UTE proyecta que va a requerir un presupuesto adicional de US$ 120 millones para hacer frente a las inversiones a su cargo asociadas al megaproyecto de Solaria en Uruguay. El refuerzo a su presupuesto quinquenal deberá ser autorizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, según surge de una presentación ejecutiva de UTE para Presidencia de la República al que accedió El Observador.
A partir del memorándum de entendimiento firmado por el presidente Yamandú Orsi con la compañía española, se establece que UTE deberá iniciar los procesos licitatorios en enero de 2027 y “adelantar un año” las obras ya previstas en las subestaciones de 500 kilovoltios (kV) en Cardal y Chamberlain.
El cronograma apunta a que cuatro meses después, en mayo, Solaria tome la Decisión Final de Inversión y por tanto se concrete una “adjudicación condicionada”. Desde ese punto en adelante, se procurará el “cierre definitivo” de los contratos con Solaria.
El acuerdo incluye varios movimientos a nivel del Estado. Por ejemplo, se proyecta que en mayo de 2027 estén “aprobadas” la categorización de padrones a nivel de las intendencias implicadas –Florida y Canelones– y también las habilitaciones del Ministerio de Ambiente.
Entre las “acciones clave” en adelante se cuentan tres decretos del Poder Ejecutivo: uno para establecer la zona franca en que operará el primer data center, otro para la compra directa de la energía a Solaria y el tercero para la facturación por administrador de zona franca a la compañía española.
Yamandú Orsi y Arturo Díaz Tejero, CEO de Solaria
Foco
También deberá haber un “análisis de aplicación efectiva de beneficios de Comap” por parte del Poder Ejecutivo y la elaboración y firma de contratos de Solaria con el Ministerio de Industria y la UTE.
Tal como informó El Observador, la empresa pública deberá “instalar a su cargo” una planta de generación térmica de al menos 100 MW de potencia para respaldar la demanda y generar “una o más plantas eólicas” con una potencia total de hasta 300 MW. La primera inversión supone ampliar la central en Punta del Tigre.
De todos modos, los informes de los gerentes que participaron en las negociaciones con Solaria defienden que los compromisos de la empresa pública para respaldar la megainversión privada serán beneficiosos para la UTE.
La presentación que fue exhibida este martes en el directorio de la UTE calcula un ingreso aproximado de US$ 16 millones por año una vez que estén instalados los 200 MW de demanda, es decir, que esté operativo el primer data center en Canelones.
El cálculo se basa en el precio al que UTE le venderá la energía a Solaria y al peaje por el uso de la infraestructura pública para transportar la energía desde la planta de fotovoltaica en Cardal al nuevo centro de datos. La presentación al directorio insiste en que “la demanda aumenta la venta de energía y diversifica la cartera de grandes consumidores”.
El gobierno ha adelantado que el precio será similar al que se le cobrará a Google por el data center que está construyendo. El Observador había informado que esa cifra, actualizada cada año desde el acuerdo en 2019, se sitúa hoy en unos US$ 86 por megavatio hora.
Se prevé que el parque de fotovoltaica de Solaria en Cardal culmine “hacia fines de 2029 o comienzos de 2030” alcanzando los 350 MW.
La primera fase y las salvaguardas
Según la documentación revisada para esta nota, el gobierno establece que Solaria deberá “precisar características del data center antes de firmar contratos” con el Estado. Todas las adjudicaciones estarán condicionadas a la decisión final de inversión y a la firma contractual.
El MOU prevé la posibilidad de “penalización” a Solaria por “terminación anticipada del contrato de demanda”, aunque el asesoramiento de UTE descarta un escenario de ese tipo bajo la premisa de que “no es viable” que la compañía española haga “una desinversión” luego de la apuesta multimillonaria anunciada. Esta penalización sería “de hasta dos años y no inferior a un año de suministro”.
La presentación exhibida ante el directorio de UTE refiere a una inversión total de US$ 11.650 millones por parte de Solaria, aunque la primera fase a 2030 –que se completaría con el centro de datos en Canelones de 200 MW– equivaldría a US$ 4.650 millones.
En su anuncio público el miércoles de la semana pasada, el presidente Orsi sostuvo que la inversión total será de US$ 5.700 millones. Desde el gobierno han sostenido que la inversión podrá ampliarse a futuro y que la cifra mencionada por el mandatario no incluye una compra multimillonaria de equipamiento en el exterior para montar los centros de datos.
El adelanto de inversión de UTE
UTE prevé concentrar buena parte de sus nuevas inversiones en generación en la instalación de parques solares fotovoltaicos durante este quinquenio.
La apuesta responde a tres factores: es una de las tecnologías más económicas de instalar, permite incorporar capacidad de generación en plazos relativamente cortos y produce electricidad durante las horas del día, cuando la demanda energética del país suele ser mayor.
En ese escenario, la planificación original no contemplaba la construcción de nuevos parques eólicos ni de centrales térmicas durante el período 2025-2030 como sí lo requeriría el acuerdo con Solaria. Ambas tecnologías quedaban reservadas para etapas posteriores, aunque con la posibilidad de adelantar inversiones si la demanda crecía más rápido de lo previsto.
La energía eólica volvería a ganar protagonismo a partir de 2030. Para entonces, el crecimiento de la demanda eléctrica justificaría la incorporación de nueva capacidad. A eso se sumaría la necesidad de renovar o modernizar los primeros parques eólicos instalados en el país, que comenzarán a acercarse a los 20 años de operación.
Por eso, las inversiones previstas para la próxima década combinarían la construcción de nuevos parques con la repotenciación (repowering) de los existentes, mediante el reemplazo o la actualización de aerogeneradores para mejorar su rendimiento y aprovechar mejor la infraestructura ya instalada.
El respaldo térmico, en cambio, iba a quedar para más adelante, con nuevas incorporaciones previstas a partir de 2032. Hasta entonces, UTE no preveía construir nuevas centrales a combustible (turbinas a gas), sino concentrarse en el mantenimiento y la renovación de equipos de las instalaciones existentes, como la central de Punta del Tigre. El objetivo es garantizar que estén disponibles como respaldo ante eventuales sequías, picos de demanda u otras situaciones excepcionales que reduzcan la generación renovable.
Asimismo, se contempló la posibilidad de integrar baterías al sistema, lo que permitiría retrasar en cuatro años la necesidad de incorporar generación térmica y reducir costos.
Sin embargo, el cronograma no es inamovible. Si la demanda eléctrica creciera por encima de las previsiones —por ejemplo, por la instalación de grandes centros de datos (data centers) o el desarrollo de proyectos industriales vinculados al hidrógeno verde—, UTE contemplaba la posibilidad de adelantar inversiones. De hecho, la llegada del proyecto Solaria introduce un nuevo elemento en ese escenario y podría incidir en los planes de expansión de la generación.
