Ministra de Vivienda: "En el período pasado el Estado se retiró del territorio; no es que unos seamos buenos y otros malos, son concepciones diferentes de trabajo"

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¿Y para las restantes 16 zonas hay un cronograma?

Eso lo iremos viendo de acuerdo a las posibilidades de poder tomar otro préstamo y de cómo vayamos interviniendo. Pero la idea es continuar, por supuesto.

¿Cómo es el plan en estos cinco barrios iniciales?

Es un abordaje integral. La fortaleza que tiene es la presencia del Estado en territorio. Son acciones de seguridad, de infraestructura en su sentido más amplio –espacios públicos, alumbrado, vialidad–, todo lo que haga a un hábitat más seguro. También tiene mejoramiento de vivienda y puede tener realojos, en caso de que sea necesario para la apertura de una calle. No pasa solo en asentamientos, toca la ciudad formal y la informal, hay diferentes situaciones económicas de las familias, algunas van a poder acceder a microcréditos para la mejora de su vivienda, es una batería de instrumentos. Y también un componente comunitario fuerte. Son los vecinos y las vecinas los que están viviendo esa inseguridad, ese deterioro de sus entornos. Cuando la política pública termina de construirse, los que la sostienen son los vecinos.

En los operativos Mirador se demolieron estructuras que propician el delito, por ejemplo los llamados "Palomares" en Unidad Misiones.

Por supuesto, está todo a considerarse para mejorar esos entornos.

¿En Cerro Norte hay pensada una intervención de ese tipo?

Sería irresponsable si te dijera qué vamos a hacer puntualmente en Cerro Norte, o en Rivera, o en Maldonado. Lo que sí es el objetivo de que el Estado esté presente desde el punto de vista de las acciones sobre seguridad, en la mejora del entorno, para trabajar con la gente y mejorar la convivencia. La ausencia del Estado genera todo lo que no queremos que suceda. Estamos desde el 1° de marzo y desde antes en este programa. Hay equipos técnicos que están trabajando en una caracterización de las problemáticas. Los gobiernos departamentales también tienen un rol fundamental en esto. Vamos a tener en febrero reuniones con los intendentes de estos departamentos, porque así es la manera también de trabajar del ministerio.

¿Qué va a pasar en febrero de 2026? ¿Va a haber un gran operativo con todos los actores cayendo?

Eso dependerá de las zonas. Estamos trabajando con el Ministerio del Interior para definir esas intervenciones de la mejor manera. Cada una tiene sus particularidades. Esas cinco zonas van a estar todas en ejecución en el correr del año. Por supuesto que después se van a sumar otros, como el Ministerio de Desarrollo Social, el INAU y ANEP, porque el foco de este gobierno son las infancias y las adolescencias. Van a estar presentes las maestras comunitarias, los CAIF, los clubes de niños y adolescentes.

¿La continuidad del programa está sujeta a las condiciones económicas que permitan tomar más dinero ese crédito?

Sí, nosotros estamos convencidos que va a seguir, por eso la línea de crédito. Llegaremos hasta que la realidad económica nos lo permita.

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Hace unos meses estuvo en una conferencia con la Cámara de Construcción y Ceres, donde se habló de que erradicar los asentamientos cuesta más de US$ 3 mil millones. Hay 667 asentamientos: ¿hay un objetivo de gobierno de bajar ese número?

Cuando uno habla de reducir asentamientos, hay otra variable que es más importante: las características de esos asentamientos, porque son muy diferentes. Algunos están más consolidados, vas y decís: "Esto no es un asentamiento". Es porque las familias no son propietarias de la vivienda, entonces capaz que lo que necesita es solo ordenar el territorio y llegar a la titularidad. Hay otros que están muy mal, o en áreas inundables y contaminadas. El objetivo nuestro es mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, si nos quedamos solo en bajarlo, nos estamos perdiendo de todo este análisis. No es "vamos a llegar a tantos asentamientos".

Por ejemplo, hay una medida importante de prevención de asentamientos. ¿Por qué nunca llegamos a terminar con esa situación? Tenemos que intervenir para que más gente no termine ahí. Un programa que vamos a desarrollar en el Plan Quinquenal de Vivienda es el alquiler social. Es para familias de ingresos medios-bajos, para que empiece ahora con la Ley de Presupuesto.

¿Hay ya definida una franja de ingresos?

Estamos en esa definición para llegar a quienes más lo necesitan. Son esas familias que alquilan y tienen más del 37 % de sus ingresos comprometidos. Eso obviamente va en detrimento de la salud, la educación, la alimentación. Si podemos aportar con la herramienta de subsidios parciales a que esa familia pueda sostenerse en la vivienda, no va a terminar... cuando la gente no puede pagar, o termina alquilando en el mercado informal o termina en un asentamiento o hacinado en la casa de un familiar.

¿Qué pasa con esos jóvenes que no son de ingresos bajos pero que de igual manera al alquilar tienen buena parte de sus ingresos comprometidos?

Está el programa de Primera Vivienda para atender a esos jóvenes que hoy están un poquito mejor que estas otras familias. Ahí también hay alquiler con opción a compra, ahora se terminó el último sorteo de los 350 préstamos que se otorgaron para todos los departamentos del interior y en conjunto con el Banco Hipotecario se hizo un esfuerzo para bajar los requerimientos y que se requiera de un 5% del ahorro para poder comprar. Eso habilita a que esas familias que no pueden ahorrar, pero sí pagar, puedan acceder a soluciones.

En Vivienda hay mucho de política de Estado. Este gobierno, por ejemplo, decidió continuar con la Dinisu, que se creó el período pasado. ¿En qué se va a notar que hay un gobierno de izquierda?

Ya la Ley de Presupuesto es de un gobierno de izquierda, cuando hacés foco en las infancias, en la salud, en la seguridad, en la educación, en la población vulnerable. En el período pasado el Estado se retiró del territorio. No lo decimos nosotros, lo dice la gente que está ahí. No es que unos seamos buenos y otros malos, son concepciones diferentes de trabajo. Desde el lugar que nos paramos, nosotros entendemos que la presencia en territorio es fundamental, que el trabajar con los vecinos y las vecinas sobre las necesidades de la gente... No quiero decir que antes no se escuchaba, pero el escuchar de esta manera hace a un gobierno diferente. No hay que tener miedo a la participación de la gente. No es una asamblea permanente, pero ¿cómo no le vamos a dar voz a la gente que vive los problemas que queremos solucionar? No hay política pública que funcione si no le damos participación a la gente.