La última adolescente presa en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente tiene 15 años y cuenta las horas para quedar en libertad. En algunas semanas termina de cumplir su condena —puede que incluso la Justicia le adelante la salida— y entonces, si ninguna adolescente entra en ese interín, el centro de reclusión de adolescentes mujeres quedará vacío.
La cantidad de adolescentes presas en el Inisa por haber cometido infracciones siempre fue una cantidad muy menor en comparación con los varones con medidas privativas de libertad. Según datos a los que accedió El Observador, esta administración empezó el año pasado con ocho adolescentes presas, llegó a tener 15 y, en el último tiempo, ha ido disminuyendo hasta que, al día de hoy, solo hay una joven a la espera de recuperar su libertad. Si todo sigue igual, dejará de estarlo pronto.
Las autoridades del Inisa participaron el lunes en la comisión de Defensa del Senado para explicar cómo avanzará el plan para que adolescentes presos se formen con las Fuerzas Armadas. Allí, el presidente del Inisa, Jaime Saavedra, dijo que estaban ante un hecho histórico.
"El domingo de mañana presencié la libertad —esto es una gran noticia para el Uruguay— de la penúltima chiquilina que tenemos en privación de libertad. Nos queda una sola gurisa. Reitero: esto es una gran noticia", anunció a los legisladores, sin más detalles, según consta en la versión taquigráfica. Los datos a los que accedió El Observador muestran que es la primera vez que sucede desde los registros de la institución de 2017. El Inisa, como servicio descentralizado por fuera del INAU, fue creado por ley dos años antes. Desde 2011 hasta esa fecha funcionaba con el nombre de Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) como órgano desconcentrado dentro de esa institución.
"Es una gran oportunidad país. Es verdaderamente ilusionante que esto se mantenga de este modo, pero finalmente dependerá de la Justicia. Creo que se abre una gran oportunidad para no tener más cárceles de mujeres adolescentes en Uruguay. Y los casos que se vayan presentando, que la Justicia, con la experiencia acumulada que tiene el INSA, pueda resolverlos de otro modo distinto a la cárcel, salvo que aparezcan infracciones gravísimas, obviamente", dijo Saavedra en diálogo con El Observador.
Las adolescentes cumplían su pena en el Centro de Ingreso para Adolescentes Femeninas (CIAF), que está en el predio conocido como Centro Cufré, donde también hay internados unos 50 adolescentes varones. La idea de las autoridades es vaciar todo el predio y, una vez que no quede nadie, darle otro destino al inmueble. En ese caso, los trabajadores serán redistribuidos a otros centros.
"Hemos planteado en el Parlamento que estamos haciendo un esfuerzo por racionalizar y hacer más eficiente el uso del conjunto de inmuebles que el Inisa tiene. Y en particular todo el predio de Cufré, estamos evaluando otros destinos. Tenemos poquitos chiquilines ahí, es un lugar completamente inapropiado desde el punto de vista penitenciario, es un lugar que contraviene las normas elementales de una privación de libertad razonable, entonces estamos buscando alternativas", comentó el presidente del Inisa.
El último informe que realizó la Institución Nacional de Derechos Humanos, en 2024, mencionaba que allí trabajaban 51 funcionarios, describía que la higiene del lugar y la alimentación eran satisfactorias y que no se registraban problemas mayores de convivencia. Como aspectos a mejorar, señalaba la calidad de la educación, que estaba por debajo de lo que se ofrecía puertas afuera, y el acceso a propuestas vinculadas con la salud mental.
Los motivos por los cuales el Inisa se vació de adolescentes mujeres tienen que ver con que, en algunos casos, cumplieron con la condena prevista por la Justicia. En otros, porque lograron, después de pedidos de sus abogados e informes favorables del Inisa, terminar sus penas con medidas alternativas a la prisión.
Desde hace más de una década, la cantidad de adolescentes presos viene en descenso y al día de hoy son menos de 400, un número impensado en 2014, cuando los internos eran el doble. Esta administración ha hecho fuerte hincapié en la necesidad de aumentar las medidas alternativas para que los jóvenes no estén presos sin un plan de rehabilitación.
Un camino, explicaba meses atrás Saavedra a El Observador, era lograr tener opciones de medidas alternativas en departamentos del interior que, al no tener ofertas, los adolescentes que tienen que cumplir penas provenientes de esos departamentos terminan en la Colonia Berro. El otro camino implicaba convencer a la Justicia.
"De los 340 chiquilines, la mitad están en condiciones jurídicas de pasar a ser atendidos con medidas alternativas. Entonces estamos haciendo ya todo un análisis de todos esos casos para después ir a conversar con la Justicia y empezar a recorrer de modo prudente la resolución de estos casos, siempre que la Justicia les parezca interesante", había dicho Saavedra en setiembre del año pasado.
Tal como adelantó El Observador, adolescentes que cumplen sus penas en centros de reclusión del Inisa empezarán en marzo a recibir capacitaciones de las Fuerzas Armadas, a partir de un convenio con el Ministerio de Defensa que se firmó días atrás. Esta es una de las propuestas de esta administración para formar a los jóvenes que están cumpliendo penas, de modo que tengan herramientas para el día que tengan que reintegrarse a la sociedad. En la misma línea, aunque a un ritmo más lento, avanza el plan para que empresas e instituciones se instalen en la Colonia Berro para contratar a los jóvenes internos y formar así lo que, en palabras de Saavedra, será "la zona franca del pobrerío".
