Empresario que integra delegación presidencial a China está imputado por Fiscalía por trata de personas

Según la acusación de la fiscal Sabrina Massaferro, Gorrochategui y Suárez se contactaron con las víctimas “a través de video llamadas, varias entrevistas y les realizaron la oferta de empleo. Se les ofreció alojamiento, comida, seguro médico y wifi. Se les ofreció la suma de un sueldo base de 250 o 500 dólares mensuales (según la tarea a desempeñar) más bonos por producción, horas extras, bonos por buena convivencia con el grupo, bonos por mantenimiento y cuidado de las máquinas, todo lo cual alcanzaría la suma de 1.500 a 2.000 dólares por mes”.

El régimen de trabajo de los “migrantes engañados” sería ocho horas diarias de lunes a viernes, agrega la fiscal.

Al llegar “se les retuvieron los documentos (…) Cada vez que reclamaban les decían que estaban en otro lugar, o que estaban en Montevideo, o en una chacra o en una caja fuerte reteniéndolos por aproximadamente un mes”.

La fiscal anota que “comenzaron a trabajar y así comenzó la explotación laboral ya que debían trabajar 12 horas por día en la cantera de piedras y se les abonaría un sueldo de 250 dólares. Tres de las víctimas se retiraron inmediatamente al advertir la situación”.

Sobre los ingresos generados, se les descontó el costo de seguros, comida y wifi.

Según la fiscal, tres de los trabajadores que se quejaron de la situación fueron enviados mediante engaños a las ciudades de San Pablo y Curitiba, en Brasil, donde quedaron varados y sin recursos.

Massaferro concluye que “los imputados integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral; que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana (…) siendo presuntos autores de un delito de Trata de Personas”.

Además de los dos empresarios, fueron imputadas otras cuatro personas que trabajan en la cantera y participaron de la llegada y acogida de los trabajadores venezolanos.

Una vez conocido el caso, la Dirección de Minería y Geología del Ministerio de Industria inspeccionó la explotación, pero no constató irregularidades en las condiciones de la explotación.

Los imputados fueron defendidos en un primer momento por el abogado Pablo Barreiro quien cuando se conoció el caso dijo a El Observador que lo ocurrido no entra dentro de la figura penal de trata de personas ya que no se atacó la libertad de los trabajadores y ellos siempre mantuvieron posibilidades de comunicación y condiciones de alojamiento adecuadas.

La defensa de los imputados pasó luego al abogado Pereira Schurmann, que también manifestó que sus defendidos son inocentes y calificó la acusación de disparatada.

Hablando sobre Gorrochategui, el abogado señaló que estaba autorizado a viajar fuera del país.

“En marzo empieza audiencia de control y hay mucha prueba a favor de él. Todo el caso es una locura. Los ‘esclavos’ hasta iban al corso del Carnaval de Artigas solos”, señaló el abogado.

La audiencia de control de pruebas, próxima etapa judicial del caso, está fijada para el 3 de marzo.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, integrante de la delegación que acompaña al presidente Orsi dijo desconocer por completo el caso.