En Uruguay hay un consenso político: al cumplir los tres años de vida, todo niño debe asistir a un centro enseñanza. Por eso Robert Silva, el expresidente del Codicen devenido en senador por la oposición, presenta este miércoles un proyecto de ley que extiende la obligatoriedad de la educación desde los tres años (hasta ahora es a partir de los cuatro). Y la propuesta es vista “con buenos ojos” por las nuevas autoridades del Frente Amplio.
Es una apuesta que Uruguay intenta desde la última ley de Educación, bajo el rótulo menos coercitivo de “tender a la universalización de la enseñanza desde los tres años”. ¿El problema? Si bien el país mejoró el porcentaje de inscripción a esa edad, pasando del 54% al 80% en poco más de una década, sigue sin alcanzar esa universalización.
La evidencia —la que surge de la pruebas estandarizadas— muestra que los niños que comienzan a asistir antes a un centro educativo (sin importar si se trata de un CAIF, un jardín público o privado), tienen mejores desempeños.
“La asistencia a centros educativos, más allá de las mejoras a nivel cognitivo, favorece el desarrollo socioemocional y motor de los niños”, agregó el psicólogo Vásquez, uno de diseñadores del Inventario de Desarrollo Infantil.
Y la futura directora de Primaria, Gabriela Salsamendi, sumó un tercer argumento educativo para la extensión de la educación desde los tres años: “Los centros educativos, que no necesariamente son la escuela a esa edad, son una garantía para la matriz de protección”. ¿Qué significa? Es allí, bajo la mirada atenta de una maestra o un técnico, donde se toma conocimiento si el niño está siendo violentado, si está bien higienizado, si come correctamente, si es feliz.
A su vez, la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud (Endis) reveló que la asistencia a un centro educativo en la primera infancia termina siendo clave para el reparto de los cuidados y alentar a que madres y padres puedan trabajar de manera remunerada.
El dato no es menor si se tiene en cuenta que en Uruguay nacen cada vez menos niños. Según las cifras preliminares del Ministerio de Salud, el último año el país registró 29.893 nacidos vivos. Significa que cada mujer en edad de ser mamá tiene, en promedio, 1,18 hijos. Es una de las cinco tasas globales de fecundidad más bajas del mundo.
En su exposición de motivos, el senador Silva cita al premio Nobel de Economía, James Heckman, quien concluyó: invertir en la educación para la primera infancia es una política estatal eficaz para el crecimiento económico, ya que el retorno financiero de cada peso invertido es de los más altos. Más aún, afirma que invertir en la educación en la primera infancia es la mejor estrategia contra el crimen, y una herramienta efectiva para lograr cambios capaces de sacar a la gente de la pobreza.
Toda esta batería de argumentos a favor —muchos de los cuales integran la motivación del proyecto de Silva— se enfrenta a tres desafíos: ¿cómo convencer a los padres de los beneficios de la escolarización temprana? ¿La escuela dependiente de ANEP es el mejor formato para los niños de esa edad? ¿Cómo garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad?
La "nueva" escuela obligatoria
“Mi hijo es muy chiquito” y “prefiero que sea cuidado en casa”. Esas son las dos razones más repetidas por las cuales algunos padres deciden no enviar a sus hijos más pequeños a un centro educativo. Son motivos que pesan mucho más que el “temor a que se enferme”, la “falta de oferta pública”, la “distancia” o “la compatibilidad de los horarios”. Así lo concluye la encuesta Endis.
Detrás de ese pensamiento persiste, según había revelado Unicef hace más de 10 años, una cultura de que “la educación inicial no es tan importante” o que “es una simple guardería”.
Entonces, ¿cómo se convence al adulto responsable? En la educación formal obligatoria parte del método de coerción son las contraprestaciones: el cobro de asignaciones familiares. Pero existe un debate sobre el verdadero efecto de la medida y sobre cómo la interrupción de las trasferencias afecta más al niño que aquello que logra disuadir.
Los defensores de la obligatoriedad sostienen que, más allá de las medidas de fiscalización y coerción, el solo hecho de que el servicio sea obligatorio ya implica un cambio cultural y de recursos a disposición. El futuro presidente del Codicen, Pablo Caggiani, coincide.
La futura directora de Primaria, Salsamendi, tiene un matiz: la obligatoriedad de la asistencia tiene que ser a un centro educativo y no necesariamente al formato de escuela de ANEP. Lo dice por una razón logística (Primaria no cuenta con el dinero suficiente para una ampliación masiva de la oferta), y por una razón pedagógica (hay niños que a esa edad requieren un trabajo más integrado entre psicopedagogos, psicomotricistas y no solo la figura del maestro clásico).
"El alumno, en todo su proceso educativo, es una continuidad que avanza desde la clase jardinera hasta el fin del liceo. Este proceso, sin embargo, está hoy fraccionado como si fueran dos trozos de carretera unidos por un puente roto”. El maestro Julio Castro —detenido y desaparecido por la dictadura— advertía en 1949 con estas palabras sobre un problema que, siete décadas después, Uruguay no logró reparar. Cuando un estudiante acaba la escuela y pasa al liceo, tiene que dar un salto entre dos mundos muy distintos.
Ahora, con la extensión de la educación a la primera infancia, está habiendo un segundo puente roto. Así lo entiende la catedrática de Psiquiatría Pediátrica, Gabriela Garrido, quien menciona que a muchos niños les está siendo dificultoso el pasaje de un formato multidisciplinario como el CAIF a la educación inicial clásica de ANEP.
En Uruguay se fundó el primer jardín de infantes de la región, el plan CAIF y ahora, dice Silva, el país tiene que ser vanguardia en la extensión de la obligatoriedad desde los tres años (como lo fue Francia en Europa). De aprobarse el proyecto, la obligatoriedad entra en vigencia el 1 de enero.
