El caso de explotación sexual en contra del exsenador blanco Gustavo Penadés tuvo un nuevo capítulo el miércoles, cuando se celebró una audiencia dirigida por la jueza Marcela Vargas.
La cita judicial se dio, en principio, a pedido de la defensa de Penadés encabezada por Homero Guerrero y Laura Robatto. Los abogados solicitaron acceder al contenido de los celulares de una de las víctimas del caso, Romina Celeste Papasso, y Paula Díaz –la mujer trans que denunció a Yamandú Orsi, que luego se archivó por comprobarse que era falsa–.
La fiscal de Ciudad de la Costa que investigó la denuncia falsa contra Orsi, Sandra Fleitas, elevó a la Fiscalía de Corte una serie de informes que daban cuenta de que el contenido de los celulares de Díaz y Papasso podía ser de interés para el caso Penadés.
El Ministerio Público dio esos informes a la dependencia de Alicia Ghione, quien se encuentra certificada y es subrogada por Isabel Iturralde. Ghione introdujo estos documentos al expediente y los declaró bajo reserva, que venció sobre julio.
Iturralde, por su parte, mantuvo esta medida y en la audiencia del miércoles Vargas ordenó a la Fiscalía a que habilite el contenido. De igual forma, en la negociación, las partes acordaron que serían solo los mensajes de WhatsApp durante 2023 entre Papasso y Díaz, sumado a las de las otras víctimas que se tienen identificados los teléfonos.
Soledad Suárez, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, se opuso al decir que esos mensajes son inutilizables porque forman parte de conversaciones privadas entre las víctimas.
Robatto y Guerrero, por su parte, entienden que dichos informes colaboran con su teoría del caso sobre que la causa es llevada adelante por un grupo de denunciantes –entre los que está Jonathan Mastropierro– que se conocen y buscan recibir un beneficio económico, el que está legislado por el Código Penal.
En dichos informes, que hizo la Policía para la fiscalía de Fleitas, se demuestra que Papasso se contactó con dos de las víctimas, quienes reconocen ante la Fiscalía que el intercambio de mensajes existió.
Una nueva imputación
Vargas, además de ordenar a la Fiscalía a dar acceso al contenido a la defensa de Penadés, concedió el pedido de imputación por un delito de violencia privada en contra del exsenador blanco.
El hecho por el que ahora se acusa de un nuevo ilícito a Penadés se remonta a 2014, en Punta del Este, cuando el blanco ya era senador de la República. Un efectivo policial, que declaró al comienzo de la causa como testigo, narró que caminaba por una calle cuando apareció el exsenador en un auto y comenzó a masturbarse. Luego le ofreció tener relaciones sexuales por dinero al preguntarle: “¿Querés ganarte unos pesos?”, según las palabras del funcionario.
El policía, que no era menor de edad y estaba uniformado porque realizaba tareas de patrullaje en soledad, le dijo que se retirara. La defensa de Penadés aseguró que su defendido se fue y el efectivo pidió apoyo cuando vio que el auto dio otra vuelta por las inmediaciones en las que él estaba.
Sobre esto, Penadés dio su versión en la audiencia ante la jueza Vargas y reconoció que estuvo en ese episodio, en enero de 2014. “Nunca hablé (públicamente) del tema, porque nunca hablé de mi condición”, indicó el exsenador en la audiencia, según pudo reconstruir El Observador.
“Ya no es secreto para nadie mi condición”, añadió para argumentar de por qué había pedido la palabra en la audiencia. También rememoró que fue un hecho “traumático” en su vida por el que decidió hacer “terapia”.
En la declaración del policía, se asegura que el por entonces senador le dijo que tenía fueros parlamentarios, por lo que no prosperaría ninguna acción penal en su contra. Los abogados del consultorio de la Udelar argumentaron que eso demuestra cómo el por entonces senador ya hacía valer su poder para ejercerlo sobre las víctimas.
Sobre la denuncia que hizo el efectivo, los abogados del consultorio añadieron que existen “sospechas” de que Penadés usó sus contactos a nivel políticos para comunicarse con jerarcas policiales de la Jefatura de Maldonado y preguntarles si estaba “siendo investigado”.
Robatto y Guerrero, por su parte, contradijeron los argumentos de la Fiscalía y de los defensores de las víctimas. En primera instancia, consideraron que la figura de violencia privada para el hecho narrado no se aplicaba, que si bien podría ser “acoso callejero” pero esto no existe en el Código Penal.
