El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno ratificó la imputación del nacionalista Alexandro Infante, expresidente de la Junta de Maldonado, por un delito de fraude en calidad de coautor, dos de falsificación ideológica y un tercer por abuso de funciones en calidad de autor.
De acuerdo con la sentencia de la que dio cuenta en primera instancia El País y a la que tuvo acceso El Observador, el Tribunal entendió que las "evidencias reunidas, relacionadas y argumentadas" por la Fiscalía eran suficientes para continuar con la investigación.
Esta resolución se enmarca en una investigación por corrupción a la Junta Departamental de Maldonado por pagos de $ 1.3 millones para ocho obras que no constan como hechas y donde el dinero fue a parar a la cuenta del hijo de un edil. Por este caso están imputados también los expresidentes del centro, Darwin Correa y José Luis Sánchez.
La realización de las obras fue aprobada por Correa en 2023, cuando era presidente de la Junta. Las facturas contaron con su firma y, dos de ellas, con la de Infante.
La irregularidad quedó de manifiesto luego de que se descubriera que ese dinero fue a parar a la cuenta bancaria del hijo de uno de los anteriores presidentes de la Junta Departamental, José Luis Sánchez, y que el dueño de la empresa Ramón Sosa, supuesto proveedor de las obras, declaró que nunca trabajó para la Junta.
Ello, sumado a que otros jerarcas de la Junta declararon no tener conocimiento de esas obras o no recordar que se hubieran realizado permitió al fiscal Jorge Vaz pedir la imputación de Correa y Sánchez por los delitos de fraude (engaño a la administración en provecho propio o de terceros) y falsificación ideológica (por haber inventado las obras y los montos).
Por el caso también fue imputado Infante, quien no asistió inicialmente a la audiencia de formalización por encontrarse en Argentina.
Producto de esto se lo declaró en rebeldía y la Justicia pidió su detención. Días después, el nacionalista volvió al país y se entregó ante la Justicia, que rápidamente lo imputó.
Su defensa apeló la decisión, sin embargo, en los últimos días de noviembre el Tribunal de Apelaciones ratificó la imputación al entender que Infante "abusó" de su cargo al disponer con su firma "contrataciones que nunca existieron con la empresa Ramón Sosa".
El caso
En la audiencia penal, que fue transmitida por el canal de YouTube de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) en setiembre, el fiscal Vaz relató que los presidentes de las Juntas Departamentales son los ordenadores primarios, lo que significa que tienen la potestad de contratar y pagar por trabajos.
En ese marco fue que Correa, siendo presidente entre noviembre de 2022 a noviembre de 2023, dispuso la contratación de la empresa Ramón Sosa para realizar ocho obras que totalizaron $1.191.913.
Las obras que autorizó Correa fueron desde febrero a julio de 2023 y consistieron en: servicio de luminaria, reparación de luminarias externas, cambio y preparación de luminarias exteriores del estacionamiento 1, reparación de humedades en oficinas, arreglo en fachada exterior, reparación en pluviales y desagües, reparaciones varias en bancadas del Partido Nacional, reparación de humedades en bancada grande. Cada factura era por un monto de entre $ 124.000 a $ 175.300 (la más cara).
Relató que en el reverso cada factura tenía en forma manuscrita anotada una cuenta del BROU que pertenece a Facundo Sánchez, hijo del edil José Luis Sánchez (presidente de la Junta entre 2020 al 2021). Vaz explicó que en lugar de pagarle a Ramón Sosa, el dinero de las supuestas obras fue a la cuenta de Facundo Sánchez.
Al declarar en fiscalía, Sánchez hijo afirmó que "en determinado momento su padre le pidió el número de su cuenta porque así la junta le pagaba dinero por servicios que prestaba como edil. No le llamó la atención ya que el padre trabajaba en la Junta", leyó Vaz.
Sin embargo, dijo que luego de un problema familiar que tuvieron confrontó a su padre y el edil le admitió que "era una maniobra por servicios que no se hacían" y que el dinero "se repartía, en teoría, con otras personas".
Vaz aclaró que mediante levantamiento de secreto bancario y tras acceder a los estados de cuenta verificaron que Sánchez hijo envió ese dinero a su padre.
En tanto, Infante (presidente entre 2023 y 2024) dispuso el pago de un supuesto hidrolavado del edificio por $ 115.400 que se le pagaron a Javier Gutiérrez, quien declaró que le pidió trabajo al blanco y que presentó una factura de la empresa Ramón Sosa para cobrar. Además, el propio Infante presentó un audio en el que Sánchez le pedía agilizar el pago de una factura de $168.000, también a nombre de Ramón Sosa y que se depositó en la cuenta de Facundo Sánchez.
La investigación probó que en total el edil Sánchez recibió $1.307.000.
Por su parte, Ramón Sosa declaró que conoce a Sánchez de San Carlos, que tiene un servicio de reposeras en la playa y el edil tenía un quiosco pero jamás trabajó en la junta y sostuvo que el político le pidió unas facturas en blanco "para cobrar unos trabajos".
Vaz, en su día, hizo especial hincapié durante su relato en que se violaron las normas de la administración pública al no realizarse llamado a precios, en no hacer ningún expediente por las obras, en no publicitarlas sino en realizar compras directas lo que –a su juicio– era un fraccionamiento irregular del gasto.
