La síndico del concurso de República Ganadera, Zamira Ayul, presentó un informe a la jueza María Constancia Farfalla en el que opinó que la propuesta de reorganización que la empresa le propuso a los damnificados es "inviable".
Mientras tanto, sigue corriendo el plazo para que la empresa reúna una mayoría que supere el 50% con la que puedan suspender la Junta de Acreedores fijada para el 30 de setiembre a las 14 horas. En caso de que eso suceda y una mayoría se presente a favor del APR (acuerdo privado de reorganización) se desconoce que posición tomará la jueza y aceptará el plan o lo rechazará igual, apoyada en la opinión de la síndico.
El informe de Ayul, al que accedió El Observador, evaluó que el plan de reorganización "es inviable como sistema productivo" porque propone resultados "imposible" de alcanzar para recuperar la deuda de la empresa que asciende a US$ 95 millones.
A juicio de Ayul “no se podrá cumplir con la devolución del capital en el plazo que estipula el plan a los acreedores de RG y se volvería a incurrir en un fracaso como lo fue el fondo originario”.
Concretamente señaló: "Se plantean rentabilidades muy altas, difíciles de lograr -nos atrevemos a decir imposible de alcanzar- en negocios fuera de la ganadería y menos aún dentro de esta”.
El plan de negocios presentado plantea una Tasa Interna de Retorno (TIR) de entre el 28% y el 30% del capital inicial que es de US$ 11 millones para poder obtener en 9 años cerca de US$ 100 millones, cifras que Ayul consideró "muy optimistas" y que en la actualidad mundial solo se obtiene en sectores o "start up" muy específicos.
Consideró además que el convenio parte de un saldo inicial de los activos de República Ganadera que “no es real” y “está sobrevaluado en US$ 9 millones”.
Advirtió que existe una "alta probabilidad" que con la creación del Fideicomiso, que administrara la empresa, la DGI califique a los contratos como de naturaleza jurídica financieros y al Fideicomiso como la sucesora de la empresa concursada, trasladándole solidariamente las contingencias fiscales del IRPF de los intereses no retenidos ni pagados por los inversores.
Ayul expresó que “parece ilógico, ambicioso y principalmente irreal” pensar que República Ganadera vaya a lograr recuperarse planteado una tasa retorno interna de entre el 28% y el 30%, cuando llegó a la actual situación por el fracaso de fondos ganaderos que no pudieron sobrevivir pagando retornos del 8-10-12%”.
Sobre el sistema a implementar -cría vacuna- la sindico evaluó que parece ser el adecuado por la zona en que se va a desarrollar pero para que den resultados requieren un cuidado y seguimientos importantes. "Es un sistema que tiene pocas alternativas en momentos de crisis forrajera (sequía o falta de forraje)", señaló y agregó que esa fue la situación que ya transitó República Ganadera en la sequía y que la propia empresa menciona en su memoria explicativa como una de las causantes del estado de insolvencia.
La síndico consideró como errores del proyecto que se afirme que toda vaca que se preña deja un ternero, así como la tasa de preñez que se maneja del 73% en la mayoría de los años y afirmó que las pérdidas pueden ubicarse fácilmente entre un 10% a 15% en muchos establecimientos del país, lo que no es tenido en cuenta.
Mencionó también que el plan se utilizó tomando los precios actuales, en lugar de utilizar valores promedio de los últimos años, lo cual “parece arriesgada a la hora de hacer un plan” teniendo en cuenta que estamos en un muy buenos precios ganaderos, segundo pico de precios de los últimos diez años.
La síndico afirmó que los valores que se plantean a un costo anual de 21,8 a 30 anual, “parecen estar subestimados para un escenario con presencia de garrapata general” ya que este parásito se ha transformado en una amenaza para la producción ganadera.
"Se subestima y se simplifica en exceso a la producción ganadera del país, donde los casos de éxito son muy pocos y a base de mucho trabajo, esfuerzo y años de dedicación", señaló.
Por otra parte, se minimizan riesgos como sequía, sanidad, variación de precios, que "podrían desestabilizar el plan", lo que perjudicaría a los acreedores firmantes y no firmantes del acuerdo.
Ayul mencionó que los propios creadores del proyecto, el contador Juan Vidella y el ingeniero agrónomo Leonel Aguirre, afirmaron en entrevistas radiales que si no se cumplen los objetivos propuestos en dos o tres años se puede liquidar el fideicomiso y devolver a los inversores parte del capital, lo que da la pauta de que "no son muy optimistas en su propio planteo".
