La Fiscalía General de la Nación informó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que del informe presentado por la Comisión Interventora del Casmu que le fue presentado no parten "conductas delictivas" que ameriten la denuncia penal contra las autoridades de la mutualista.
Según informó El País, la fiscal general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero, notificó por escrito el 9 de enero a la exministra de Salud Pública, Karina Rando, que tras la investigación por parte del Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) “no se advierte en principio y sin perjuicio la existencia de presuntas conductas delictivas que fundamenten el registro de una denuncia penal para su eventual investigación”.
El senador por el Partido Nacional Sergio Botana compartió un tuit en el que consideró: "Fiscalía nos dio la razón a los que advertimos de la persecución de la que fue objeto el Casmu por parte del MSP".
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Rando informó al Parlamento que la cartera enviaría toda la información relevada por los interventores de Casmu a Fiscalía para que se investiguen las actuaciones, según dijeron a El Observador fuentes políticas.
Rando compareció ante la comisión de Salud Pública del Senado en diciembre para informar acerca del documento realizado por los tres interventores de Casmu designados por el Poder Ejecutivo. El gobierno decidió intervenir el Casmu a fines de julio de este año. Si bien menciona una cantidad de irregularidades, el informe sugiere no desplazar a las autoridades de la mutualista.
Ante los legisladores, Rando dijo que los interventores detectaron desvíos a normativas vigentes e incumplimientos estatutarios. También apartamientos al Reglamento de Compras así como otras observaciones en adquisiciones y pagos que implican perjuicios para la mutualista.
Incluso, el resumen presentado por la ministra de Salud Pública a los senadores y diputados dice que "si las autoridades de CASMU IAMPP no toman responsablemente medidas de reducción del gasto, para lograr un equilibrio económico, el desfinanciamiento continuará aumentando, las necesidades financieras también lo que colocará a la institución en situación de riesgo asistencial inminente, ante la no obtención de más financiamiento externo por falta de garantías, y posibilidad de que los proveedores no quieran vender más sin expectativas claras de pago, o a plazos tan extensos o que la propia institución no pueda hacer frente a salarios y aportes".
