Siguiendo la sugerencia de sus servicios técnicos, el Ministerio de Ambiente otorgó la autorización al consorcio Aguas de Montevideo (compuesto por Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast) para construir una planta potabilizadora en la zona de Arazatí (San José).
El aval habilita a los privados a iniciar las obras aunque estas no comenzarán porque el contrato con OSE –la parte contratante– aún no fue firmado. Si bien este documento está pronto, el asunto es uno de los temas de la transición entre Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou dado que las posturas entre ambos son diferentes.
El presidente electo prioriza otra obra (la represa en Casupá) pero ha dicho que respetará los contratos firmados y desde su equipo señalaron a El Observador que conversará con el mandatario saliente. Este lunes, tras conocerse la resolución, en el Frente Amplio primaba la cautela y confianza de que no habrá una firma de contrato “a las apuradas” y que el asunto se coordinará con Lacalle Pou. Por pedido de Orsi, los técnicos de la izquierda analizarán la documentación elaborada por los servicios técnicos de Ambiente.
La resolución estableció veinte compromisos que las empresas del consorcio deberán cumplir y que dan cuenta de las tensiones que han ocurrido durante todo este período. En sus informes, los técnicos del ministerio cuestionaron algunos fundamentos del consorcio y exigieron cambios para robustecer el proyecto aunque consideraron que no había “impactos ambientales inadmisibles”.
Las organizaciones sociales, en tanto, reiteraron su rechazo y reclamaron que no se tomaron en cuenta sus aportes.
Las dudas sobre la salinidad
La resolución firmada por el ministro Robert Bouvier contiene los veinte compromisos que los privados deberán cumplir. El documento toma como base un informe anterior, de 119 páginas, elaborado por el director de la División de Emprendimientos de Alta Complejidad de Ambiente, Eugenio Lorenzo, que analiza todo el proyecto.
Uno de los temas donde más se explaya refiere a la salinidad en la zona, un asunto sumamente cuestionado por quienes se oponen ya que entienden que la planta no podrá cumplir con el objetivo de aportar 200 mil metros cúbicos por día de agua potabilizada al sistema metropolitano.
Lorenzo reconoce que en el lugar “normalmente se registran episodios de salinidad de significativa frecuencia” por lo que el proyecto incorporará una reserva de agua (pólder) para los días en que el agua del Río de la Plata esté salada y no se pueda utilizar.
El pólder tendrá capacidad para abastecer de agua por 70 días.
Tras analizar diversos informes técnicos, el equipo de Ambiente dice que el consorcio fue “muy optimista” al valorar el riesgo que tiene el proyecto de “no poder cumplir” con el objetivo de proveer los 200.000 metros cúbicos por día.
Para Ambiente, el período de retorno de 50 años para eventos de 70 días de salinidad –algo que ocurrió en un lapso de tres años en que se instaló una sonda– no está suficientemente fundamentado y los técnicos dejan abierta la posibilidad de que se necesite ampliar el pólder o disminuir la producción.
“Con la información que se cuenta hasta el momento, no es posible afirmar con certeza cuál resulta ser el período de retorno esperable para un evento de salinidad de 70 días de duración en la zona donde se ubicará la toma de agua del proyecto, ni tampoco prever cómo podrá variar ese período de retorno por efecto del cambio y la variabilidad climática dentro de la vida útil del proyecto”, señala el informe.
De todos modos, los técnicos consideraron que era “precautorio” asumir que la recurrencia esperada de eventos de salinidad durante más de 70 días será sustantivamente inferior a los 50 años estimados por el titular del proyecto.
“En tal sentido, igualmente ese mayor riesgo de falla (que podría estar asociado a un tiempo de retorno del orden de 20 años) no resultaría tal que afecte sensiblemente la decisión de implementar el proyecto, en tanto -según informa el titular- existen alternativas de operación que se pueden ir ajustando en función de lo que resulte la previsión climática/hidrológica, que permitirían mantener un nivel relevante de suministro de agua potable (superior a 150.000 metros cúbicos por día) con un riesgo de falla similar al inicialmente planteado”, sentenciaron.
El pólder y la tierra fértil
En el documento, los técnicos reconocen que el proyecto es motivo de “percepción social negativa” tanto en su etapa de concepción como de construcción y operación, y destacan como otro asunto de controversia la construcción de la reserva de agua bruta (pólder).
En este caso, la preocupación –tanto de vecinos como de las organizaciones sociales– está en que la operación del proyecto tiene el potencial de afectar al sistema acuífero Raigón debido a las “potenciales infiltraciones” que puedan ocurrir.
Tras analizar la información –y pedir nuevas pruebas– los técnicos validaron la construcción aunque pidieron conservar una capa de tierra que se extraerá, algo que no estaba previsto y que encarecerá el proyecto.
El consorcio informó que iba a retirar aproximadamente el 45% del “horizonte A de la zona” –la capa más fértil del suelo– a inundar para la construcción del pólder, algo que los técnicos consideran “preocupante” por ser un “recurso natural no renovable y valioso”.
Pidieron que sea “adecuadamente retirado, conservado y gestionado” para su “posterior reutilización”. “Es un aspecto que ciertamente interesa y que sería indicativo de una preocupación por mejorar la gestión ambiental general del proyecto”, agregaron y plantean que “los beneficios ambientales a largo plazo en caso de poder preservar ese horizonte A justificarían su conservación”.
Por esta razón, antes de iniciar las obras del pólder, exigieron que se incorpore una adenda al plan de gestión ambiental de la construcción (conocido por la sigla PGA-C) que actúe como “instrumento ambiental específico” y definir con “precisión cómo se gestionará y cuál será su destino final” de esta tierra. “No resulta aceptable la disposición de ese material como residuo en un sitio de disposición final o como material de relleno en canteras”, sentencian.
Cuestionamientos
Sin saber que se conocería la resolución, las organizaciones sociales habían convocado para este lunes a una conferencia de prensa para dar a conocer nuevos informes sobre la salinidad en la zona.
Pero esto quedó en un segundo plano y los mensajes se concentraron en cuestionar la decisión. “Nos preocupa la desacreditación que sistemáticamente se ha hecho al trabajo de nuestros investigadores formados en la Universidad de la República, que son de altísimo nivel internacional. Son desacreditadas todas las inquietudes y todos los planteos hechos por las organizaciones sociales. El agua tiene problemas que atañen a toda la ciudadanía. Estamos hablando de salud pública”, dijo Anahit Aharonian de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida.
A su vez, en un comunicado mencionaron que había acciones en el Poder Judicial y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) por lo que era esperable que se detuviera la ejecución del proyecto. “OSE no debe firmar el contrato y deberá ser el gobierno entrante el que estudie alternativas a los desafíos que tenemos hoy para gestionar el agua e implementar la serie de medidas sobre las que venimos trabajando para la recuperación ambiental de la cuenca del Santa Lucía”, señalaron y plantearon que con este proyecto “la población pagará más caro por agua de peor calidad”.
