Desde antes de asumir, el ahora ministro de Trabajo, Juan Castillo, fue crítico con el régimen de certificaciones médicas para los funcionarios públicos aprobado durante la administración de Luis Lacalle Pou. Una vez en el gobierno, y ante una sugerencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por un reclamo presentado por el sindicato de los funcionarios públicos, el gobierno convocó a un ámbito de conciliación para revisar el sistema.
Los sindicatos insistieron desde el inicio en suspender el régimen que se estaba aplicando desde 2024 pero el gobierno al principio se negó. Sin embargo, tras varias idas y vueltas, con amenazas de insistir ante la OIT, el Poder Ejecutivo decidió ceder y suspendió la aplicación del nuevo régimen hasta alcanzar un nuevo acuerdo.
A fines de agosto, el gobierno y los sindicatos lograron ponerse de acuerdo y el proyecto de Presupuesto que está a estudio del Parlamento incluyó las modificaciones acordadas.
La más conocida es que la cantidad de días de licencia por enfermedad con los que contarán los funcionarios públicos pasará de 9 a 12 por año. Si un trabajador se certifica por enfermedad (cualquiera sea) tendrá 12 días en los que seguirá cobrando su salario. A partir del decimotercer día pasará a cobrar un subsidio del 75% del salario. Hasta antes de los cambios introducidos por la administración anterior, los funcionarios públicos cobraban siempre el 100% del salario mientras que el régimen del sistema privado establece que los primeros tres días no se cobra nada y a partir del cuarto el subsidio es de 70%.
Pero el proyecto introduce otros cambios. Uno de ellos es que el nuevo régimen se aplicará a más funcionarios. La ley vigente hacía obligatorio el sistema solo para los trabajadores del Poder Ejecutivo (menos los del servicio exterior en misión en el extranjero), los del Poder Judicial (con excepción de magistrados y defensores públicos), los de Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y servicios descentralizados (menos para los fiscales). Para el resto de los organismos es opcional.
Sin embargo, la propuesta de este gobierno es aplicarlo para la administración central y todos los organismos de los artículos 220 y 221 de la Constitución (todos los servicios descentralizados y entes autónomos) a excepción de la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y la UTEC.
Frente a estos cambios, tanto el diputado colorado Conrado Rodríguez como el blanco Pablo Abdala advirtieron que si estos artículos no se aprueban con mayoría especial no se podrán aplicar a los entes autónomos.
Además, el proyecto incluye algunas modificaciones respecto a las enfermedades que no estarán contempladas por el nuevo sistema (y por lo tanto el funcionario seguirá cobrando el 100% del salario).
La ley vigente establece que quedarán exceptuadas las inasistencias por enfermedad como consecuencia de “accidentes laborales, enfermedades profesionales de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, enfermedades que están enmarcadas en las alertas sanitarias del Ministerio de Salud Pública ante situaciones epidemiológicas específicas dispuestas por el Poder Ejecutivo, enfermedades vinculadas al embarazo o que pongan en riesgo a la madre o al feto, enfermedades invalidantes que conlleven tratamientos prolongados inhibitorios de la actividad inherente al cargo o función”
A ese listado, la propuesta del actual gobierno agrega “enfermedades padecidas” durante el embarazo y las enfermedades de salud mental. De todos modos, la especificación de estos cambios se deberá detallar en la reglamentación.
“En el convenio (con el sindicato de funcionarios) se establece proteger también otras formas de maternidad, como es el caso de las mujeres que están recibiendo tratamiento de fertilización asistida o gestación subrogada”, explicó en el Parlamento Óscar Aguirre, integrante de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).
Más allá de que los detalles estarán en la reglamentación, el director de la ONSC, Sergio Pérez, adelantó que para fijar las enfermedades de salud mental que quedarán exceptuadas del nuevo régimen van a tener en cuenta lo que plantea la Guía TER (Tiempos Esperados de Recuperación). Aguirre profundizó que serán aquellas que requieren de un “tratamiento estructurado y orgánico”.
“Son enfermedades graves, debidamente certificadas por un especialista y de acuerdo con la guía TER; serían enfermedades cuyo tratamiento trasciende los treinta días. Incluso, muchas veces, este tipo de patologías implica internación”, agregó.
Desde la oposición cuestionaron que el gobierno no estaba aplicando una ley vigente (recién este miércoles se firmó el decreto para suspender su aplicación) pero celebraron que se ratifica un sistema impulsado por la gestión anterior. "Bienvenidos los tres días de licencia que se agregan y la ratificación del sistema, pero para eso no era necesario incumplir con la ley", escribió el diputado blanco Pablo Abdala.
Los cambios a la carrera
Durante toda la pasada administración, el entonces director de la ONSC, Conrado Ramos, insistió con la necesidad de reformar la carrera funcional en la administración pública. Lo intentó en el proyecto de ley de Presupuesto y en cada una de las siguientes rendiciones de cuentas pero sin mayor éxito.
Fue recién en la rendición de cuentas de 2022 (aprobada en el segundo semestre de 2023) que el gobierno recogió los planteos de Ramos y los introdujo en el articulado. Sin embargo, no se le asignó presupuesto y su implementación quedó para el gobierno siguiente. Los cambios permitían mayor movilidad dentro de la administración pública, la identificación de las tareas de cada función y un sistema de evaluación, entre otros cambios.
Sin embargo, como era previsible, este gobierno no va a aplicar los cambios introducidos por la administración anterior. “Durante el período pasado se impulsó una transformación profunda, basada en la migración masiva hacia un nuevo sistema de carrera por ocupaciones. Ese modelo no generó las certezas necesarias para ser implementado”, dijo Pérez en el Parlamento y recordó que no se le asignó presupuesto.
“Más allá de las dudas razonables sobre su diseño, el determinante para no haberse implementado o comenzado a implementar fue que no se le asignara presupuesto”, señaló y agregó que para que sea “legítima” deberá contar con la participación de COFE.
