El artículo 1° del proyecto aprobado en comisión –con mayoría del Frente Amplio– crea el régimen especial de comercio en las zonas fronterizas “mediante el cual se podrá importar definitivamente determinadas mercaderías exentas del pago de tributos y paratributos, incluidos el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Específico Interno”. Este nuevo régimen, de aprobarse el proyecto, facultaría al gobierno a aplicarlo en comercios de venta al por menor ubicados en un radio de 60 kilómetros de los paso de frontera terrestre.
El proyecto establece, además, que el Ministerio de Economía determinará la nómina de productos que serán incluidos dentro del nuevo régimen. Cuando la cartera compareció ante la comisión de Hacienda de Diputados, el subsecretario, Martín Vallcorba, adelantó que la idea es comenzar con una lista de 12 productos.
Se trata de pasta de dientes, desodorantes, antitranspirantes, shampoo, jabón de tocador, porotos, lentejas, cocoa en polvo, café, fideos y pastas secas, galletitas dulces, galletas y galletitas saladas y yerba mate. El gobierno defendió esta medida como una forma de “regularizar una situación” que ya sucede en la frontera que es la venta de productos que ingresan de contrabando.
Sin embargo, en la comisión los legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron un sustitutivo –que no reunió los votos necesarios– que agrega que ese mismo régimen permitirá “comercializar productos manufacturados en territorio nacional exentos del pago de tributos y paratributos”, recogiendo así el reclamo de la Cámara de Industrias que cuestionaba cierta discriminación a los productos locales.
La propuesta, a la que accedió El Observador, plantea que aquellos productos que se puedan importar libre de impuestos también se puedan vender en las mismas condiciones si son de producción nacional.
El viernes, la coalición empezó a intercambiar con el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle y con el cabildante Álvaro Perrone para saber si contaba con sus votos para avanzar con la propuesta alternativa en el plenario. Ambos partidos están alineados con el planteo, según pudo saber El Observador.
La oposición ya había solicitado al Poder Ejecutivo que se pronunciara acerca de los planteos de la Cámara de Industrias y el Ministerio de Economía respondió por escrito. “Como comentario general, desde el diseño del instrumento se tuvo siempre en consideración los eventuales impactos sobre la industria nacional, la cual se quiere promover y estimular”, dice el documento al que accedió El Observador.
La cartera agrega que, teniendo en cuenta esa situación, en la lista inicial de 12 productos que se podrán ser importados libre de tributos “no se incluyen aquellos que cuentan con gran producción nacional” como podría ser harina, aceite, azúcar o arroz.
El documento agrega que el Ministerio será “muy estricto” en el monitoreo de la medida y que estará en “contacto permanente con la Cámara de Industrias” para evaluar los efectos de las medidas en la producción nacional.
Desde la oposición, sin embargo, plantean que el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a definir los productos y que si bien los seleccionados pueden no afectar a la industria nacional, en otro momento se pueden seleccionar otros.
Ante la posibilidad de quedar en minoría en el plenario de este martes, desde el Frente Amplio plantearon este lunes por la tarde una nueva redacción del artículo que establece que se realizará un monitoreo sobre el impacto de la medida en la industria nacional. Sin embargo, para la oposición es un cambio "declarativo" que analizarán en la mañana de este martes.
En el oficialismo existe cierta molestia porque entienden que en el período pasado, mientras había una significativa diferencia de precios con Argentina, el Poder Ejecutivo no tomó medidas para paliar esa situación y ahora que el gobierno tiene la iniciativa desde la oposición se plantean dificultades.
En el Frente Amplio manejan incluso la posibilidad de que si la oposición hace valer su mayoría en Diputados, en el Senado, con mayoría frenteamplista, se revierta esa decisión y que al volver a la cámara baja –en su función de tercera cámara– la oposición tendrá que votar el texto porque se acepta o se rechaza de forma completa, sin la posibilidad de realizarle modificaciones. De todos modos, el espíritu es tratar de llegar a un acuerdo.
Más cambios
Otra propuesta que la oposición intentó aprobar en comisión, no pudo y prevé volver a intentarlo otra vez en el plenario es extender la cantidad de kilómetros desde la frontera para definir el ámbito de aplicación de las exoneraciones en las estaciones de servicio. Actualmente existe una reducción del Imesi de 32% (era de 40% hasta el 31 de julio) para las ventas en estaciones que estén a menos de 20 kilómetros de los pasos fronterizos. La oposición pretende extender esa distancia a 60 kilómetros.
Sin embargo, si bien el resto de los diputados aun lo estaba estudiando, la postura de Cabildo Abierto era inicialmente contraria a esta ampliación.
El resto de las medidas
Además de la creación del régimen especial para los comercios de frontera, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo incluye otras disposiciones que tienen el respaldo de todos los partidos y que apuntan a dinamizar la economía de esas zonas.
En el capítulo dos del proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar hasta el 75% de los aportes jubilatorios patronales para nuevos empleados en aquellas empresas que su giro principal sea la “industria manufacturera, el comercio al por menor, minería, alojamiento y servicios de comida, actividades administrativas y servicios de apoyo, artes, entretenimiento y recreación u otras actividades de servicio”. Esas empresas para ser beneficiarias deberán estar a 60 kilómetros de los pasos fronterizos.
El texto establece además que para que se aplique el beneficio tienen que superar el promedio mensual de trabajadores empleados en el semestre inmediato anterior y si la empresa cuenta con más de un local el aumento de trabajadores deberá verificarse tanto al respecto del total de dependientes de la empresa como de cada uno de los locales dentro de las zonas beneficiadas. Esto busca evitar que las empresas despidan y recontraten o que muevan personal de otras zonas del país.
La otra medida que incluye el proyecto es que faculta al Poder Ejecutivo a reducir la tasa del IVA en frontera para las ventas de bienes que cumplan determinadas condiciones: que la operación no sea por más de 2.000 unidades indexadas (unos $ 12.300), que sean realizadas por comercios al por menor ubicados a 20 kilómetros de los pasos de frontera terrestre y que el pago se realice en el local mediante instrumentos electrónicos. El monto de las operaciones mensuales alcanzadas por este beneficio no puede superar el equivalente a 10.000 UI ($ 63.625).
El proyecto también incluye un artículo, propuesto por la oposición, en el que establece que el Poder Ejecutivo promoverá la creación de un Observatorio Nacional de Frontera junto a los gobiernos departamentales y las universidades públicas y privadas para “relevar, analizar y publicar indicadores económicos, sociales y de precios relativos en los territorios fronterizos, al menos con frecuencia semestral, y formular alertas y recomendaciones de política”.
Al mismo tiempo, el texto obliga al Poder Ejecutivo a remitir anualmente un informe sobre “los efectos e impactos territoriales de las medidas aplicadas”.
