Alberto Iglesias escuchaba atentamente la lectura de la sentencia por parte de la jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera con la que se cerró el juicio de Casa de Galicia que se había iniciado el 17 de julio. Cuando la magistrada adelantó que lo condenaría por apropiarse de los US$ 180.000 y no haber podido demostrar que el dinero ingresó a la mutualista, intercambió miradas y gestos de desaprobación con su hermano, sentado en la primera fila de la sala de audiencias de los juzgados de Juan Carlos Gómez. Se alegró cuando, más tarde, la jueza descartó imputarle la insolvencia societaria fraudulenta y afirmó por lo bajo: "50% y 50%".
Al terminar la audiencia señaló estar conforme con el fallo pero anunció que su defensa -Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez- apelará la sentencia porque es inocente y sabe que la ganará. "Si no es en el Tribunal de Apelaciones, la ganaré en la Suprema Corte", asegura y agrega: "Desde ahora les empezaré a devolver todas las cortesías al Partido Nacional y a (Luis) Lacalle", dice en relación a que el pasado gobierno decidió intervenir Casa de Galicia, lo que desembocó en el cierre y liquidación de la mutualista.
Iglesias está convencido de que en el gobierno “había una predisposición de afectar y lograr liquidar Casa de Galicia", como dijo en el juicio. Ahora asegura que va a demostrar que eso fue así y que una vez que obtenga una sentencia favorable iniciará varios juicios.
El fiscal Gilberto Rodríguez dijo que evaluará junto a su equipo si apelan la sentencia.
Los argumentos de la jueza para condenarlo por apropiación indebida
La jueza Olivera afirmó en su sentencia que quedó "acreditado" que Iglesias se "apropió" de US$ 180.000 "indebidamente" y que lo utilizó en su provecho.
Por eso le imputó una condena de 24 meses de prisión con libertad a prueba, de los cuales 12 serán con prisión domiciliaria. Luego deberá hacer servicios comunitarios por diez meses, por 10 horas semanales. Una vez cumplida la prisión también tendrá que presentarse en la comisaría una vez por semana.
Los US$ 180.000 provenían de un préstamo que totalizaba US$ 480.000. De ellos se utilizaron US$ 300.000 para pagar el saldo pendiente de la compra de un inmueble mientras que los US$ 180.000 se depositaron en cuatro importes en cuentas del BROU de Cambistar, la casa de cambio que pertenece a Marcelo Bonanata, uno de los prestamistas de la mutualista. Iglesias retiró el dinero en pesos que eran más de 7 millones.
Según declararon varios testigos en el juicio, que Olivera citó en su sentencia, ese dinero "no tuvo la finalidad debida que era ingresarlo a Casa de Galicia se perdió la trazabilidad del uso adecuado. No figura registrado en ningún lado".
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Por eso, al enterarse en el área financiera de que Iglesias lo había retirado de Cambistar, en los registros quedó como deudor. No obstante en el juicio él declaró que era dinero suyo porque lo había prestado.
Luego sus abogados explicaron que parte de ese dinero se había destinado a la compra de Clínicas Leborgne y otra parte al pago de proveedores pero que no había registros de nada de ello.
Ante esa versión la jueza consideró que "las explicaciones resultan poco creíbles".
"La inexistencia de estados financieros consolidados en Casa de Galicia y Clínicas Leborgne impidió conocer el estado real entre ambas empresas, saldos de deudas y créditos", afirmó.
Olivera consideró que como "versado hombre de negocios" Iglesias debió actuar con "la debida diligencia, transparencia, y cuidados al momento de manejar el dinero". "Alejado de esos estándares por su propia decision empresarial desarticuló o debilitó todos los órganos previstos en el estatuto (de la mutualista) para realizar los controles sobre las finanzas de la institución".
La jueza se refirió a la famosa entrega de los US$ 200.000 en una caja de championes que Iglesias le dio en su casa al entonces gerente financiero y dijo que la versión de que era un préstamo para la mutualista "resulta creíble".
Para ello consideró la versión de Álvaro Galeano, socio de Juan Carlos Lousada, otro prestamista que se asoció para comprar Leborgne, quien declaró que fue invitado a participar del negocio por tener amistad con Iglesias y que este le dijo que una letra de cambio de BBVA que completaba el pago de la clínica era dinero que él había prestado a Casa de Galicia.
Además, el testigo Ignacio Varela, de tesorería, sostuvo que si bien no podía dar una fecha sabia que había una partida de US$ 100 mil que por orden de Iglesias no se podía tocar.
Y por último hizo referencia a las declaraciones del exgerente Gabriel Alvarez, el que fue a buscar el dinero a la casa de Iglesias, quién incurrió en contradicciones en sus declaraciones en el juicio con las que había prestado antes. La jueza dijo que las contradicciones resultaban relevantes.
Por eso Olivera afirmó que la valoración de la prueba permite decir que "resulta creíble" la versión de Iglesias pero aun así "eso no le permitía hacerse del dinero en el momento en que lo considerara".
Lo exoneró de la insolvencia societaria fraudulenta
Por otra parte Olivera no hizo lugar al pedido de la Fiscalía de condenar a Iglesias por insolvencia societaria fraudulenta como consecuencia de que libró seis instrucciones irrevocables de pago a acreedores de Casa de Galicia cuando ya sabía que iba a entrar en concurso.
No obstante, de esas seis instrucciones sólo se llegó a pagar una debido a que el interventor del concurso lo advirtió informado por las interventores de la mutualista y frenó los pagos.
Si bien durante el juicio la fiscalía intentó demostrar que aunque jurídicamente Casa de Galicia era una asociación civil sin fines de lucro en los hechos operaba como una empresa, la jueza no compartió ese argumento.
Afirmó que "todo el accionar del acusado deja en evidencia un mal gerenciamiento de la institución por parte de lglesias" pero afirmó que no es lo que persigue este delito, que castiga al empresario que para no pagar sus deudas, oculta sus bienes, simulara enajenaciones o créditos, se trasladara al extranjero o se oculta, sin dejar persona que lo represente, o bienes a la vista en cantidad suficiente para responder al pago de sus deudas.
Citando a varios testigos, la jueza dijo que las instrucciones irrevocables eran un instrumento legítimo y que si bien "puede resultar cuestionable que (los beneficiados en esas instrucciones de pago) tuvieran vínculos cercanos al acusado", no constituyen delito. De hecho consideró que los acreedores se presentaron luego al concurso y sus créditos fueron verificados (aceptados).
Para desestimar el delito la jueza tuvo en cuenta que cuando Iglesias asumió la presidencia de Casa de Galicia, la mutualista tenía un pasivo de US$ 3.000 millones con lo cual "se encontraba ya en insolvencia". "Pretender que fuera provocada por él no condice con lo manifestado por los propios testigos".
Incluso citó al exministro de Salud, Daniel Salinas quien declaró en el juicio que "si bien la directiva de Iglesias no fue la mejor heredó toda esta situación".
Los viajes de Iglesias
Si bien a partir de ahora Iglesias deberá cumplir con prisión domiciliaria por 12 meses, la defensa solicitó permiso para que pueda salir del país a Paraguay por trabajo entre el 15 y el 19 de octubre y luego por "vínculo familiar" 3 de noviembre al 22 de diciembre por lo que propuso pagar una fianza de US$ 3.000 como caución, que le será devuelto a su regreso al país.
La fiscalía no se opuso y la jueza accedió al pedido.
