Este domingo la fiscal Ángela Bonke, que trabaja en la investigación del caso del residencial en Rincón de Tranqueras de Tacuarembó, donde vivían más de 30 personas en condiciones de maltrato, confirmó que se obtuvieron tres condenas más por proceso abreviado, informó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.
Los damnificados eran adultos mayores y jóvenes con distintas problemáticas que estaban con privación de alimentación, violencia física, encadenamiento y esclavización, según informó en primera instancia el periodista local Marcos Ademar Pereira.
De acuerdo a la misiva, se trata de personas que trabajaban en el centro irregular de larga estadía.
Los delitos que se imputaron son en todos los casos abandono de incapaces, pero en otros también incluyen amenazas, violencia privada y lesiones.
Dos de los condenados deberán cumplir una pena de 24 meses, que incluye 12 meses de arresto domiciliario total con tobillera y los otros 12 meses una serie de condiciones, entre las que se encuentra el trabajo comunitario.
En el tercer caso el arresto con tobillera es por seis meses y las condiciones a cumplir por 18 meses.
El sábado la Justicia condenó a cinco personas a distintas penas por el caso del residencial irregular. Tres personas fueron condenadas a cuatro años y seis meses de cárcel por delitos como trata de personas, entre otros.
Otra persona fue condenada a dos años de arresto domiciliario con dispositivo y trabajo comunitario, entre otras disposiciones. La restante persona fue condenada a la misma pena por un plazo de un año y medio. Además, otras tres personas fueron detenidas por el caso.
La investigación está a cargo de la fiscal de Tacuarembó Ángela Bonke, mientras que Unidad de Víctimas de Fiscalía dio contención a las personas. En el caso, conocido como Operación Resplandor, trabajó personal de la Policía, del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Desarrollo Social.
Por ejemplo, un ómnibus de Salud Pública se dirigió al lugar para trasladar a los residentes a otro centro de atención ubicado en Montevideo.
Luego de que el caso tomara estado público, el presidente de la Asociación Integra Residenciales, Sabino Montenegro, advirtió sobre la situación de al menos 200 centros residenciales en Uruguay que tienen condiciones similares al de Tacuarembó. Especialmente en lo que respecta a la atención de personas mayores y con patologías psiquiátricas.
