El gobierno de Lacalle Pou otorgó autorización ambiental para iniciar las obras de la construcción de una planta potabilizadora en la playa de Arazatí
Archivo: protesta del sindicato de OSE
Inés GuimaraensEl sindicato de trabajadores de OSE y otras organizaciones firmaron una carta en la que aseguran que con el Proyecto Neptuno "toda la población pagará más caro por agua de peor calidad".
Los trabajadores convocaron a una conferencia de prensa luego de que este lunes se conociera que el Ministerio de Ambiente había resuelto otorgarle la Autorización Ambiental Previa al proyecto en el balneario Arazatí, departamento de San José.
Este era un paso clave para que se pueda firmar el contrato entre Aguas de Montevideo, el consorcio que llevará adelante el proyecto, y el Poder Ejecutivo saliente para comenzar las obras.
La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Federación Ancap (Fancap), entre otras instituciones, entienden que el proyecto es "violatorio" del "derecho humano de acceso al agua potable".
Además, entienden que es violatorio de la reforma constitucional de 2004, que según ellos marcó "un hito al consagrar el derecho humano al agua e impedir la privatización".
En concreto, la obra "disminuiría la calidad de agua que OSE distribuye a la población por la frecuencia de altos niveles de salinidad, floraciones de cianobacterias y presencia de trihalometanos".
"El sodio tiene repercusiones en la salud para pacientes hipertensos, enfermedades renales crónicas y dializados y para las mujeres embarazadas. Los trihalometanos declarados como posibles cancerígenos especialmente para tumores de vejiga y colon", afirma la carta.
También existe un "alto riesgo de contaminación del acuífero Raigón a partir de la Reserva de Agua Bruta (RAB) y del monorrelleno sanitario".
"El costo de las obras para el consorcio privado será de 304 millones de dólares. Sin embargo, al finalizar los 20 años de contrato, el Estado habrá pagado un total de 1140 millones de dólares. Esto se debe a que cada año se abonarán 57 millones de dólares en concepto de canon y costos operativos", afirman las organizaciones firmantes.
Debido a esto, habrá "aumento en las tarifas de agua", según suscriben.
La carta también afirma que según los estudios de la Facultad de Ingeniería contratados por OSE, hubo "tres eventos de alta salinidad entre 2021 y 2023" y agregan que "en dicho período, durante casi 6 meses que no se hubiera podido potabilizar el agua".
"En los últimos 22 años registraron por los menos cinco eventos de más de tres meses de salinidad, no uno cada 50 años como afirma el Consorcio", añade el documento.
Desde las organizaciones esperan que "en el Poder Judicial y en el Tribunal de los Contencioso Administrativo", detengan al proyecto.
El pasado 20 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Cuarto Turno anuló la resolución de "no innovar" que había dispuesto el juez Alejandro Recarey, haciendo lugar al planteo de organizaciones. Esto frenó la firma del contrato entre OSE y el Consorcio Aguas de Montevideo.
Sin embargo, el tribunal estableció que la decisión de Recarey había violado el principio del debido proceso y los derechos de defensa de las empresas que conforman el consorcio integrado por Ciemsa, Fast, Saceem y Berkes.
El Juez de Primera Instancia, Alejandro Recarey, fue apartado del caso por prejuzgamiento, lo que implica que ya no podrá intervenir en este expediente ni en otros relacionados con el proyecto. El caso será retomado por un juez subrogante.