La Justicia resolvió este jueves mantener la prisión preventiva para los siete militares imputados en el marco de la investigación por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el caso del médico Vladimir Roslik, confirmó El Observador con fuentes de Fiscalía.
El 22 de diciembre, el juez de Fray Bentos Claudio de León dictó condena de entre 11 y 15 y seis meses de prisión para nueve militares retirados en el marco del caso Roslik.
Los condenados fueron Óscar Mario Roca, Ivo Morales, Abel Pérez, Héctor Caubarrere, Jorge Soloviy, Daniel Castellá, Rodolfo Costas, Luis Estebenet y Eduardo Saiz.
Sobre siete de ellos, la Justicia dispuso inicialmente como medida cautelar prisión domiciliaria, salvo para Morales y Caubarrere, quienes ya estaban en la cárcel, a la espera de que la sentencia sea cosa definitiva.
Sin embargo, tras los reclamos del fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, el 31 de diciembre el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno revocó la prisión domiciliaria e impuso la prisión efectiva para los siete miliares.
La sentencia consideró que existen riesgos procesales como "el peligro de fuga, el que comprende no solo abandonar el territorio de la República sino también ocultarse dentro del mismo".
"En consecuencia, el riesgo que existía al inicio de la investigación e incluso luego de deducirse la acusación fiscal, se ha incrementado notoriamente por la existencia de una condena no firme. Esto podría operar como factor motivante para sustraerse al proceso con la finalidad de eludir sus responsabilidades", afirmaron los ministros en el documento informado por El Observador.
También tuvieron en cuenta que el riesgo de fuga "no es un riesgo vago o genérico, sino concreto y específico", que no sería neutralizado con las medidas ambulatorias.
Además, evaluó que existe sentencia de condena de primera instancia y que "se trata indubitablemente de hechos graves".
La medida, que establece la privación de libertad de los acusados, está vigente hasta el 6 de febrero de 2026, y este jueves, según informó Subrayado (Canal 10), la Justicia resolvió ratificar la prisión preventiva, disponiendo la prórroga por 180 días.
Los militares fueron condenados por reiterados delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves.
La resolución judicial será apelada nuevamente por los abogados defensores de los militares, según informó el consignado medio.
Roslik era médico en San Javier cuando fue detenido y torturado hasta la muerte en abril de 1984 por efectivos del Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos, en el último de los asesinatos de la dictadura.
Durante el interrogatorio, murió debido a que los militares le partieron el hígado y tenía fluidos en los pulmones, según la pericia del hecho.
La causa contra los militares no juzgó responsabilidades directas respecto al homicidio de Roslik, sino por dos causas conexas: una detención del médico en 1980, cuando también lo torturaron, y por otra parte, las torturas sufridas por otros detenidos en la redada de 1984 que le terminó costando la vida a Roslik.
No se abordó el homicidio del militar durante el juicio, producto de que en 2021, la Suprema Corte de Justicia determinó que el asesinato de Roslik no podía reabrirse en la esfera penal porque ya había sido laudado por la Justicia Militar.
