La Facultad de Odontología de la Universidad de la República (Udelar) inició un sumario administrativo contra un profesor por ingresar armado al centro educativo y lo separó del cargo por seis meses con la retención de la mitad de su salario de forma preventiva, confirmó El Observador.
El Consejo de la Facultad de Odontología inició el sumario contra el docente a fines de junio, luego de que este ingresara al centro con un arma de fuego, en condiciones que permanecen en reserva por las autoridades.
Como medida preventiva, y mientras avanzan en la investigación interna, los integrantes del consejo separaron del cargo por seis meses al profesional, plazo por el que también se le retendrá la mitad de su salario. Se trata de la máxima sanción cautelar que puede imponer la Udelar.
El implicado presentó un recurso jerárquico para revocar la resolución que inició el sumario en su contra. Según consta en un documento al que accedió El Observador, el educador alegó que la medida cautelar es un "adelanto" de la sanción, a la que calificó de "irrazonable, inmotivada y desproporcionada", y que además "afecta su derecho al trabajo".
Además, marcó que la decisión "fue tomada sin tomar en consideración su versión de los hechos".
El Consejo Directivo Central de la Udelar desestimó el recurso presentado por el profesor y mantuvo en todos sus términos la resolución.
En primer lugar, el Consejo recordó que un sumario administrativo se impone cuando se deben "investigar los hechos irregulares que fueron denunciados, e imputados al recurrente", y que en dicho procedimiento el docente "tendrá oportunidad de articular su defensa de la manera que estime pertinente".
Luego, marcó que "en vista del tenor de la conducta atribuida, esto es, el ingreso a la Facultad de Odontología con un arma de fuego, la medida cautelar de suspensión preventiva resulta lógica, razonable y adecuada".
Desde la directiva de la Udelar entienden que existe "una clara y suficiente motivación" para dictaminar las medidas preventivas contra el docente, y recordaron que estas tienen "naturaleza cautelar y no punitiva, como pretende el recurrente".
