Las flamantes autoridades habían criticado el “extremo apresuramiento” de sus antecesores para reglamentar una ley sensible a la que se había opuesto el Frente Amplio. Sin embargo, pese a hacer algunas modificaciones administrativas mediante un nuevo decreto reglamentario, el actual gobierno decidió que hasta ahí llegarían los cambios y que no había condiciones políticas para avanzar en una reforma legal.
Por eso tomó por sorpresa a algunos diputados frenteamplistas cuando el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, les informó el martes 30 de junio en la Huella de Seregni que el proyecto de Rendición de Cuentas que entraría en pocas horas al Parlamento traería varios artículos modificativos de la Ley 20.383.
Con 14 disposiciones en esa línea, el Poder Ejecutivo apuntó contra la “extranjerización” y la “concentración” de los medios audiovisuales de comunicación. A sabiendas de que buena parte de la oposición puede esgrimir críticas desde un plano ideológico –y ahora con la novedad de que la coalición no votará la rendición en general–, en el gobierno apostaron en un inicio a Cabildo Abierto como un posible socio para esas medidas, según contaron a El Observador fuentes políticas al tanto del proceso.
Guido Manini Ríos, quien ya abrió la puerta a que su partido conceda al oficialismo los dos votos que le faltan en Diputados para aprobar su Rendición de Cuentas, también esbozó su inclinación a dar la discusión sobre la Ley de Medios. “Estamos estudiando bien qué consecuencias pueden tener esos cambios. Nosotros nos sentimos con las manos libres por más que hayamos votado la ley”, dijo el general retirado a El Observador.
Luego de que el tema estuviera trancado buena parte de la legislatura anterior, Cabildo le otorgó al gobierno de Lacalle Pou los votos faltantes para aprobar su Ley de Medios. Esta norma venía a reescribir la ley impulsada durante la administración de José Mujica, calificada de “hiperreglamentarista” por blancos, colorados e independientes y contra la que llovieron recursos por parte de los medios afectados.
Recién en mayo de 2024, a dos semanas de las elecciones internas y tras varios cruces internos, Manini dio luz verde a la coalición para aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo a cambio de que los socios acompañen un aditivo contra el que se habían resistido durante el período: se establecía “el deber” de los medios de asegurar una “comunicación política completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada", "obligación" que "comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político".
El polémico artículo generó un revuelo tal que los diputados del Partido Colorado condicionaron su voto final a la palabra de Lacalle Pou de que vetaría esa disposición. La ley se aprobó y en agosto el mandatario cumplió: vetó el artículo 72 de la discordia bajo la premisa de que establecía “una obligación incompatible con la libertad de expresión”.
“Para hacer aquella votación nosotros agregamos un artículo y se accedió a eso”, recordó Manini Ríos para esta nota. “Y después de lo que se nos dijo y de que lo votamos, se vetó ese artículo. Esa jugada a nosotros no nos gustó nada y nos deja las manos libres por si ahora apoyamos estos cambios”, sentenció.
Durante la negociación parlamentaria de la coalición el período pasado, Cabildo Abierto planteó varios reparos a la posible “extranjerización” de los medios y a la cantidad de licencias que se buscaba autorizar para operadores de radio y televisión.
Manini Ríos mantuvo la pulseada hasta el último día, cuando frenó una votación decisiva en el Senado luego de que la candidatura de Álvaro Delgado, exsecretario de la Presidencia, tuviera un spot de cinco minutos en horario central el domingo por la noche en Canal 4.
Tras pedir que primero se blindara la ley de Financiamiento de Partidos Políticos, el entonces senador cabildante acusó directamente: "Hay un despliegue obsceno de determinadas corrientes o sectores políticos que están haciendo una demostración de poder económico y de recursos que parece casi infinito (...). Le puedo decir que un partido como Cabildo Abierto, con sus limitados recursos, jamás va a tener una pauta de cinco minutos en horario central".
Las modificaciones que se proponen
El artículo 176 modifica las características de las licencias para operar medios de comunicación audiovisual y establece una limitación para que sus titulares no se transformen en un “arrendador de espacios”. “Si no tiene la capacidad para cumplir con el servicio, tendría que renunciarlo para otorgar la posibilidad a quienes estén interesados en prestarlos y cumplan los requisitos legales, evaluados por la correspondiente autoridad”, dice la justificación enviada por el gobierno.
El siguiente artículo busca evitar que quienes no estén utilizando el espectro puedan “negociarlo por venta o donación a un tercero”, mientras que el 178 agrega que solo podrán “emplearlo para la finalidad dispuesta en las respectivas autorizaciones”. Lo que se impide, en este sentido, es el arrendamiento de las emisoras buscando limitar la concentración mediática vía cesión total o parcial de la gestión y programación de una emisora.
En otro de los artículos, el gobierno refuerza los requisitos de acreditación de fondos en las transferencias con el objetivo de evitar el uso de “dinero ilegítimo” y vuelve a pedir “ciudadanía legal” en lugar de la residencia para ser titular de medios. El artículo 182, a su vez, elimina la posibilidad de que varias personas tengan menos de un 10% del capital accionario de los medios para burlar las normas de limitación de concentración.
El Ministerio de Industria marcó al respecto que los criterios actuales son insuficientes para “identificar el control real de las licencias”, ya que “se asocian varias personas con un 9,99% de capital accionario y no tiene límite la cantidad de licencias que pueden tener, burlando de esa manera la norma que limita la concentración”.
El proyecto retoma además la exigencia de transparencia sobre la propiedad de las empresas de TV cable para poder efectuar efectivamente los controles anti-concentración y habilita un “período de gracia” de 6 meses para regularizar las transferencias que se hayan realizado sin autorización requerida en la norma vigente.
Esto se hace porque “existirían transferencias” que no cumplen con la obligación de contar con su autorización, algo que la ley transforma en nulos, por lo cual el Poder Ejecutivo “no puede regularizarlos”. El objetivo de la intervención es que “queden regularizados los titulares de todos los servicios, que no estén operados por personas desconocidas y de las cuales no sabemos si cumplen o no con los requisitos para ser titular”.
Además, el gobierno entiende que la normativa actual “impide que el Poder Ejecutivo pueda observar un negocio” de licencias de medios si este viola los topes a la concentración, limitándose a un informe vinculante de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec). El MIEM sostiene que así “se le otorga mayor poder de decisión a Ursec que al Poder Ejecutivo” y propone que sea este quien tenga “facultad para negar licencias cuando haya concentración indebida”, dado que es la autoridad que otorga la licencia.
