El veto al artículo 72 de la Ley de Medios se trata del tercero que realiza el presidente a iniciativas propuestas por Cabildo Abierto
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, vetó este jueves el artículo 72 de la ley de medios que había sido propuesto por Cabildo Abierto y que establecía el "derecho" a la "comunicación imparcial" de los programas periodísticos sobre política.
Este veto del presidente no es el primero ante una ley completa o planteada, en parte, por integrantes de Cabildo Abierto.
El proyecto de ley, pensado para limitar los suelos de producción forestal, propuesto por Cabildo Abierto fue de los primeros temas que generaron rispideces entre el partido liderado por Guido Manini Ríos y el gobierno. A fines de 2020 el proyecto fue aprobado en Diputados con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, que –pese a estar en bandos diferentes– se unieron en determinadas oportunidades para lograr los votos necesarios para aprobar una ley.
En 2021, la aprobación final en el Senado llevó su tiempo de negociación. El ministro de Ganadería, Fernando Mattos, había mostrado su negativa. Luego, el mismo Lacalle Pou anunció que si el proyecto se aprobaba, lo vetaría totalmente.
Dicho esto, el proyecto se aprobó en diciembre de 2021 nuevamente con los votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Días después el presidente de la República lo vetó, no sin antes reunirse con Manini Ríos. "El Poder Ejecutivo tiene la misma libertad de vetar un proyecto de ley que considera inoportuno. Voy a desdramatizar", aseveró Lacalle Pou en ese entonces.
"Le manifestamos nuestra posición de por qué entendemos que es un error observar este proyecto de ley, aprobado en el Senado y, en definitiva, aprobado por la mayoría de los representantes del pueblo uruguayo", señaló por su parte Manini a la salida de la reunión con Lacalle.
El 29 de diciembre la Asamblea General sesionó para tratar el veto. Con mayoría especial de tres quintos el veto se podría haber levantado, pero Cabildo y el Frente Amplio no llegaron a los votos.
En la Rendición de Cuentas votada en 2023, Cabildo Abierto presentó un artículo, el 636 del proyecto, que inhabilitaba al fiscal de Corte y a los fiscales penales a hacer política partidaria por determinado tiempo una vez que dejaran la Fiscalía.
El artículo señalaba que el fiscal de Corte y su adjunto estarían inhibidos por tres años desde su cese de intervenir “en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros”. En el caso de los “fiscales con competencia en materia penal” la inhibición era por un año.
El veto de Lacalle Pou a ese artículo de la Rendición fue parcial y actualmente las disposiciones rigen solo para el fiscal de Corte.
Pese a que la inhibición de los fiscales se acordó en el Senado y tuvo el respaldo oficialista, algunos diputados de la coalición ya habían marcado su diferencia con el texto. El diputado cabildante Sebastián Cal no votó el proyecto cuando volvió a la cámara baja, actuando como tercera instancia donde no se puede desglosar por artículo, porque, entre otras cosas, no compartía ese artículo.
Y en la misma línea se expresó el diputado blanco Juan Martín Rodríguez a pesar de que sí votó el proyecto. "Confiamos en el presidente de la República al momento de la promulgación de esta norma para que tome las medidas que tenga que tomar", dijo en sala.
Según fundamentó Lacalle Pou en el veto, las competencias y funciones administrativas atribuidas al fiscal de Corte y su adjunto diferían “sustantivamente de las encomendadas a las Fiscalías con competencias en materia penal”.
Lacalle subrayó que en el caso de los fiscales penales no se visualizaban "cuáles eran "las razones de interés general" que justificaran "una limitación a un derecho constitucionalmente protegido, como lo es el derecho al trabajo” por lo que no resultaba "conveniente" ni ameritaba "que se disponga la misma restricción de derechos protegidos constitucionalmente a quienes se encuentran en situaciones diferentes”.
El último veto a un artículo propuesto por Cabildo se dio este jueves con el artículo 72 de la nueva Ley de Medios. Había sido votado en principio por la coalición en el Senado luego de un acuerdo con Cabildo Abierto para introducirlo en el texto final como aditivo. Se trataba de una aspiración que Guido Manini Ríos habías sostenido a lo largo del período para garantizar el "derecho de los ciudadanos" a una "comunicación política" "imparcial", "seria", "plural y equilibrada" que "comprende a todos los programas y espacios" sobre temas de política.
El texto sostenía que los medios "tienen el deber de brindar" contenidos bajo estas condiciones, lo que había sido rechazado por varias organizaciones y comunicadores como una eventual violación a la libertad de expresión.
En Diputados la votación se dilató, justamente porque el Partido Colorado no estaba afín con ese artículo. Finalmente señalaron que aprobarían el proyecto con la "convicción" de que Lacalle Pou vetaría el artículo, algo que el presidente hizo este jueves.
La ley de Medios fue discutida durante todo el período debido a que los socios de la coalición no lograban ponerse de acuerdo en un texto final para reformar la ley promulgada en el último período de gobierno del Frente Amplio.
Si bien el proyecto de ley para cubrir los créditos laborales adeudados a exfuncionarios de Casa de Galicia fue propuesto por el Frente Amplio y el senador nacionalista Sergio Botana, Cabildo Abierto votó junto a ellos el proyecto en ambas cámaras.
La tensión entre Lacalle Pou y Cabildo Abierto se dio una vez que el presidente vetó parcialmente la ley en octubre de 2023. ¿Por qué? Porque el decreto del veto había ido a la Asamblea General con la firma de todos los ministros, incluido los del Cabildo Abierto. Pese a eso, legisladores cabildantes se unieron al Frente Amplio para intentar levantar el veto, aunque no tuvieron éxito.
Ante eso el presidente de la República se comunicó con los ministros de Cabildo Abierto (Raúl Lozano, de Vivienda, y Karina Rando, de Salud Pública) para señalarles que su partido no los había respaldado políticamente.
Manini Ríos discrepó con esas declaraciones del presidente, que habían sido publicadas por El Observador y dijo que los ministros tenían el respaldo político del partido.
"Lo mismo se podría decir cuando se remitió el proyecto de ley de reforma de la seguridad social que fue con las firmas de los ministros y después lo cambiamos en al Parlamento. O cuando se remitió la ley de presupuesto que fue con un articulado y salió con otro. Siempre hay posiciones en el Parlamento que pueden no coincidir con las que se conversan a nivel Poder Ejecutivo. Los ministros de Cabildo Abierto tienen el respaldo político de Cabildo Abierto", dijo Manini Ríos a Informativo Sarandí (radio Sarandí).
