Cientos de damnificados de República Ganadera enviaron este miércoles un correo electrónico a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el que reclamaron medidas urgentes para destrabar la investigación penal sobre el presunto fraude de la empresa.
En la carta, a la que accedió El Observador, los inversores sostienen que "han transcurrido 617 días —20 meses, 88 semanas— desde las primeras denuncias penales por estafa y otros delitos contra los directores de República Ganadera".
Sin embargo, lamentaron que "hasta hoy" la respuesta ha sido "ninguna".
El hecho al que refieren los damnificados se remonta a 2025, cuando se realizó la primera auditoría que detectó irregularidades en la empresa. En principio, se constató un diferencia de US$ 24.260.136 en su patrimonio, luego de comparar lo declarado por la empresa y lo realmente existente, y tras analizar estados financieros, declaraciones Dicose (declarado ante el Ministerio de Ganadería) y recuentos físicos. Según el documento al que había accedido en su momento El Observador, la auditoría también había detectado faltante de animales, venta de ganado a familiares de sus directores, ventas por fuera del sistema bancario e informalidad laboral.
En la carta enviada este jueves, los damnificados recuerdan que la investigación pasó por distintos fiscales desde noviembre de 2024 y afirman que esa situación terminó perjudicando el avance de la causa.
"Este cambio constante de fiscales no solo ha enlentecido el proceso: ha dado a los presuntos responsables veinte meses de tiempo y plena disponibilidad para mover el dinero de un sitio a otro. Cada mes sin fiscal titular es un mes en que la prueba se deteriora y los activos se dispersan", señalan. Además, agregan que "no hay una sola persona formalizada en la causa" y que tampoco "ha aparecido el patrimonio de la empresa".
Los damnificados recuerdan que el concurso reúne 1.445 acreedores con créditos verificados por US$ 95.575.945 y mencionan la "diferencia de US$ 24.260.136 entre el patrimonio declarado por la empresa y el realmente existente", producto de “una sobrevaluación de activos por US$ 18.576.136 y pasivos omitidos por US$ 5.684.000”.
Entre las maniobras que los acreedores acusan de haberse usado para armar el "esquema fraudulento" enumeran las siguientes: una preliquidación antes de solicitar el concurso, "en perjuicio de los acreedores actuales y sin ningún aviso"; la venta de ganado sin factura registrada; “desvío de fondos hacia el entorno familiar de los directores”; falsificación de firmas e inventario de forma "sistemática"; obstrucción a la Justicia; abandono de activos e "irregularidades societarias y laborales sistemática".
Además, afirman que República Ganadera “continuó captando nuevos inversores hasta el día previo a solicitar el concurso, cuando sus directivos ya conocían perfectamente la situación de insolvencia”.
Por otra parte, los pedidos concretos a la fiscal Ferrero son: designar al fiscal titular de la causa y que "comience a trabajar a la brevedad y con fecha cierta de asunción"; el embargo "preventivo" y la "inhibición general de enajenar" sobre bienes de Nicolás Jasidakis, Mauro Mussio (exadministradores de República Ganadera) y otras personas vinculadas a la empresa; que se solicite "la formalización con prisión preventiva de los directores"; la incautación de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos; que se amplíe la investigación a posibles cómplices y que se investigue “la ruta del dinero correspondiente a los activos desaparecidos".
Por último, reclamaron "que se fije una instancia de información con los abogados de las víctimas" para conocer el estado de la investigación.
Comparaciones con el expediente de Conexión Ganadera
Ayer la Justicia anunció que prorrogará las medidas cautelares de Daniela Cabral, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow hasta febrero de 2027, imputados por estafa en relación a la empresa Conexión Ganadera, otro fondo de inversión ganadero.
Los damnificados por República Ganadera mencionaron en el correo a la fiscal de corte que “resulta inevitable comparar" ambos casos que son "de idéntica naturaleza y contemporáneo en su estallido". Los acreedores de República Ganadera reclamaron que el caso de Conexión Ganadera "avanza a un ritmo mucho más vertiginoso y ya cuenta con formalizaciones y medidas privativas de libertad” en comparación con su causa.
“Esa asimetría de velocidad resulta difícil de comprender (…) Nos preguntamos, con todo respeto y con enorme angustia: ¿Esta es la justicia uruguaya?”, concluyeron.
La última actualización: el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Ganadería apelarán sentencia que los condenó por omisión de controles
El Banco Central del Uruguay (BCU) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) apelarán el fallo de primera instancia que los condenó a indemnizar con US$ 25.000 a cuatro inversores afectados en el caso República Ganadera. La resolución del juez Alejandro Martínez de las Heras determinó que existió una "falta de servicio" por omisión en los deberes de fiscalización del Estado, según lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República.
Desde el BCU sostienen que no existió omisión alguna en sus competencias, recordando que en febrero de 2022 emitieron una advertencia pública señalando que estas propuestas de inversión con rentabilidad fija en ganado no estaban registradas ni reguladas por la institución. Además, la entidad bancaria enfatizó que la jurisprudencia consolidada desde la crisis de 2002 exonera de responsabilidad al organismo supervisor por pérdidas de inversores privados cuando se cumplen con los estándares razonables de control.
Por su parte, el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, ratificó que la cartera apelará la sentencia amparándose en la solidez y confiabilidad de su sistema de trazabilidad y monitoreo ganadero.
Mientras las instituciones públicas descartan su responsabilidad, los demandantes afirman que la operativa de República Ganadera funcionó como una actividad financiera no autorizada que debió ser regulada por el BCU, al tiempo que señalan que el ministerio omitió comprobar la existencia física del ganado invertido.
