Este lunes el Directorio del Partido Nacional, que analizó la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de dos patrullas oceánicas para la Armada Nacional, resolvió iniciar las gestiones para interpelar a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.
La resolución se tomó en una sesión extraordinaria del directorio, que contó con la presencia del expresidente Luis Lacalle Pou. Además de resolver interpelar, los dirigentes blancos respaldaron la actuación de los exministros de Defensa, Javier García y Armando Castaingdebat.
Ambos están en el centro de las críticas del gobierno de Orsi, ya que fueron los responsables de liderar el proceso de compra y, en el caso de Castaingdebat, aceptó la garantía de Eurocommerce que presentó Cardama, y que ahora el gobierno asegura que se trata de una empresa que "no existe", en palabras del secretario de Pesidencia, Alejandro Sánchez.
La decisión de rescindir el contrato con Cardama se basó en la presunción de que se configuraba “una estafa o un fraude”, tal como explicó el presidente Orsi en una conferencia de prensa la semana pasada. La denuncia ante la Fiscalía fue presentada el viernes pasado por Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz, ex Fiscal General.
El Directorio blanco emitió una declaración en la que señala que "la decisión del gobierno de rescindir el contrato de construcción de las Patrulleras Oceánicas -O.P.V., que se encuentra en avanzado nivel de construcción, y fundado en temas administrativos de la garantía, es una irresponsabilidad que afecta directamente la credibilidad del país".
"Su seguridad jurídica que conlleva el tradicional respeto al cumplimiento de los contratos, demostrando una falta de criterio jurídico elemental que expone al país a demandas y demuestra una intencionalidad alejada de las mejores prácticas jurídicas y lealtad institucional, atentando contra el principio de buena fe, básico contractual del actuar que deben tener de las partes".
En tal sentido, los blancos respaldaron "unánimemente el trabajo hecho por las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional ex ministros Javier García y Armando Castaingdebat que, con sus equipos, llevaron una política de respeto y respaldo institucional a las Fuerzas Armadas (FFAA) y de modernización de sus equipamientos en beneficio de la soberanía del país" y de la "seguridad".
Por otra parte, considera que "esta decisión es grave en la medida que dejará al Uruguay por años sin poder custodiar el mar frente a las amenazas del crimen organizado y el robo de nuestras riquezas, cuando estamos a menos de un año de recibir el primer buque destinado a ello. Reclamo que la Armada Nacional mantiene desde hace veinte años".
Además, los nacionalistas consideran que "es obvio que esto se enmarca en una práctica política reiterada de deshacer los avances y logros del gobierno de coalición, ante la falta de políticas propias y rumbo en el gobierno".
Por otra parte, adelantaron que encomendarán a la bancada parlamentaria del Partido Nacional "iniciar los contactos pertinentes a efectos de interpelar a la Sra. Ministra de Defensa Nacional, Sra. Sandra Lazo -por su responsabilidad política en la materia-, reclamando continuar con la construcción de los buques para la Armada y disminuir los perjuicios que el país enfrentará por esta irresponsable y temeraria decisión".
"Uruguay queda indefenso"
El presidente del Directorio, Álvaro Delgado, consideró que con esta decisión Uruguay quedará "indefenso" en el control del mar, ya que la adquisición de las patrulleras oceánicas era un reclamo de la Armada de larga data.
Por otra parte, señaló que Uruguay se "expone" por las implicancias que tiene romper con el contrato. "Expone al Uruguay y a los uruguayos, no solo a perder muchas decenas de millones de dólares que ya se han pagado por un contrato en vigencia y cumpliéndose, sino que además expone a Uruguay a dos situaciones particularmente complicadas, a perder un activo bien que es la seguridad jurídica que tenemos como país (...) y a demandas internacionales", sostuvo.
Afirmó que la decisión del gobierno de Orsi responde "seguramente" a un "capricho irracional", "ideológico y político".
"Tiene un patrón que es desmontar la serie de iniciativas que se aprobaron en el gobierno anterior y que son absolutamente necesarias", agregó.
