Cuando China llevaba detectado los primeros casos del “coronavirus”, pero todavía no se había instalado la pandemia como tal, el gobierno electo de Luis Lacalle Pou comenzaba las conversaciones con las universidades privadas para actualizar la normativa que las rige. Casi cinco años después —burocracia jurídica y pandemia mediante—, Uruguay decretó algunos cambios que empiezan a regir desde el próximo enero.
Las maestrías, por ejemplo, siguen requiriendo una carga horaria mínima de 500 horas, pero ahora pueden impartirse en un solo año. Deja de ser obligatorio el requisito de dos años, como establecía el decreto de hace una década.
Este era un viejo reclamo de los rectores de las universidades privadas, quienes cuestionaban la falta de competencia de Uruguay frente al resto de países que ya permitían maestrías full time y cortas.
Para el ingreso a esas maestrías —o a los posgrados en general— ya no será requisito indispensable contar con un título de grado reconocido en Uruguay, sino que vale una acreditación de conocimientos equivalentes (por ejemplo, un título que no existe en el país o bien la notoria experiencia acreditada).
La nueva normativa también contempla la doble titulación en carreras que se cursan en distintas universidades. Y establece: “Las asignaturas cursadas en el marco de programas de doble titulación no requerirán reválida”.
El decreto-ley que sentó las bases de la educación terciaria privada era del fin de la dictadura. Y sus reglamentaciones ya contaban con tantos años que ni siquiera tenían definida la enseñanza híbrida. Por eso en la nueva documentación se explica que las carreras pueden dictarse de manera presencial, virtual sincrónica (con el docente y los estudiantes conectados en simultáneo), o asincrónica en que cada alumno cursa a su ritmo. El único matiz es que “no se reconocerán carreras que tengan más de un 33% (un tercio) del total de horas en modalidad virtual asincrónica”, como había informado El País.
Uno de los cambios más polémicos que introdujo la nueva normativa es la autonomía de las universidades privadas con más de dos décadas de existencia y que no hayan recibido observaciones graves. Bajo esta nueva reglamentación, la Universidad ORT Uruguay, la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo, Universidad de la Empresa y Claeh podrán solicitar una autorización definitiva que les permita cambiar modalidades, planes de estudio, cambiar el nombre del título final o incluso crear nuevas orientaciones sin tener que contar cada vez con el aval del MEC (sino haciendo la actualización cada cinco años).
Las privadas “con más de 20 años” pasarían entonces a parecerse más a la autonomía de la Udelar.
Facilitan llegada de universidades extranjeras
El diputado nacionalista Diego Echeverría había presentado un proyecto de ley que no prosperó: facilitar la instalación de universidades extranjeras. Su propuesta, que no prosperó, había sido mal vista por las universidades locales (públicas y privadas) que entendían se estaba dejando “sin control” y con capacidad de pérdida de calidad al sistema universitario nacional.
El nuevo decreto toma en parte aquella discusión: a las universidades extranjeras se les piden los requisitos mínimos que a cualquier institución local, pero se flexibiliza “un poco” los requisitos que regían desde hace diez años.
Ahora no es necesario que más de la mitad del “directorio” sea ciudadano natural o legal uruguayo, sino que basta con solo dos quintos. No hay exigencia idiomática (antes se pedía español) ni la contratación específica de docente uruguayos.
Sí les piden que “dicten al menos una carrera de grado, maestría o doctorado en forma enteramente presencial en el territorio nacional, y cuenten con una sede física que sea de uso exclusivo de la institución y apta para el desarrollo de sus actividades”.
Según supo El Observador, solo una universidad extranjera está avanzada en su llegada a Uruguay: la Universidad del Atlántico Sur.
