En la mañana del sábado el padre Arturo Silva, párroco de la zona donde está ubicado el Residencial Adulto Mayor, había ido de visita al hogar que alojaba a diez personas de entre 65 y 95 años y que murieron en la mañana del domingo como consecuencia de un trágico incendio.
El sacerdote solía ir de visita para llevarle la eucaristía (hostias consagradas) a algunas de las residentes que practicaban la religión católica como Haydee Carnales, quién trabajó durante más de 30 años en la comunidad parroquial.
Carnales, de 90 años, había perdido a dos de los tres hijos que tuvo, uno de ellos hace más de 20 años y el otro hacía poco. Le quedaba su hija mujer que es médica radióloga, su nuera y sus nietos. Un exvecino que había sido amigo de sus hijos recordó en las redes sociales que la casa de Carnales era la única que tenía televisión en la cuadra. Allí se reunían a mirar alrededor de la pantalla blanco y negro series como Bonanza y el Gran Chaparral. Además destacó lo buena cocinera que era y cómo invitaba a los amigos de sus hijos con sus especialidades y sus dulces.
Otra de las víctimas, muy recordada en Treinta y Tres y también en Lavalleja, era Ramona Hernández, conocida como “Ramonita”, una maestra jubilada que también integraba el coro ProMúsica. Además tenía un hijo médico intensivista que trabaja en la mutualista Instituto Asistencial Colectivo (IAC). Ella había tomado la decisión de irse a vivir al residencial y así se lo comunicó a sus vecinos. Tenía cáncer pero se estaba tratando y lucía bien, recordaron quienes la trataron, y destacaron que era muy coqueta.
Maestra Ramona Hernandez.jfif
Luis Horner, un exalumno de la escuela 6 de José Pedro Varela (Lavalleja), donde vivió años con su familia, la recordó en Facebook como “la maestra de estampa imponente” “que te hacía pensar dos veces antes de portarte mal”. Contó que cuando se ponía revoltoso lo llamaba: “Vení Mamarracho”.
En diálogo con El Observador, Horner afirmó que en aquella clase de fines de la década de 1980 estaba también el hijo de Ramonita, que hoy es médico. Señaló que más que maestra era una madre por los consejos que le daba y por cómo se preocupaba por él. Destacó que "no hacía diferencia ninguna entre los alumnos, era muy humilde" y les decía a los que tenían más medios económicos que "no debían sentirse superiores". Al mismo tiempo "imponía respeto. Cuando alguno le hacía bullying a un compañero se ponía mala" y los ponía en penitencia.
Otra trabajadora muy recordada por la comunidad olimareña fue Carmen Larronda, conocida como “Carmencita”, una enfermera jubilada de 65 años, que había trabajado tanto en el hospital como en la mutualista Comett. En las redes sociales hablaron de que “su vida fue el trabajo" que desempeñó "con una sensibilidad y cariño muy grandes” hacia los pacientes que atendía y porque se preocupaba porque "estuvieran lo mejor posible en momentos difíciles".
Nélida Nocedo, de 87 años, fue mencionada por vecinos y conocidos por ser la madre de una directora municipal, Susana Day, una profesora de Educación Física que ocupó el cargo de directora de la Oficina de Juventud de la intendencia. Si bien había vivido en el campo, al jubilarse se trasladó a la ciudad y desde hace un tiempo vivía en el residencial.
Las fuentes consultadas destacaron a otras dos víctimas por la coincidencia de fechas en las que ocurrió el incendio. Es el caso de Marne Maspolet que había cumplido los 87 años justamente este sábado y Álvaro Pereyra, un trabajador de UTE jubilado de 81 años que había sido ingresado al residencial horas antes de la tragedia. "Alvarito", como era conocido, padecía cáncer de pulmón y había estado internado en la mutualista hasta el viernes en que los médicos decidieron darle el alta para que recibiera cuidados paliativos.
Las restantes víctimas fueron María Estela Padula (95), Amanda Martínez (91), Elena Toledo (91) y Carlos Cidade (81), confirmó El Observador con fuentes del Ministerio del Interior.
La causa del incendio y en qué está la investigación
Según pudo saber El Observador, la principal hipótesis que se maneja como la causa del incendio es que se desprendió una brasa de la estufa de leña que tomó una alfombra o algún tejido de la sala de estar, lo que generó que el fuego se propagara rápidamente.
En ese momento, poco antes de las 6 de la mañana, la única trabajadora que estaba a cargo de los ancianos, una mujer de 30 años, acompañaba al baño a uno de los residentes. Según informó El País, cuando salieron del baño vio las llamas y el humo negro que para ese entonces había inundado la casa. Atinó a sacar a la mujer que había asistido y a dos más, que fueron trasladadas al hospital y a una mutualista, donde murieron poco después. Los restantes siete residentes fallecieron mientras dormían.
La madre de la trabajadora declaró a Telemundo que su hija "está en shock". Contó que sufrió un cuadro de hipotermia porque para poder entrar se tiró agua fría encima de la ropa. Según dijo, la mujer logró entrar unas cuatro veces a la casa intentando sacar a los residentes pero no veía nada por el humo y porque estaba oscuro.
La autopsia determinó que los ancianos murieron por intoxicación con monóxido de carbono que es lo que genera el humo cuando ingresa a la vía respiratoria. La concentración de monóxido de carbono en sangre en altas cantidades impide que la sangre transporte oxígeno. Ninguno murió por quemaduras.
Luego de contar con los resultados de las autopsias, la fiscal de caso, Alicia Abreu, autorizó este domingo la entrega de los cuerpos a las familias para que pudieran hacer los sepelios y despedirlos. Abreu dijo a El Observador que está a la espera de las pericias y que los resultados seguramente se conocerán después de la feria judicial menor que se extiende hasta el 15 de julio. La Dirección de Bomerbos y Policía Científica de Montevideo trabajan en la indagatoria.
Las condiciones del residencial
El director de Salud departamental Carlos Olascoaga dijo a El Observador que la última inspección al Residencial Adultos Mayores la habían realizado en marzo y que la atención en ese centro era buena. De hecho, destacó que los familiares estaban muy conformes con la atención recibida y aún después de la tragedia no surgieron cuestionamientos. Los inspectores destacaron, tras una visita, que habían sido solucionadas algunas observaciones (formales) apuntadas en una anterior inspección.
Según informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) por medio de un comunicado el residencial estaba “en buenas condiciones”. La cartera había dado trámite a dos denuncias respecto al funcionamiento, pero, tras la investigación, constató que allí “se cumplía la normativa”.
El residencial no estaba entre los 221 que están habilitados pero si entre los 852 con registro y que el Ministerio fiscaliza. “El proceso de habilitación de un ELEPEM tiene tres instancias diferentes y consecutivas. En una primera etapa el MSP luego de recibir documentación necesaria y de realizar una primera evaluación, emite un certificado de registro; luego el ELEPEM debe lograr un certificado por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos para que luego, por último, el MSP lo habilite”, recordó el ministerio.
Por su parte, la Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (Aderama) pidió la renuncia de mandos medios y superiores del área de Inmayores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del área de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública (MSP). Consideran que existe una "irresponsabilidad de las autoridades" que influyó en el incidente.
"Si seguimos con los mismos funcionarios de siempre haciendo lo mismo, difícilmente obtendremos resultados diferentes", criticó la organización.
Por otra parte, la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) investigará de forma "grave y urgente" la forma en la que fue controlado el residencial por parte del MSP, informó a El Observador la directora Jimena Fernández. Sin embargo, las conclusiones a las que pueda llegar esta institución no son vinculantes.
El tema también cobró estado político y el diputado frenteamplista Nino Medina anunció en Telemundo que hará pedidos de informes a los ministerios de Desarrollo Social (Mides) y de Salud Pública (MSP) por la situación de los residenciales en el departamento de Treinta y Tres.
