Los pasajeros son más tajantes: “Nos quiso matar a todos”, declaró una víctima a la prensa. “Se quería matar”, alegó otra.
De las 17 personas que viajaban en el ómnibus, seis resultaron heridas de gravedad, incluido el conductor. Una de las víctimas, llamada Karina Dafonte (55 años), murió días después en el hospital.
Los acuerdos con “tope”
Cutcsa reconoció su responsabilidad en el accidente y realizó acuerdos –o está en vías de concretarlo– con todas las víctimas que accedieron.
"Lamentamos muchísimo lo ocurrido. Respetamos muchísimo a todas las personas y las familias que sufrieron por ello. Cutcsa hizo lo que normalmente ha hecho en toda su historia, que es tratar de reparar desde el punto de vista económico con el 99% de la gente que tuvo el problema y se presentó a Cutcsa", dijo Salgado el martes a la prensa.
La compensación económica varió de acuerdo a cada negociación, a las heridas sufridas y siempre bajo un "tope". Para el abogado de cerca de la mitad de las víctimas, Rafael Silva, nadie recibe más dinero que el viudo de Dafonte.
Él percibió cerca de US$ 28.000. Según informó El País, el pasajero que recibió menos dinero aceptó unos US$ 1.500.
Las que no acordaron
Al menos cuatro personas decidieron –al momento– no aceptar un trato con la empresa de transporte. Ellas son Ana, Daniela y Silvia y Graciela.
Algunas han tenido acercamientos con la compañía, pero no han aceptado la oferta. Silvia, por ejemplo, dijo a El Observador que tendrá una audiencia el 20 de noviembre donde le presentarán la última oferta. Si no le conforma irá a juicio. Ella sufrió fractura de tibia y sigue en tratamientos: en enero volverá a ser operada. Su pierna derecha "no está soportando la chapa y ocho tornillos" que le pusieron en primera instancia. Hasta el momento la oferta ha sido "muy baja para todo lo que pasó".
El caso de Daniela es distinto. "Nuestra intención es continuar el proceso, no llegar a un acuerdo. No queremos ceder a las presiones. Que lleve el tiempo que sea, pero que se haga justicia. Queremos saber la verdad: ¿qué pasó?", dijo a El Observador Diego Moreno, su abogado.
El profesional pide que se investigue penalmente al chofer por homicidio en grado de tentativa y atentado. "Así como murió uno, pudieron morir 16".
Daniela fue una de las víctimas que estuvo más grave. Tuvo una cirugía de columna por fractura de la vértebra T12. Le pusieron dos fijadores con 10 tornillos. Arrastra una pierna y la están estudiando porque empezó con mareos. “Voy caminando y se me mueve todo, me viene un calor y un cosquilleo en los miembros”, narró a El Observador.
También llora todos los días y cada semana revive la escena y siente que va a gran velocidad y se cae. Estuvo ocho meses sin trabajar en la clínica de salud donde se desempeña.
Hace 15 días “desbloqueó” un recuerdo. Nunca había entendido como, esa mañana, su celular había quedado en manos de una persona que se comunicó con su familia para informar lo ocurrido. Ahora lo recordó: en medio del viaje descontrolado por Avenida Brasil, intentó sacar su celular para "despedirse de sus hijos y decirles que los amaba". Su preocupación era como despedirse de su madre, que no tiene celular. Lógicamente no pudo escribir nada, pues el celular "salió volando". En el piso fue encontrado por personas que, con el ómnibus ya en la playa, se acercaron a ayudar.
Dice que han visto al chofer caminar por Pocitos. Se indigna y lamenta que no consiguieron el dinero para colocar un pasacalle en el lugar del accidente, como habían planeado. "Acá hace un año ocurrió un atentado. Las víctimas todavía siguen esperando respuesta", iba a decir.
Una pericia “para salvar” al chofer
La pericia psicológica realizada al chofer generó indignación entre las víctimas.
Antonio se durmió y, al despertar, no logró estar en estado de vigilia, aseguraron los peritos forenses Gabriel Barreira y Álvaro Trindade. “Nadie lo vio dormirse, todos lo vimos muy despierto”, respondieron los pasajeros. El video de la cámara de seguridad de la unidad lo mostró moviendo las manos, con aparente control del vehículo.
El abogado Moreno contó que Cutcsa realizó una segunda pericia de manera privada y "salió que el chofer tuvo un foco de epilepsia". Esto no tiene valor probatorio, dado que la pericia relevante para la investigación es la mencionada del Instituto Técnico Forense.
"(Los peritos) lo quisieron salvar y lograron el objetivo, al menos hasta ahora", cuestionó el abogado Gumer Pérez en entrevista con El Observador. Pérez representó a Sandro Méndez, otra de las víctimas, de 38 años.
Pérez asegura que en la filmación “completa, desde que sale en la planta Añón –donde están los ómnibus de Cutcsa, en la Avenida José Pedro Varela– hasta que se mete en la playa hizo todo un recorrido con anormalidades, cruzaba en roja, no paraba en las paradas o paraba a mitad de calle”.
Su defendido -que viajaba al lado de Daniela, su compañera de trabajo- “casi queda paralítico” al fracturarse la cuarta y quinta vértebra dorsal. Fue intervenido y le colocaron una placa de titanio en la columna. Sus secuelas son mentales. El psicólogo le diagnosticó estrés postraumático. "Le agarró pánico a los ómnibus. Durante mucho tiempo no se pudo volver a tomar ómnibus e iba a todos lados en bicicleta", dijo Pérez.
Trabas en el Estado
Todos los abogados defensores consultados coinciden en criticar la actuación del fiscal Leonardo Morales, que tuvo el caso en primera instancia, hasta que se jubiló y asumió Sandra Fleitas. Pérez, Moreno y Silva contaron que pidieron decenas de acciones investigativas que no fueron diligenciadas.
“Morales paró la investigación”, sintetizó Pérez. "Como se cumple un año de la causa solicitamos ingreso al expediente y no hay demasiados avances. No hay prueba diligenciada, ni siquiera de la pedida por Gumer Pérez –que no está más en la causa hace meses–", añadió Moreno.
"Se ve una lentitud en el sistema que no se ve en otros casos, pero no podemos alegar intencionalidad", dijo Moreno.
Silva cuestionó que la fiscalía en lugar “de abrir la puerta para dar mayor transparencia”, tan solo “dejó una rendija para la víctima”.
También tiene críticas para otros organismos estatales que "no colaboran", como la Intendencia de Montevideo, a la que le pidieron que envíe las certificaciones médicas del chofer. "Resulta que el chofer tenía 200 patologías. ¿Cómo podía estar manejando un ómnibus? Nunca mandó nada la intendencia", criticó.
Pérez cuestionó que distintos organismos "no contestaban los oficios" o "demoraban en contestar y no contestaban lo que se pedía".
Cuando la fiscal Sandra Fleitas tomó el caso, auspició la concreción de acuerdos económicos, aunque “sin forzarlos”, dijo Pérez.
“Fue clarita. Hubo un mensaje y lo entendí”, dijo Silva. Sus clientes aceptaron el acuerdo ante un Estado poco colaborativo y un “juicio duro, escabroso, de años”, por delante.
El Observador intentó contactar a la fiscal Fleitas para esta nota pero no obtuvo respuesta.
