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10 de enero 2026 - 5:00hs

Era el 12 de octubre de 1983. Romeo Pérez Antón —uno de los cientistas políticos clave en el estudio de la transición hacia la democracia en Uruguay— lo recuerda al detalle. Era fecha patria para los españoles y el embajador del momento había hecho un festejo en su residencia con cientos de invitados. Entre mozos que pasaban con bandejas de canapés y algún que otro bocado con sabor más madrileño, unos pocos se apartaron —por convite del diplomático— y fueron a una habitación contigua. Allí se vieron las caras los tres jefes de la entonces Fuerzas Armadas y algunos de los posibles candidatos a la Presidencia de los partidos que no estaban proscriptos.

Aquella anécdota fue para Pérez Antón una demostración de cómo los procesos de transición hacia una democracia dependen muchas veces de impulsos exteriores —llámesele potencias, iglesias y hasta la masonería—, de decenas de encuentros tras bambalinas y cambios lentos. Muy lentos.

En Uruguay, según el experto, fueron al menos nueve años de transición. Comenzó el último domingo de noviembre de 1980 cuando los militares perdieron —y aceptaron el resultado— del plebiscito, y finalizó en 1989 (cuando en las elecciones ya no habían partidos ni candidatos proscriptos y el Parlamento era una verdadera representación del voto ciudadano libre).

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¿Venezuela puede aprender algo de ese proceso tan distante? Esto responde Pérez Antón en una entrevista con El Observador.

¿Venezuela inició su transición hacia una democracia?

Por ahora es más una expectativa generalizada que una afirmación. El aparato de la dictadura venezolana parece estar todavía demasiado íntegro —por más concesiones como la liberación de algunos presos políticos—, y la duda está en saber si solo asistimos a un cambio gerencial a la interna del chavismo.

¿Eso diferencia a Venezuela de cuando Uruguay inició su proceso de transición?

En varios aspectos. La dictadura en Uruguay comienza a ser derrotada en las urnas, con el plebiscito de 1980 a la cabeza. Esa madrugada —a diferencia de los que a veces se piensa— no hubo festejos masivos en las calles. Todavía estaba el miedo y la cautela. Pero incluso los propios partidos políticos y dirigentes uruguayos del momento llamaron a esa calma. Esa es una diferencia clave: en Uruguay los partidos políticos —proscriptos o no— tenían —y tienen— el apoyo popular. Y las Fuerzas Armadas, que eran fuertes, supieron que no tenían ese respaldo del pueblo. En Venezuela no hay un partido opositor con historia consolidada.

En Venezuela no hay un partido opositor con historia consolidada. En Venezuela no hay un partido opositor con historia consolidada.

¿Esa falta de un sistema de partidos fuerte explica, en parte, que la administración Trump hay preferido por ahora mantener a la chavista Delcy Rodríguez?

Esta no es todavía la hora de Edmundo González Urrutia, como tampoco lo es de María Corina Machado. Eso ya va a llegar, pero no es todavía. Ahora prevalece la fuerza de Estados Unidos, de cuyos detalles y arreglos sabemos muy poco. Trump ya inició reuniones con empresas petroleras dispuestas a explotar el hidrocarburo, lo que habla de pasos administrativos concretos, eso que en la vieja diplomacia va convirtiendo a Venezuela en un protectorado. No sabemos qué va a pasar el día después, pero la historia de la mayoría de transiciones demuestra que poco a poco se conforman partidos y llegado el caso hay elecciones.

Esta no es todavía la hora de Edmundo González Urrutia, como tampoco lo es de María Corina Machado. Eso ya va a llegar, pero no es todavía. Esta no es todavía la hora de Edmundo González Urrutia, como tampoco lo es de María Corina Machado. Eso ya va a llegar, pero no es todavía.

¿Venezuela puede aprender algo —positivo o negativo— de la salida de la dictadura en Uruguay?

Lo más positivo —paradójicamente— parece negativo: el proceso de transición en Uruguay fue lento. Empezó en 1980, todavía en dictadura como tal y con el mando de los militares, y acaba cuando en 1989 las elecciones ya son realmente libres. La dictadura uruguaya, incluso yendo a su derrota, era fuerte y hasta compitió con un partido político. Pero comprendió que no tenía el apoyo popular. Y ahí los partidos políticos jugaron un rol clave en la gradualidad: un proceso no es un giro de 180 grados de la noche a la mañana.

El aprendizaje más negativo que dejó la transición en Uruguay, y por ende Venezuela no debería imitar, fue intentar enterrar las violaciones de los derechos humanos.

Aquel viejo slogan de campaña de Julio María Sanguinetti de “el cambio en paz”, aunque ello implique perder en memoria, en justicia, en saber dónde estar los desaparecidos…

Voy incluso un paso más. Es mentira que en Uruguay el cambio fue en paz. Si hay violaciones de los derechos humanos sin juzgar, eso no es vivir en paz. A tal punto que todavía hoy condiciona a la sociedad uruguaya. Es una herida que, sin esa necesaria justicia, no va a cicatrizar.

Si hay violaciones de los derechos humanos sin juzgar, eso no es vivir en paz. Si hay violaciones de los derechos humanos sin juzgar, eso no es vivir en paz.

¿Usted está sugiriendo que en la transición de Venezuela no debería haber ningún tipo de amnistía como sí se negoció (y luego se votó) en Uruguay?

Alguna amnistía tiene que haber, porque de lo contrario el problema no se termina nunca. Pero no puede ser una amnistía en los términos uruguayos. Tal es así que en el primer gobierno de Sanguinetti, el militar Hugo Medina fue ministro durante tres años. Aquí casi que se premió a algunos militares. En Argentina, aunque es cierto que sus Fuerzas Armadas estaban más debilitadas, en términos comparados la transición fue mucho más contundente en juzgar por la vía ordinaria a los principales responsables.

¿Cómo se explica entonces que Líber Seregni —por mencionar el principal líder entonces del Frente Amplio— haya demostrado cierto apoyo a la amnistía como parte de la transición?

Por entonces yo integraba el Partido Demócrata Cristiano que es del Frente Amplio. Mi posición quedó en minoría. Pero comparando con lo que se cuenta ahora, a Sanguinetti se le da un protagonismo de la transición que no es tal. Es una figura central del último medio siglo de Uruguay. Pero el que tenía real peso en el Partido Colorado y fue quien fue a visitar cara a cara a un alto rango militar para la búsqueda de una salida, y ver qué pedían unos y otros, fue Jorge Batlle. Lo hizo después de que fracasaron las negociaciones del Parque Hotel y previo al pacto del Club Naval. De hecho, en el pacto del Club Naval del que tanto se habla, no se mencionó ni una vez el asunto de los derechos humanos. No era el espíritu de los que negociaron y eso como país nos sigue costando muy caro hasta ahora.

Hablando de anécdotas, usted estuvo en aquel copetín de la Embajada de España en que se reunieron dirigentes políticos y militares para acercarse un poco más a un acuerdo. Intermedió, un diplomático que era extranjero. ¿El intervencionismo —directo o indirecto— siempre es clave para la transición democrática?

No sé si llamarle un mal a veces necesario, pero sí el intervencionismo suele estar presente en la mayoría de transiciones y son facilitadores para ello. No son los únicos. Importan los partidos políticos, si es que existen, el aparato de la dictadura, la capacidad que tenga las Fuerzas Armadas, y otros actores como fue la masonería en Uruguay, la Iglesia Católica en Chile e incluso le diré que el periodismo —el buen periodismo que va a fondo y trata de explicar la realidad— son formadores del rumbo de la transición.

El intervencionismo suele estar presente en la mayoría de transiciones El intervencionismo suele estar presente en la mayoría de transiciones

Las dictaduras suelen aprobar normativas que les favorecen. ¿Cómo se negoció en Uruguay los cambios a esas disposiciones y qué podría hacer Venezuela en ese sentido?

No recuerdo que haya sido asunto clave de las negociaciones. Sí hubo una vuelta lo antes posible a la Constitución que no había sido modificada como tal. Pero luego, muchos meses y hasta años después, es el Parlamento electo por la vía democrática el que dice qué sigue en pie y qué no. En Uruguay están vigentes leyes de la dictadura y eso no necesariamente es un problema. El problema sería si seguían en pie los actos constitucionales que hicieron los militares y que fueron descacharrantes. Lo mismo corre para el chavismo.

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