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Rando dijo que mantener veto de Lacalle Pou sobre Casa de Galicia era lo "más conveniente"
La ministra de Salud Pública, Karina Rando, respaldó el veto del presidente Luis Lacalle Pou a la ley aprobada en el Parlamento para cubrir los créditos laborales de exfuncionarios de Casa de Galicia. Esto a pesar de que los legisladores de su partido, Cabildo Abierto, alzaron sus manos junto al Frente Amplio (FA) para intentar levantar el veto, algo que no se ejecutó debido a que faltaron votos.
Tal como informó El Observador este jueves, el posicionamiento de la bancada cabildante motivó comunicaciones entre el presidente Lacalle Pou (desde Brasil) con los ministros Raúl Lozano, de Vivienda, y Rando. A ambos les transmitió que su partido no los había “respaldado políticamente”, ya que el veto parcial fue al Parlamento con la firma de todo el Consejo de Ministros.
"Es verdad, me llamo el presidente para avisarme que iba a haber declaraciones respecto a una cosa y otra, pero el presidente está conforme con mi trabajo", dijo la ministra al ser consultada sobre el tema en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).
Lacalle Pou optó por la comunicación con los ministros en parte dado que interrumpió las conversaciones con el líder cabildante, Guido Manini Ríos, tras el incidente por la entrega de viviendas a militantes de su partido que desembocó en la salida de Irene Moreira del gabinete.
Desde entonces, el vínculo se realiza a través de los ministros o mediante el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
"Las diferencias entre el presidente y Cabildo Abierto, y específicamente el líder de Cabildo Abierto, es un tema que está más en otra órbita. En una órbita política", dijo Rando sobre el distanciamiento entre Lacalle Pou y Manini Ríos.
"Por otro lado, el senador Guido Manini Ríos, también está conforme con mi trabajo", comentó la ministra, que consideró que era "más conveniente la iniciativa del Poder Ejecutivo", es decir el veto presidencial.
En la pasada jornada la Asamblea General no logró alcanzar los tres quintos en ambas cámaras para levantar el veto a la ley aprobada en el Parlamento, la cual incluía que el gobierno debía pagar US$ 30 millones (más de $600 mil o 105 mil unidades indexadas por trabajador).
