A dos meses de presentado, el proyecto de Lacalle Pou para modificar la Ley de Género no se ha tratado en comisión; quedan dos meses de actividad legislativa
El proyecto esgrimido por el presidente Luis Lacalle Pou para lograr una Ley de Género “más equilibrada” tiene casi nulo margen para aprobarse en el Parlamento.
A dos meses de que ingresara sorpresivamente al Senado en plena tormenta política por la renuncia de Pablo Iturralde al Directorio del Partido Nacional, el único movimiento que tuvo la iniciativa fue que la vicepresidenta Beatriz Argimón lo derivara a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género.
Desde entonces, no ha ingresado siquiera al orden del día, al tiempo que los integrantes tienen en agenda otros proyectos pendientes dentro de la misma comisión. A eso se suma que los senadores a cargo de tratarlo pretenden antes recibir a delegaciones que se pronuncien sobre el articulado, en un tema sensible sobre el que ya aparecieron matices dentro del oficialismo, incluso en boca de Argimón.
De ahí que de una ronda de contactos de El Observador a dirigentes de la coalición surja el “poco ambiente” para acelerar el tema, la falta de “prioridad” o incluso de alguien que “lidere el cambio”. La sensación extendida entre legisladores es que, salvo un “verticalazo” o un mensaje contundente desde Torre Ejecutiva, a la iniciativa no le va a quedar tiempo.
Las palabras de la senadora Carmen Asiaín, coordinadora de la bancada del Partido Nacional y dirigente cercana a la Presidencia, son elocuentes en este sentido: “No está siendo analizado en este momento. Con lo cual, a menos que venga un pedido especial o alguien lo mueva de una manera…”, sostiene, antes de reformular el enunciado para no hacer juicio de valor: “El proyecto no está siendo tratado en este momento porque hay otros proyectos en la comisión en los que ya se estaba trabajando”.
Asiaín, que no integra ese ámbito pero que coordina la agenda de los blancos en la Cámara, agregó que no ha “recibido ningún pedido” de destrabarlo por parte de la Torre Ejecutiva. En otro orden, planteó que la iniciativa impulsada por Lacalle Pou “corrige algunas deficiencias” de la ley vigente –aprobada en el gobierno del Frente Amplio – y aclaró: “La ley de violencia hacia las mujeres basada en género tiene como 100 artículos y este proyecto corrige cuatro, pero no viene a hacer una revolución”.
El propio Lacalle Pou se ha manifestado en esa línea: "Si leen los cuatro artículos que modificamos van a ver que es de sentido común. No desvirtúa la ley y desde mi punto de vista trae más garantías".
Contraria es la posición del Frente Amplio, cuyo presidente Fernando Pereira llegó a concluir durante una Mesa Política: “Nos están pegando en el corazón de las transformaciones que fueron trincheras de los derechos que el FA quiso construir”.
La iniciativa del Poder Ejecutivo también reflota rispideces que a lo largo de la legislatura han tenido algunos blancos –en especial Graciela Bianchi a partir de la fracasada Ley de Paridad – con esta comisión del Senado. “Tenemos dificultades para avanzar en esa comisión”, dijo Bianchi a El Observador sobre este proyecto para modificar la Ley de Género, y adujo que reciben varias consultas en redes sobre en qué anda la iniciativa.
Distinto a otras que se juntan todas las semanas, la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género mantiene un régimen de comisión “especial” que se reúne del 18 de cada mes en adelante. “Esta semana no tuvimos porque el plenario del martes se extendió y se tuvo que cancelar”, explicó a El Observador la senadora del Partido Colorado y presidenta de este ámbito, Carmen Sanguinetti.
“(El proyecto para modificar la Ley de Género) vino como muy avanzado en la legislatura, no queda mucho tiempo para tratarlo”, reconoció Sanguinetti. Consultada sobre el grado de discusión que puede concitar una tema de esa índole, señaló: “Yo soy recontra partidaria de escuchar las distintas voces. Si hay necesidades de realizarle ajustes, la veo difícil por el tiempo que queda”.
Además de que el proyecto exigiría consultar a las cátedras, la comisión tiene otros 13 proyectos entre los asuntos a estudio.
El Parlamento continuará en funciones hasta el 15 de setiembre, fecha a partir de la cual –en vísperas de las elecciones– entre en receso hasta que asume la próxima legislatura el 15 de febrero. No obstante, lo más común es que se convoquen a sesiones extraordinarias luego de las elecciones para aprobar las materias pendientes.
La senadora Sanguinetti precisó de todos modos que “se va a priorizar” la iniciativa del gobierno sobre la Ley de Género, pero que “hay un tema temporal” que no puede desconocer.
La legisladora del Partido Colorado ya ha adelantado que está de acuerdo con tres de los cuatro artículos propuestos y que es “positivo” mejorar la ley vigente, aunque tiempo atrás había reconocido a La Diaria un “matiz” respecto que pueda haber “un desincentivo a las mujeres a animarse a denunciar”, en línea con la advertencia de la directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero.
El punto en cuestión es el que modifica el artículo 59 de la ley vigente, respecto a que la denuncia “deberá presentar verosimilitud” y que en caso de hacerse “a sabiendas” de que no ocurrieron los hechos señalados, a la denunciante se le imputarán los delitos de calumnias o de simulación de delito.
El texto del gobierno –redactado por la prosecretaria de la Presidencia, Mariana Cabrera– también modifica el artículo 46 sobre la valoración de la prueba, uno de los más importantes de la ley vigente; ahora se busca añadir que las pruebas de ambas partes “deberán evaluarse de acuerdo con el principio de la sana crítica, respetando el derecho de defensa”.
La prosecretaria Cabrera había citado en Radio Sarandí que uno de los casos que habían motivado estos cambios consistía en que el sueño de una exalumna soñó “siete años después” que su profesor “le había ejercido violencia de género” y que, tras ser interpretado por la “psicóloga personal” de la denunciante, el hombre había terminado con prisión domiciliaria.
También planteó que el denunciado hoy “no puede presentar capturas de mensajes ni testigos”. “En el 94% de los casos que la Facultad de Derecho estudió en los juzgados, la única prueba que surge de los expedientes es el testimonio de la mujer”.
La Asociación de Abogados Penalistas ya emitió su respaldo al proyecto.
Cuando la Mesa Política del Frente Amplio lo abordó, la exdirectora de Inmujeres, Mariela Mazzotti, acusó que la colocación del tema tenía “un aspecto distractivo” –dado el escándalo por la salida de Iturralde– pero que a la vez procuraba “fortalecer la agenda anti-derechos utilizando la desinformación”, con argumentos tales como que existen “denuncias falsas” cuando a su entender “no hay un solo estudio que lo certifique”.
“Hay un problema de aplicación de la ley y eso lo tenemos que reconocer; no implica que la ley esté mal hecha sino que no se le otorgó los presupuestos correspondientes. Pero también hay fuertes resistencias culturales e institucionales para su aplicación”, denunció entonces.
Este mismo tema llegó a ocasionarle importantes dolores de cabeza a la izquierda sobre cómo pararse ante los –ya superados– casos de Gerardo Núñez y Gustavo Olmos.
Tanto Cabildo Abierto como el diputado colorado Gustavo Zubía habían presentado proyectos muy similares al del Ejecutivo para modificar la Ley de Género, acusando que está sesgada a favor de la mujer y contaminada de la “ideología de género”.