Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 10/12/2025 | República Oriental del Uruguay | Parte 2
García denuncia lobbies y boicot
En su primera intervención, García planteó que la rescisión del contrato era parte de una “agenda negativa” del gobierno, que se estaba dedicando a “destruir” lo hecho por la administración de Lacalle Pou, en referencia, además de las OPV, a a la cancelación de Arazatí, los cambios al plan de saneamiento y los proyectos de infraestructura.
“La rescisión la aplauden los narcos y los que nos roban la pesca”, dijo.
El senador habló de un “plan deliberado” de incumplimientos, operaciones mediáticas y de inteligencia destinado a “tirar abajo” el contrato con el astillero. “La excusa fue la garantía, pero mientras la cuestionaban pagaban decenas de millones de dólares al astillero”.
A su vez, señaló que Cardama había denunciado “fuertes presiones políticas” para impedir que Abitab le diera la garantía. La empresa uruguaya finalmente se negó a dársela.
En la exposición, el exministro habló de presiones y lobbies que durante los quince años de gobierno del Frente Amplio impidieron que se realizara la compra. Señaló que en este período hubo “turismo de astilleros”, en referencia a viajes de visita invitados por las empresas, pero ninguna adjudicación.
“El boicot contra el contrato empezó apenas se firmó y se puso en práctica cuando asumieron. Pesquisas ilegales e incumplimientos, incomunicación de las autoridades con el astillero y conferencia de prensa presidencial junto al principal operador político y lobista contra el astillero”, dijo.
También cuestionó que se sacara a la Armada de la gestión de la construcción y que la asumiera la ministra “sin tener ningún asesoramiento institucional de la Armada”. “Los marinos que van son delegados personales, políticos, de la ministra. No pertenecen al dique de la Armada y no están habilitados para inspeccionar buques militares”.
A su vez, dijo que personas que no eran “funcionarios sino dirigentes políticos” -en referencia a los adscriptos a Lazo, Damián Rojas y Daniel Marsiglia- llevaron adelante “pesquisas secretas, interrogatorios y careos a oficiales de la Armada, así como investigaciones sin respaldo legal”.
Según García, los capitanes de navío enviados a España por Defensa realizaron “tareas de inteligencia” con el objetivo de boicotear el contrato.
Al cierre de su primera intervención, el senador pidió que la versión taquigráfica fuera a Fiscalía para que evaluara las denuncias que formuló sobre las “pesquisas secretas, interrogatorios, investigaciones y careos, y si las mismas configuran ilegalidades, desvíos de poder”.
El senador presentó 32 preguntas.
Garantía y renovación, falsas
En tanto, en su primera intervención, Lazo repasó el proceso de compra y se concentró en las irregularidades que llevaron al gobierno a plantear la rescisión del contrato.
En este sentido, relató que hubo un “fraude” porque la garantía de fiel cumplimiento que presentó Cardama, perteneciente a la empresa Eurocommerce, por US$ 4,5 millones era trucha.
“No tenía un solo empleado ni actividad. Datos falsos y el descargo de responsabilidad parece haber sido copiado de otro sitio”, expresó en referencia a las señales de la empresa que advertían posibles irregularidades.
A su vez, la ministra dio a conocer que una pericia encargada al Ministerio del Interior concluyó que la renovación de la garantía, presentada por Cardama el mismo día en que el gobierno comunicó que iba a rescindir el contrato, era falsa. En la sesión, Lazo dijo que la fecha estaba mal -posiblemente era de 2024- y que el documento estaba armado a partir de retazos de otros.
"La calidad del producto finalizado para nosotros es incierta. No se tiene la confianza suficiente para pensar que se van a cumplir los tiempos y que todo quede bien. Se encienden algunas alertas que tienen que ver con la estabilidad, calidad del buque y para nosotros esas cosas son muy importantes", señaló Lazo.
La ministra reveló que Cardama les había informado, aunque sin adjuntar documentación, el 18 de noviembre que los motores de Caterpillar que debían estar prontos en enero no lo estarán y que el plazo de entrega se postergaba por 12 meses.
"No está decidida" y "estafa monumental"
En su segunda intervención, García insistió en preguntar si el gobierno iba a rescindir el contrato y señaló que la investigación administrativa realizada por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) era "nula".
La ministra contestó que "al día de hoy no está decidida la rescisión del contrato" y consideró que la investigación no estaba terminada porque faltaba cumplir algunos plazos.
En este tramo de la sesión, Lazo también reveló que el almirante Jorge Wilson, por entonces comandante de la Armada, fue quien autorizó el pago del segundo hito el 27 de febrero de 2025, pocos días antes de que se produjera el cambio de gobierno.
Lazo también dijo que el plano de cuaderna maestra no está aprobado por la sociedad de clasificación Lloyd’s, algo que fue confirmado por la Facultad de Ingeniería en un informe reservado.
A su vez, manifestó que de acuerdo con los técnicos los planos debían haber sido aprobados previamente, por lo que "se está construyendo sin los planos autorizados y Cardama estaba construyendo a su propio riesgo".
La ministra señaló que las conclusiones de los informes técnicos eran "preocupantes" y que había "groseros y claros" incumplimientos.
"Lo de la garantía no es el único problema. A todos estos problemas que entendemos son graves, derivados de una estafa monumental vinculada con la garantía, se observa que el avance del proyecto está plagado de irregularidades técnicas muy serias. Hay incumplimiento del constructor y un gravísimo apartamiento del contrato".
Contexto previo
En el mes de noviembre, en conversación con Subrayado (Canal 10), García se refirió a esta determinación y sostuvo que la situación es de "extrema gravedad en lo institucional".
Además, acusó a la administración de Orsi de tener una vocación de "destruir" lo logrado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.
"No tiene rumbo para adelante y por eso destruye lo anterior", aseveró el senador nacionalista.
El contrato con Cardama prevé la construcción de buques para la Armada Nacional. La decisión de rescindir el documento se basó en la presunción de que se configuraba "una estafa o un fraude", tal como explicó el presidente Orsi en una conferencia de prensa meses atrás.
La presunción del gobierno es que Cardama presentó una garantía falsa, ya que la empresa que la otorgó está en proceso de liquidación por inactividad.
Esto fue denunciado ante la Fiscalía por el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Diaz, exfiscal general.
La situación con el astillero español conllevó incluso el pronunciamiento del expresidente Luis Lacalle Pou semanas atrás, quien le pidió al presidente Orsi que "reevalúe" su decisión.
"Arrastraron al presidente a una operación política, no me cabe la menor duda. No tengo prueba, tampoco duda", dijo el exmandatario, que consideró que "no hay estafa ni fraude", y que Orsi "no midió sus palabras".
El líder del Partido Nacional dijo que la situación es "grave y triste". "Resolvieron este tema de necesidad nacional sin siquiera avisar, sin intimar, por una garantía, que yo no le resto importancia, tiene su importancia, pero había otros mecanismos", consideró en su día.
Según Lacalle Pou, el gobierno de Orsi "está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir".
