El Ministerio de Salud Pública se enteró, unos pocos meses después del comienzo de clases, que había cerca de 111.000 niños —en edad de cursar educación inicial o escolar— que no figuraban en Primaria con los controles pediátricos al día. La cifra, equivalente a un tercio de la matrícula de alumnos, “generó una alerta, una gran alerta”, había dicho la directora general de Salud, Fernanda Nozar, a quien no se le ocurrió otra manera de adjetivar tamaño vacío de información.
La noticia la publicó Búsqueda el 5 de junio. Dos meses y medios después, El Observador salió a buscar los avances —si es que los había habido— y qué decían las cifras más depuradas. Porque el dato no solo era una alerta para el sistema sanitario, sino también para Primaria dado que sin esos controles decenas de miles de niños se veían impedidos de hacer educación física, ir a un paseo o un campamento. La normativa no lo permite.
Entre los 305.973 alumnos de esas edades inscriptos en jardines y escuelas que reportan al sistema informático de Primaria (GURÍ), 65.972 seguían a mitad de agosto con el carné de salud vencido (equivalen al 21% de la matrícula). Y de otros 6.070 no se tenían datos (léase el 2% del total).
Muchos de esos miles “recuperados” por el sistema en realidad estaban al día, solo que no los habían registrado. Otros tantos estaban atrasados o sin controles de (casi) ningún tipo. Y fue entonces, en esa sinergia que buscó Salud Pública y Primaria cuando planearon la estrategia de salir a la caza de los que estaban en falta, que quedaron expuesta las viejas debilidades del Estado y a legislación uruguaya. Como si se hubiera abierto una caja de Pandora.
Un diálogo “a ciegas”
Algo más de la mitad de aquella primera “dantesca” cifra de junio de 111.000 escolares sobre los que se desconocía los controles pediátricos son usuarios de ASSE. El equipo informático del organismo priorizó el asunto, depuró una parte con aquellos datos que la ANEP les iba facilitando y se demostró que algunos no tenían los últimos controles pedidos de peso y talla. De ellos, una parte eran usuarios que también figuraban en otros prestadores de salud (por lo que podían haber tenido el control en otra institución).
Pero entonces ASSE dio un paso más. Fue a fijarse en el carné de aptitud física que es lo que se exige para hacer deporte. Vence cada año y eso tiene un motivo: en la edad escolar la recomendación es al menos un control pediátrico al año. Incluso si ese pediatra manda en la consulta al niño al oculista o al dentista, si el resto de los controles dan correctos le permite por un año la actividad física y eso basta para Primaria. Cuando fueron a ver esos datos, entre los niños usuarios de ASSE, la cifra era todavía más baja. Y aprovechando lo sucedido en Primaria, el nuevo objetivo asistencial es que al prestador le salte una alerta automática cuando el documento está próximo a su fecha de vencimiento.
Parece sencillo, pero no lo está siendo. El sistema informático GURÍ no dialoga con el de ASSE, ni con los otros prestadores de salud. No por la ANEP o por ASSE, sino porque Uruguay carece de potentes sistemas de interoperabilidad informática. Para decirlo en criollo: el Estado está “a ciegas” de los que pasa en el propio Estado.
Eso se hace todavía más evidente cuando, por ejemplo, hay que salir a la caza de los niños más desprotegidos: a veces la escuela se entera que se mudó de barrio porque tiene pase a otro centro educativo, pero ASSE no sabe la nueva dirección cuando tiene que ir a buscarlo para convencer a la familia de la importancia de hacerse los controles pediátricos.
Controles que no son un trámite, son la garantía de derechos tan básicos como la salud.
Si se logra el contacto con la familia, y es de esos casos que faltan a la cita médica pese a tener fecha o haberse insistido, podría intervenir el Mides o las maestras comunitarias que tienen más confianza y están en terreno. Pero, otra vez, los sistemas del Estado no dialogan entre sí, aunque las autoridades busquen el diálogo.
El problema no es nuevo. Lo resume una anécdota. Iban unos pocos meses del primer gobierno de Tabaré Vázquez. En una reunión de las más altas esferas de gobierno, el entonces presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, golpeó la mesa y mirando al presidente de la República le dijo: Si usted quiere que exista el Fonasa y las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad dígale a ellos (señala a las autoridades del Ministerio del Interior) que nos liberen los datos.
Sucedía que la Dirección Nacional de Identificación Civil no quería pasarle siquiera al BPS y al Ministerio de Salud Pública los documentos de identidad y datos asociados clave para llevar adelante algunas de las que fueron las políticas públicas insignia del primer gobierno de izquierda en Uruguay.
Dicen que Vázquez se puso firme y exigió la liberación de esos datos (no para uso público, sino a la interna de unos pocos en el Estado que necesitan esa información para ejecutar las políticas de protección social).
Esa cultura “conservadora” instalada en Uruguay de que los organismos guardan con recelo sus datos y no quieren compartirlos —a diferencia de los que sucede en los países más desarrollados donde el Estado tiene potencia para las políticas públicas aprovechando el avance tecnológico— se llevó todavía más a un extremo cuando en 2008 se aprobó la ley de protección de datos personales.
Porque si bien también hubo una normativa de acceso a la información pública, los equipos jurídicos que asesoran a las instituciones se aferraron de la protección de datos personales para encapsular la información (incluso a costa de que las políticas públicas y otros derechos elementales como la educación, la salud y la vida digna se vean coartados). Pues en definitiva se tratarían de datos que el Estado, con cuidados informáticos que han avanzado mucho, le estaría dando al propio Estado. No es información personal a la que puede acceder cualquiera (hasta es más fácil saber datos personales por las huellas digitales que dejan los usuarios en las redes sociales que por esas bases estatales).
Sin ir más lejos, los políticos de todos los partidos han puesto como prioridad disminuir el porcentaje de niños que nacen en hogares pobres. Una parte de eso se podría lograr integrando mejor los datos del Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo Social. Por ejemplo, que el Mides sepa en el primer control de embarazo si el futuro niño tiene que tener una asignación para no nacer en un hogar pobre.
Parte de esa interoperabilidad se logró, pero quienes trabajaron en ello dicen que fue —bromeando un poco con el tema de embarazos— “un parto”. Y todavía no se logró del todo. El MSP es quien tiene casi todo el poderío de esos datos (a través del Sistema Informático Perinatal) y el Mides casi que juega de costado. Mucho más el BPS que es quien tiene que ejecutar el traspaso de la asignación familiar.
Pero volvamos al sistema educativo y la salud. El sociólogo Santiago Cardozo, director de investigaciones de la ANEP, había demostrado que buena parte de cómo le irá a un niño en su desempeño educativo se podía anticipar con datos desde cómo fue el embarazo hasta el desarrollo en los primeros años de vida. Esa información, clave para que la maestra pueda focalizar en el niño (ahora que tanto se habla de atender las diversidades), jamás llegan a estar integradas en la información que tienen los docentes de sus propios alumnos. ¿La razón? El Estado no dialoga con el Estado y los sistemas informáticos carecen de interoperabilidad.
Incluso la propia ANEP no se entera de muchos datos clave de aquellos niños que van a colegios privados habilitados o autorizados, porque no todos reportan al sistema informático GURÍ y solo pasan (si es que pasan) unos pocos datos en planillas como si se estuviera en los comienzos de internet.
Lo curioso es que se está en una etapa del desarrollo de la tecnología en que la seguridad informática permitiría cuidar mucho más la información de los uruguayos que cualquiera de las APPS que uno se descarga en el celular sin siquiera leer los términos y condiciones.
Esta semana se volverán a reunir los equipos de Salud y ANEP para evaluar los avances en esa búsqueda de los niños con los carné vencidos. Las redes de atención del primer nivel de ASSE siguen buscando uno a uno a los niños. Las escuelas también. Los prestadores privados también tienen que salir a la caza de sus usuarios. Pero por más voluntad de las autoridades, se siguen enfrentando a los vacíos del sistema, a niños que no se sabe qué hay de ellos porque el Estado no dialoga con el Estado, y a cierta desidia de algunas familias (sobre todo tras la pandemia) donde los controles pediátricos en tiempo y forma, o darse las vacunas obligatorias en el esquema pareciera que no tiene relevancia... como tampoco (piensan) la tiene faltar un día a clase.
