El acuerdo que la empresa República Ganadera puso a consideración de los damnificados, y que promete el pago de la deuda en 9 años, no alcanzó las mayorías necesarias para ser aprobado. La síndico Zamira Ayul le entregó a la jueza María Constanza Farfalla el informe en el que verificó que "no se han alcanzado las mayorías legalmente requeridas", según consta en el decreto publicado este miércoles al que accedió El Observador.
De todos modos, el plazo para que se sigan presentando adhesiones de inversores sigue corriendo hasta la celebración de la junta de acreedores, fijada por la jueza para el 6 de noviembre, que decidió aplazarla haciendo lugar al pedido del abogado de República Ganadera en el concurso. Fue por ello que en el mismo decreto, la jueza dispuso que se le entreguen las "nuevas adhesiones presentadas" a la sindicatura.
Si llegado ese día la empresa logra reunir firmas que superan el 50% del crédito, se tendrá que suspender la junta. En caso de que eso suceda y una mayoría se presente a favor del convenio, se desconoce que posición tomará la jueza: si aceptará el plan o lo rechazará igualmente teniendo en cuenta que Ayul le entregó otro informe a fines de setiembre, en el que opinó que el plan de la empresa "es inviable".
La jueza Farfalla le había pedido a Ayul que le entregara un informe sobre si se había logrado reunir la mayoría de las adhesiones y la síndico entregó el informe este lunes, día en que se vencía el plazo.
Si no se llega a las mayorías exigidas por la ley concursal (Ley N°18.387) se deberá avanzar sobre la liquidación de la empresa, vendiendo sus activos en pública subasta y al mejor postor.
El informe de setiembre la síndico evaluó que el sistema productivo propuesto en el plan propone resultados "imposible" de alcanzar para recuperar la deuda de la empresa que asciende a US$ 95 millones.
A juicio de Ayul “no se podrá cumplir con la devolución del capital en el plazo que estipula el plan a los acreedores de RG y se volvería a incurrir en un fracaso como lo fue el fondo originario”.
Concretamente señaló: "Se plantean rentabilidades muy altas, difíciles de lograr -nos atrevemos a decir imposible de alcanzar- en negocios fuera de la ganadería y menos aún dentro de esta”.
Consideró además que el convenio parte de un saldo inicial de los activos de República Ganadera que “no es real” y “está sobrevaluado en US$ 9 millones”.
A ello se agrega que desde que Ayul entregó ese informe hasta ahora, la jueza ha autorizado la venta de ganado que estaba en poder de República Ganadera. Concretamente, el 20 de octubre se remataron 2.876 vacunos, con lo cual ha bajado aún más el activo que tenían para lanzar el plan productivo.
