porque en vez de titularse como un caso de violencia doméstica se escribió: “Averiguación de situación. Menor con discapacidad”.
“Lo primero que detectamos aquí es una falla en la tipificación. Si hubiese sido violencia doméstica, hubiera transitado por un proceso bien diferente a lo que es averiguación de situación”, reconoció la subsecretaria.
Y también aseguró que hubo una “falta de comunicación al INAU”, pese a que el juzgado especializado que intervino tras la denuncia ordenó darle intervención al organismo.
Ante el error al ingresar la denuncia, Valverde apuntó a la “falta” de una “supervisión jerárquica de parte del comisario al mando de la unidad” que actuó en este caso, es decir, la Comisaría 16°.
