¿A quién le importa el estado de derecho?

El concepto del estado de derecho, fundamento de la institucionalidad republicana y de las libertades y garantías individuales, fue construido laboriosamente contra las monarquías a lo largo de los siglos pero ahora está siendo erosionado ubi et orbi, incluso bajo regímenes con formalidades democráticas.

América Latina es uno de los continentes donde las instituciones sufren mayor acoso por parte de autócratas o de sectores políticos que encuentran en la separación de poderes y en la independencia judicial una muralla para imponer sus visiones ideológicas populistas o su afán de eternizarse en el poder.

Uruguay es un país que, en el conjunto de América Latina, sobresale por su respeto al estado de derecho junto con Chile y Costa Rica. Pero, de un tiempo a esta parte, la defensa de las instituciones propias de una república parece ir decayendo.

Un botón de muestra muy importante de ello es el nefasto artículo 15 del proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. En su redacción original dicho artículo establecía que el Poder Ejecutivo podría quedar eximido de los plazos de pagos en sentencias judiciales, laudos arbitrales y demandas contra el Estado y decidir no pagar dichas resoluciones judiciales en caso de que "ello afecte la atención de los servicios a su cargo", lo cual obviamente siempre ocurrirá porque el Ejecutivo puede decir que tiene que destinar más recursos a importantes rubros como seguridad, salud y educación. De este modo, las sentencias contra el Estado se convertirían en algo de cumplimiento voluntario: si tiene ganas, cumplirá y si no, no.

Ese artículo, notoriamente inconstitucional y extremadamente dañino de la arquitectura de pesos y contrapesos que caracteriza a una república, fue duramente criticado y pareció por un momento destinado a naufragar. No contaba incluso con apoyo total de la bancada oficialista en diputados. Pero de golpe resucitó, aunque con algunos cambios, cuando el diputado colorado Fernando Amado se reunió con el presidente Tabaré Vázquez y acordó dar su voto para completar los 50 votos necesarios para que este artículo se aprobara en Diputados. Amado exigió un aditivo que establece un plazo para el pago que deberá recaer en la próxima Rendición de Cuentas y que se aplique a sentencias mayores de 75 millones de unidades indexadas (US $ 10 millones). Eso fue lo que finalmente se votó, aunque destacados constitucionalistas sostienen que el aditivo no disminuye la inconstitucionalidad de la disposición. Eso sí, será igualmente difícil cobrarle al Estado una sentencia firme mayor a US$ 10 millones.

Nunca se supo si el artículo 15 en su forma original tenía el apoyo del presidente Vázquez. Pero a raíz del acuerdo con Amado nos enteramos que el presidente sí defendía el artículo en su forma original, aunque hacía trizas la separación de poderes. Y supimos que la razón por la que el presidente apoyaba esa norma era para "blindar al próximo gobierno" de un juicio arbitral que inició la minera Aratirí y de otro que inició ante el Ciadi del Banco Mundial una compañía telefónica a la que en 2011 se le revocó un permiso para operar en servicios de banda ancha otorgado en el 2000.

Tanta prudencia y previsión del actual gobierno ante juicios que llevarán años en laudarse llaman poderosamente la atención. Y no hace más que confirmar la suposición de que ese artículo tiene como objetivo primario no pagar el aumento debido a los funcionarios judiciales, juicio ya con sentencia firme por unos US$ 50 millones y no eventual como los dos casos lejanos que tanto preocupan a Vázquez.

Llamó también la atención que el diputado Amado acompañara este artículo. Si bien se mejoró la pésima redacción original, no se le quitó la raíz de inconstitucionalidad que posee. Amado declaró que quiere evitar que "se tiren granadas de fragmentación en la economía", en referencia a sentencias judiciales contra el Estado. Pero la eventual aparición de hechos no previstos en la ejecución presupuestal no implica un daño a la economía. Primero, porque en la Rendición hay un rubro llamado "refuerzo de gastos" dotado de US$ 400 millones para hacer frente a imprevistos. Y segundo, porque si hay un daño, este proviene, más bien, del persistente aumento del gasto público, que año a año viene asfixiando la economía y obligando al incremento de impuestos o a recurrir al mayor endeudamiento.

En el fondo, uno se pregunta cuál es el futuro de Uruguay como "república " si disposiciones tan nefastas como estas tienen apoyo general del presidente, del MEF y del partido de gobierno y, además, encuentran ocasionales apoyos extrapartidarios. Porque es preciso tener claro que solo habrá prosperidad, equidad y progreso si respetamos el estado de derecho y la separación de poderes. De lo contrario, iremos por el camino de regímenes autocráticos y corruptos de América Latina, que no logran salir del estancamiento pese a contar con valiosos recursos materiales.